Mauricio Merino / El Universal
Parece una broma, pero es cierto: el próximo domingo 24 de octubre habrá elecciones en la ciudad de México. Se elegirá a los comités ciudadanos de 1 mil 775 colonias y de 40 pueblos originarios de la capital del país, de entre 8 mil 838 fórmulas registradas ante el Instituto Electoral del DF. Se sabe muy poco de este proceso, al que casi nadie le ha prestado atención y que parece que a nadie le importa. De hecho, sería un milagro que la elección convocara siquiera a una tercera parte de los casi 7 millones y medio de electores posibles. Así que esos comités de vecinos —el mascarón de proa de la participación ciudadana no partidista— nacerán con muy poca legitimidad.
Pero que a nadie parezca importarle no quiere decir que no importen. Según la Ley de Participación Ciudadana del DF, los integrantes de esos comités —electos por un periodo de tres años— podrán convocar asambleas en cada manzana para que la gente elija representantes en cada una de ellas, y sus coordinadores formarán parte, a su vez, de los consejos ciudadanos delegacionales. Ante estos últimos, los jefes delegacionales habrán de presentar personalmente informes trimestrales sobre el cumplimiento de las tareas y los programas de gobierno en curso (en marzo, junio, octubre y diciembre), mientras que la asamblea podrá llamar a comparecer a cualquier funcionario de la delegación y opinar sobre su desempeño, sus proyectos e incluso sobre sus presupuestos.
Además, animados por la idea del presupuesto participativo —cuyo principal ejemplo nació en Porto Alegre, Brasil, y que ya tiene varios antecedentes en la ciudad de México—, los legisladores de la capital establecieron la obligación de otorgarle entre el 1% y el 3% de los presupuestos anuales de la ciudad a las decisiones que tomen los consejos de ciudadanos. Literalmente: “el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales deberán incluir en sus proyectos y anteproyectos anuales de presupuesto de egresos (…) las propuestas de montos de recursos y rubros respecto de los cuales las asambleas ciudadanas decidirán sobre su aplicación”. Y, por lo demás, causa un cierto escalofrío leer que “las resoluciones de las asambleas ciudadanas —según el artículo 86 de la ley— serán de carácter obligatorio para los comités ciudadanos y para los vecinos de la colonia que corresponda”.
A partir de enero del 2011, esos comités ciudadanos electos como en sigilo saltarán a la escena pública investidos de la autoridad que les otorga la ley y asumiendo la representación legal de todos los vecinos de la ciudad. Si hoy nos pasan inadvertidos, mañana serán grupos de militantes que servirán como pie de apoyo para las decisiones y las movilizaciones que quieran emprender los delegados. Tendrán locales visibles, apoyos administrativos y presupuestos propios para operar libremente. Y nadie podrá llamarse a agravio, pues, aunque sea con los tres votos de sus parientes, esos nuevos representantes de la voluntad ciudadana habrán sido el producto de los comicios celebrados el domingo siguiente.
Ciudadanos que además invocarán —yo supongo— su carácter neutral y ajeno a los partidos, pues durante las campañas electorales que se supone que están en curso se habrán abstenido, tal como lo ordena la ley, de “hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos políticos, así como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de servidores o programas públicos y locales, así como emular siglas, lemas o frases utilizadas por cualquier poder y nivel de gobierno”. Para ser más precisos, su propaganda se estaría distribuyendo ahora “en trípticos y materiales análogos (cuyo) contenido será en blanco y negro identificando el número respectivo de fórmula, la propuesta y los perfiles de los integrantes, así como una leyenda que promueva la participación ciudadana en la elección de los comités ciudadanos”. Y por si no fuera claro: “la propaganda únicamente podrá circularse de mano en mano entre los ciudadanos”.
Prohibida toda intervención de los partidos políticos, hemos de suponer que tampoco los delegados han tenido deseos de influir en las elecciones de quienes vigilarán su trabajo y estarán dotados de autoridad para llamarlos a cuentas en público. Hemos de creer que los candidatos que aparecerán en las boletas de este domingo son tan equidistantes de los partidos como quisiéramos que fueran los consejeros electorales del IFE y que, aunque el domingo no salga a votar más que un puñado de gente, los integrantes de los futuros comités ciudadanos —mitad hombres y mitad mujeres, para mayor honor democrático— actuarán de manera impecable. Todo eso aunque casi nadie lo sepa y por puro imperativo legal. Que viva la participación ciudadana.
