Critican ONG que no asistan funcionarios con capacidad resolutiva
Debates sobre seguridad, tribuna que “algunos convierten en show”
Escalada de violencia, muestra del fracaso de la estrategia federal antinarco
Fabiola Martínez / Periódico La Jornada
Representantes de grupos civiles que dan seguimiento a los acuerdos adoptados en los Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente Felipe Calderón advirtieron que "las estrategias de seguridad no han dado resultados", ya que los índices de violencia siguen a la alza.
Reunidos en la Secretaría de Gobernación con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, criticaron las reuniones de análisis y algunos las calificaron de "pantomima" o tribuna que algunos gobernadores convierten en show.
Explicaron que la labor de las ONG se complica porque algunas no cuentan con recursos para operar y otras exigen que a estas mesas acudan, por lo menos, procuradores y otros funcionarios con capacidad ejecutiva y resolutiva.
De lo contrario, advirtió Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, "todos estamos perdiendo el tiempo. Vamos a estar todo el día de pleito con el gobierno federal y (afuera) los problemas siguen".
Destacó que en la semana que concluye, alrededor de 75 personas murieron o fueron gravemente heridas en hechos atribuidos a la delincuencia organizada, por lo que lamentó que, pese a ello, la estrategia antinarco se limite a ser una guerra y no se concentre en el desmembramiento de bandas completas, "no sólo descabezándolas". Lamentó también que compromisos como el relacionado a mejorar el control de confianza se hayan quedado en el papel sólo como buena intención.
Para Gallo, la escalada de violencia –tanto en número como los métodos que utilizan los delincuentes– corresponden ya a prácticas de narcoterrorismo, es decir, generar terror en la población para defender los intereses de los narcotraficantes. De seguir todo igual o peor, la gente empezará a defenderse a balazos de los delincuentes.
Los integrantes de la sociedad civil se organizaron para participar en cuatro mesas temáticas, derivadas de los diálogos con Calderón. Por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, quien coordina la de revisión de unidades antiplagio, informó que en las primeras visitas "sorpresa" a estas áreas, no hallaron un marco de protección a las vícticas de los delitos ni calificación suficiente en las unidades en mención, al grado de que los policías encargados de estos operativos ni siquiera saben la estructura de las bandas que combaten ni su modus operandi.
Otros lamentaron que las organizaciones civiles no cuenten con el apoyo gubernamental –por lo menos en materia logística para desplazarse y poder participar con eficacia– o que se minimicen los programas sociales; en cambio, agregaron María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Laura Herrejón, del movimiento Pro Vecino, sólo en el discurso se presume la prevención del delito.
La molestia fue mayor cuando se presentó un reporte en el que se reconoce que sólo una pequeña parte de organizaciones es apoyada con recursos públicos.
Debates sobre seguridad, tribuna que “algunos convierten en show”
Escalada de violencia, muestra del fracaso de la estrategia federal antinarco
Fabiola Martínez / Periódico La Jornada
Representantes de grupos civiles que dan seguimiento a los acuerdos adoptados en los Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente Felipe Calderón advirtieron que "las estrategias de seguridad no han dado resultados", ya que los índices de violencia siguen a la alza.
Reunidos en la Secretaría de Gobernación con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara, criticaron las reuniones de análisis y algunos las calificaron de "pantomima" o tribuna que algunos gobernadores convierten en show.
Explicaron que la labor de las ONG se complica porque algunas no cuentan con recursos para operar y otras exigen que a estas mesas acudan, por lo menos, procuradores y otros funcionarios con capacidad ejecutiva y resolutiva.
De lo contrario, advirtió Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, "todos estamos perdiendo el tiempo. Vamos a estar todo el día de pleito con el gobierno federal y (afuera) los problemas siguen".
Destacó que en la semana que concluye, alrededor de 75 personas murieron o fueron gravemente heridas en hechos atribuidos a la delincuencia organizada, por lo que lamentó que, pese a ello, la estrategia antinarco se limite a ser una guerra y no se concentre en el desmembramiento de bandas completas, "no sólo descabezándolas". Lamentó también que compromisos como el relacionado a mejorar el control de confianza se hayan quedado en el papel sólo como buena intención.
Para Gallo, la escalada de violencia –tanto en número como los métodos que utilizan los delincuentes– corresponden ya a prácticas de narcoterrorismo, es decir, generar terror en la población para defender los intereses de los narcotraficantes. De seguir todo igual o peor, la gente empezará a defenderse a balazos de los delincuentes.
Los integrantes de la sociedad civil se organizaron para participar en cuatro mesas temáticas, derivadas de los diálogos con Calderón. Por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, quien coordina la de revisión de unidades antiplagio, informó que en las primeras visitas "sorpresa" a estas áreas, no hallaron un marco de protección a las vícticas de los delitos ni calificación suficiente en las unidades en mención, al grado de que los policías encargados de estos operativos ni siquiera saben la estructura de las bandas que combaten ni su modus operandi.
Otros lamentaron que las organizaciones civiles no cuenten con el apoyo gubernamental –por lo menos en materia logística para desplazarse y poder participar con eficacia– o que se minimicen los programas sociales; en cambio, agregaron María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Laura Herrejón, del movimiento Pro Vecino, sólo en el discurso se presume la prevención del delito.
La molestia fue mayor cuando se presentó un reporte en el que se reconoce que sólo una pequeña parte de organizaciones es apoyada con recursos públicos.
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