J. Alberto Aguilar Iñárritu / El Universal
Los periplos legislativos de la nueva Ley de Ingresos exhiben un triunfo más del cortoplacismo y otra derrota de la responsabilidad del presente para con el futuro. Otra vez la inercia conservadora de lo que muere ha podido más que la necesidad de facilitar el parto mexicano al siglo XXI. Una vez más se renuncia a la grandeza, a la obligación de superar la modernización fallida que nos agobia y a satisfacer la necesidad de impulsar un nuevo rumbo que devuelva la paz, otorgue justicia, conduzca hacia la prosperidad compartida y nos ordene en las virtudes de una democracia social, eficaz y responsable.
Pareciera que el espíritu bicentenario dominante en nuestras élites incuba más al gatopardismo de Iturbide o al santanismo oportunista que a la comprensión de los sentimientos nacionales de Morelos o al juarismo innovador.
La cuestión fiscal es la columna vertebral del Estado, es la versión en ingresos y egresos del acuerdo político que soporta a la república; su estado de salud es un indicador de la vigencia de ese contrato. Si lo fiscal enferma, es capaz de producir el derrumbe del sistema político; su desplome es una condición sine qua non de los Estados fallidos. Su sanidad siempre descansa en la equidad y contribuye a la concordia. La historia mexicana da cuenta del derribe fiscal de estructuras políticas desde el siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y más recientemente del colapso del régimen de la Revolución en 1982. En torno a lo fiscal se detonó también la Revolución Francesa, después de años de abusos y de irresponsabilidad de las élites monárquicas.
Una vez más se ha renunciado a curar al cuerpo fiscal enfermo y se ha desaprovechado todo el potencial para propiciar el nuevo pacto de poder que le urge a México, el tercero de su historia. El pacto de poder de la modernización incluyente y por tanto efectiva que necesitamos para renacer. Un pacto que ha sido muy difícil construir en torno a temas estratégicos como la reforma del Estado, tal vez por su nivel de abstracción, pero que se vuelve muy tangible a la hora de definir quiénes contribuyen al sostén de la república, con cuánto lo hacen y en qué modalidad.
Institucionalmente, a los mexicanos siempre nos ha costado mucho subordinar el interés grupal al interés superior de la nación, por eso periódicamente la violencia ha sido la comadrona de nuestros cambios. Nuestra crónica incapacidad para cobrar impuestos es testimonio de lo primero. No obstante, hoy tenemos muchas oportunidades de demostrarnos que hemos aprendido la lección para transformarnos dentro del Estado democrático de derecho. Una de ellas es asumir un papel proactivo y denunciar que la vida artificial de la organización fiscal se agotó: Pemex ya no puede ser el placebo de sus dolencias ni la fuente de pago de privilegios fiscales, de subsidios a las ineficiencias o de detente de la fábrica de pobres en que se ha convertido nuestra economía.
Si tocar fondo implica arribar a la posibilidad de cambiar, ahora hemos llegado a esa oportunidad. Me cuesta mucho trabajo creer que quienes en 2012 aspiren a dirigir los destinos de México, pretendan tener éxito a partir de mantener los disfuncionales del status quo. Qué bueno que se aumenten los ingresos públicos, qué malo que se recauden en un teletón forzado. Qué bueno que haya más recursos para lo público, qué malo que no vayan a estimular la inversión productiva y el empleo.
Es exigible una reforma fiscal de fondo, gana-gana, que articule la laboral y de seguridad social universal, que quite a las empresas de esas cargas y determine la recuperación sustancial del salario mínimo en bien de la cohesión social y del mercado interno. Pretextos aparte, en nada ayuda apostarle sólo a la imaginería contable. Elevar la tasa de crecimiento del PIB, el precio del petróleo, el endeudamiento del gobierno federal y aplicar más IEPS a quien se descuide es recurrir a otro placebo más dañino que el anterior, para intentar calmar los sufrimientos de un enfermo terminal.