Profesor investigador del CIDE
Parece una broma, pero es cierto: el próximo domingo 24 de octubre habrá elecciones en la ciudad de México. Se elegirá a los comités ciudadanos de 1 mil 775 colonias y de 40 pueblos originarios de la capital del país, de entre 8 mil 838 fórmulas registradas ante el Instituto Electoral del DF. Se sabe muy poco de este proceso, al que casi nadie le ha prestado atención y que parece que a nadie le importa. De hecho, sería un milagro que la elección convocara siquiera a una tercera parte de los casi 7 millones y medio de electores posibles. Así que esos comités de vecinos —el mascarón de proa de la participación ciudadana no partidista— nacerán con muy poca legitimidad.
Pero que a nadie parezca importarle no quiere decir que no importen. Según la Ley de Participación Ciudadana del DF, los integrantes de esos comités —electos por un periodo de tres años— podrán convocar asambleas en cada manzana para que la gente elija representantes en cada una de ellas, y sus coordinadores formarán parte, a su vez, de los consejos ciudadanos delegacionales. Ante estos últimos, los jefes delegacionales habrán de presentar personalmente informes trimestrales sobre el cumplimiento de las tareas y los programas de gobierno en curso (en marzo, junio, octubre y diciembre), mientras que la asamblea podrá llamar a comparecer a cualquier funcionario de la delegación y opinar sobre su desempeño, sus proyectos e incluso sobre sus presupuestos.
Además, animados por la idea del presupuesto participativo —cuyo principal ejemplo nació en Porto Alegre, Brasil, y que ya tiene varios antecedentes en la ciudad de México—, los legisladores de la capital establecieron la obligación de otorgarle entre el 1% y el 3% de los presupuestos anuales de la ciudad a las decisiones que tomen los consejos de ciudadanos. Literalmente: “el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales deberán incluir en sus proyectos y anteproyectos anuales de presupuesto de egresos (…) las propuestas de montos de recursos y rubros respecto de los cuales las asambleas ciudadanas decidirán sobre su aplicación”. Y, por lo demás, causa un cierto escalofrío leer que “las resoluciones de las asambleas ciudadanas —según el artículo 86 de la ley— serán de carácter obligatorio para los comités ciudadanos y para los vecinos de la colonia que corresponda”.
A partir de enero del 2011, esos comités ciudadanos electos como en sigilo saltarán a la escena pública investidos de la autoridad que les otorga la ley y asumiendo la representación legal de todos los vecinos de la ciudad. Si hoy nos pasan inadvertidos, mañana serán grupos de militantes que servirán como pie de apoyo para las decisiones y las movilizaciones que quieran emprender los delegados. Tendrán locales visibles, apoyos administrativos y presupuestos propios para operar libremente. Y nadie podrá llamarse a agravio, pues, aunque sea con los tres votos de sus parientes, esos nuevos representantes de la voluntad ciudadana habrán sido el producto de los comicios celebrados el domingo siguiente.
Ciudadanos que además invocarán —yo supongo— su carácter neutral y ajeno a los partidos, pues durante las campañas electorales que se supone que están en curso se habrán abstenido, tal como lo ordena la ley, de “hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos políticos, así como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de servidores o programas públicos y locales, así como emular siglas, lemas o frases utilizadas por cualquier poder y nivel de gobierno”. Para ser más precisos, su propaganda se estaría distribuyendo ahora “en trípticos y materiales análogos (cuyo) contenido será en blanco y negro identificando el número respectivo de fórmula, la propuesta y los perfiles de los integrantes, así como una leyenda que promueva la participación ciudadana en la elección de los comités ciudadanos”. Y por si no fuera claro: “la propaganda únicamente podrá circularse de mano en mano entre los ciudadanos”.
Prohibida toda intervención de los partidos políticos, hemos de suponer que tampoco los delegados han tenido deseos de influir en las elecciones de quienes vigilarán su trabajo y estarán dotados de autoridad para llamarlos a cuentas en público. Hemos de creer que los candidatos que aparecerán en las boletas de este domingo son tan equidistantes de los partidos como quisiéramos que fueran los consejeros electorales del IFE y que, aunque el domingo no salga a votar más que un puñado de gente, los integrantes de los futuros comités ciudadanos —mitad hombres y mitad mujeres, para mayor honor democrático— actuarán de manera impecable. Todo eso aunque casi nadie lo sepa y por puro imperativo legal. Que viva la participación ciudadana.
Profesor investigador del CIDE
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