XAVIER VIDAL-FOLCH / EL PAÍS
Hace un mes, en el monasterio de Sant Benet de Bages, Felipe González advertía a un selecto grupo de empresarios reunidos por Esade: "Llevamos en la Unión Europea demasiado tiempo distraídos: impidamos que nos toquen más los Tratados, porque, visto lo visto, cualquiera bloqueará su reforma". Tenía más razón que un santo. ¿Otra reforma, apenas aplicada la anterior? ¿Otros referendos irlandeses, otros chantajes checos, otras siestas institucionales? ¡Qué frivolidad, qué cansancio, qué pérdida de tiempo, qué endogamia, qué invitación a la parálisis!
Pero Berlín y París no lo ven así. Creen que pueden imponer una reforma corta (no las hay: las simplificadas también deben ganar votaciones) para ampliar el Pacto de Estabilidad del euro. La cumbre de la UE que empieza hoy bendecirá, o no, sus nuevas sanciones económicas: ningún problema más allá de su credibilidad, pues al no ser automáticas, nadie creerá que un día puedan aplicarse a Francia y Alemania, como no se les aplicaron las anteriores cuando incumplieron el diktat de la austeridad en 2003-2005.
Y examinará la propuesta franco-alemana de reformar el Tratado para convertir en permanente el fondo de rescate a países ahogados por su crisis de deuda soberana aprobado en mayo (750.000 millones de euros): un verdadero Fondo Monetario Europeo (FME). Novedad fantástica, extraordinaria. También discutirá la cumbre sobre la sanción a los incumplidores de los criterios de Maastricht de retirarles el derecho al voto, algo más discutible, porque lo propio es que a un incumplimiento económico se le aplique un castigo financiero y no político.
¿Se necesita reformar el Tratado para estas dos medidas? Sí para la retirada del voto por motivos financieros. Pero es un sarcasmo que lo proponga Francia, a quien en puridad debería haberse castigado ya por atentar al "respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías" (artículo 2, TUE) retirándole el derecho a voto como prevé el artículo 7 para estos casos de naturaleza política, por "riesgo claro de violación grave" de los "valores" democráticos. De forma que reformar el Tratado para preservar un valor importante pero menor, como la ortodoxia presupuestaria, es una frivolidad y una pérdida de tiempo.
Pero no se necesita para crear un FME. Ya antes de crear en mayo su precedente, el fondo de rescate temporal -por tres años-, Angela Merkel alegaba que sin modificar el Tratado era imposible, porque su Tribunal Constitucional, desde Karlsruhe, lo tumbaría. Fue posible, porque lo permite el artículo 122 (TFUE) de Lisboa. Karlsruhe ha emitido cuatro sentencias sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la UE, siempre validando los avances europeístas, aunque con retranca limitativa y nacionalista.
El 12 de octubre de 1993 avaló Maastricht mientras no "se vacíe de contenido [la soberanía] por la transferencia de funciones". El 31 de marzo de 1998 aceptó el paso a la tercera fase de la UEM, pues "no es materia para los tribunales, sino para el Parlamento". El 30 de junio de 2009 bendijo el Tratado de Lisboa porque no osaba comunitarizar, "en lo fundamental, la determinación de la clase o importe de los impuestos que afectan a los ciudadanos", y mantenía un "núcleo esencial" de "soberanía estatal". Y el pasado 7 de mayo aplaudía el rescate a Grecia "para no poner en peligro la unión monetaria" y porque "la carga" financiera sobre Alemania "no causaría un perjuicio fundamental al bien común". De modo que lo probable es que Karlsruhe siga en esa línea, marcando un poco el paso a Berlín, pero al cabo marchando a su paso.
Entonces, ¿por qué Angela y Nicolas se empeñan en conducirnos a un esfuerzo inútil y, quizá, aún peor, a un abismo?
Pero Berlín y París no lo ven así. Creen que pueden imponer una reforma corta (no las hay: las simplificadas también deben ganar votaciones) para ampliar el Pacto de Estabilidad del euro. La cumbre de la UE que empieza hoy bendecirá, o no, sus nuevas sanciones económicas: ningún problema más allá de su credibilidad, pues al no ser automáticas, nadie creerá que un día puedan aplicarse a Francia y Alemania, como no se les aplicaron las anteriores cuando incumplieron el diktat de la austeridad en 2003-2005.
Y examinará la propuesta franco-alemana de reformar el Tratado para convertir en permanente el fondo de rescate a países ahogados por su crisis de deuda soberana aprobado en mayo (750.000 millones de euros): un verdadero Fondo Monetario Europeo (FME). Novedad fantástica, extraordinaria. También discutirá la cumbre sobre la sanción a los incumplidores de los criterios de Maastricht de retirarles el derecho al voto, algo más discutible, porque lo propio es que a un incumplimiento económico se le aplique un castigo financiero y no político.
¿Se necesita reformar el Tratado para estas dos medidas? Sí para la retirada del voto por motivos financieros. Pero es un sarcasmo que lo proponga Francia, a quien en puridad debería haberse castigado ya por atentar al "respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías" (artículo 2, TUE) retirándole el derecho a voto como prevé el artículo 7 para estos casos de naturaleza política, por "riesgo claro de violación grave" de los "valores" democráticos. De forma que reformar el Tratado para preservar un valor importante pero menor, como la ortodoxia presupuestaria, es una frivolidad y una pérdida de tiempo.
Pero no se necesita para crear un FME. Ya antes de crear en mayo su precedente, el fondo de rescate temporal -por tres años-, Angela Merkel alegaba que sin modificar el Tratado era imposible, porque su Tribunal Constitucional, desde Karlsruhe, lo tumbaría. Fue posible, porque lo permite el artículo 122 (TFUE) de Lisboa. Karlsruhe ha emitido cuatro sentencias sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la UE, siempre validando los avances europeístas, aunque con retranca limitativa y nacionalista.
El 12 de octubre de 1993 avaló Maastricht mientras no "se vacíe de contenido [la soberanía] por la transferencia de funciones". El 31 de marzo de 1998 aceptó el paso a la tercera fase de la UEM, pues "no es materia para los tribunales, sino para el Parlamento". El 30 de junio de 2009 bendijo el Tratado de Lisboa porque no osaba comunitarizar, "en lo fundamental, la determinación de la clase o importe de los impuestos que afectan a los ciudadanos", y mantenía un "núcleo esencial" de "soberanía estatal". Y el pasado 7 de mayo aplaudía el rescate a Grecia "para no poner en peligro la unión monetaria" y porque "la carga" financiera sobre Alemania "no causaría un perjuicio fundamental al bien común". De modo que lo probable es que Karlsruhe siga en esa línea, marcando un poco el paso a Berlín, pero al cabo marchando a su paso.
Entonces, ¿por qué Angela y Nicolas se empeñan en conducirnos a un esfuerzo inútil y, quizá, aún peor, a un abismo?
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