Político y escritor*
Los periplos legislativos de la nueva Ley de Ingresos exhiben un triunfo más del cortoplacismo y otra derrota de la responsabilidad del presente para con el futuro. Otra vez la inercia conservadora de lo que muere ha podido más que la necesidad de facilitar el parto mexicano al siglo XXI. Una vez más se renuncia a la grandeza, a la obligación de superar la modernización fallida que nos agobia y a satisfacer la necesidad de impulsar un nuevo rumbo que devuelva la paz, otorgue justicia, conduzca hacia la prosperidad compartida y nos ordene en las virtudes de una democracia social, eficaz y responsable.
Pareciera que el espíritu bicentenario dominante en nuestras élites incuba más al gatopardismo de Iturbide o al santanismo oportunista que a la comprensión de los sentimientos nacionales de Morelos o al juarismo innovador.
La cuestión fiscal es la columna vertebral del Estado, es la versión en ingresos y egresos del acuerdo político que soporta a la república; su estado de salud es un indicador de la vigencia de ese contrato. Si lo fiscal enferma, es capaz de producir el derrumbe del sistema político; su desplome es una condición sine qua non de los Estados fallidos. Su sanidad siempre descansa en la equidad y contribuye a la concordia. La historia mexicana da cuenta del derribe fiscal de estructuras políticas desde el siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y más recientemente del colapso del régimen de la Revolución en 1982. En torno a lo fiscal se detonó también la Revolución Francesa, después de años de abusos y de irresponsabilidad de las élites monárquicas.
Una vez más se ha renunciado a curar al cuerpo fiscal enfermo y se ha desaprovechado todo el potencial para propiciar el nuevo pacto de poder que le urge a México, el tercero de su historia. El pacto de poder de la modernización incluyente y por tanto efectiva que necesitamos para renacer. Un pacto que ha sido muy difícil construir en torno a temas estratégicos como la reforma del Estado, tal vez por su nivel de abstracción, pero que se vuelve muy tangible a la hora de definir quiénes contribuyen al sostén de la república, con cuánto lo hacen y en qué modalidad.
Institucionalmente, a los mexicanos siempre nos ha costado mucho subordinar el interés grupal al interés superior de la nación, por eso periódicamente la violencia ha sido la comadrona de nuestros cambios. Nuestra crónica incapacidad para cobrar impuestos es testimonio de lo primero. No obstante, hoy tenemos muchas oportunidades de demostrarnos que hemos aprendido la lección para transformarnos dentro del Estado democrático de derecho. Una de ellas es asumir un papel proactivo y denunciar que la vida artificial de la organización fiscal se agotó: Pemex ya no puede ser el placebo de sus dolencias ni la fuente de pago de privilegios fiscales, de subsidios a las ineficiencias o de detente de la fábrica de pobres en que se ha convertido nuestra economía.
Si tocar fondo implica arribar a la posibilidad de cambiar, ahora hemos llegado a esa oportunidad. Me cuesta mucho trabajo creer que quienes en 2012 aspiren a dirigir los destinos de México, pretendan tener éxito a partir de mantener los disfuncionales del status quo. Qué bueno que se aumenten los ingresos públicos, qué malo que se recauden en un teletón forzado. Qué bueno que haya más recursos para lo público, qué malo que no vayan a estimular la inversión productiva y el empleo.
Es exigible una reforma fiscal de fondo, gana-gana, que articule la laboral y de seguridad social universal, que quite a las empresas de esas cargas y determine la recuperación sustancial del salario mínimo en bien de la cohesión social y del mercado interno. Pretextos aparte, en nada ayuda apostarle sólo a la imaginería contable. Elevar la tasa de crecimiento del PIB, el precio del petróleo, el endeudamiento del gobierno federal y aplicar más IEPS a quien se descuide es recurrir a otro placebo más dañino que el anterior, para intentar calmar los sufrimientos de un enfermo terminal.
Político y escritor*
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