Mi reconocimiento al gobierno y a los empresarios chilenos, para quienes los mineros atrapados sí eran ciudadanos.
El debate que se da en México sobre la inseguridad y en torno a las políticas o medidas para combatirla se puede reducir a dos posiciones.
De un lado están quienes desde una posición punitivista-represiva consideran que los delincuentes deben ser combatidos con todo el rigor de la ley, incluso con la pena de muerte.
Ante la complejidad, el tiempo y los recursos que entraña hacer que nuestras instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia funcionen adecuadamente para poner coto a la criminalidad, este sector propone sacrificar libertades y poner en riesgo la consolidación de la democracia, escalando la militarización de la seguridad pública para detener la ola criminal.
Del otro lado están los que consideran que la extensión de las actividades criminales son resultado de la pobreza y falta de oportunidades, y que es vía el combate a estas dos deficiencias como puede cercenarse la fuente de donde emergen las actividades delictivas, pero aceptan que el Ejército es la única institución que puede hacerse cargo de la seguridad pública.
Para los primeros, el problema debe erradicarse en el plazo más inmediato y al menor costo posible (aniquilando a los delincuentes) sin reparar en los efectos políticos e institucionales de mediano y largo plazos, mientras para los segundos éste es un problema de cambio en el modelo de desarrollo que en el plano inmediato no puede resolverse.
Pero hay una tercera vía que incluye medidas de corto, medio y largo plazos. El punto de partida es un enfoque que considera la seguridad como resultante de un conjunto de condiciones económicas, sociales, urbanísticas, institucionales y culturales, que requieren ser producidas con la concurrencia de diversos sectores de política pública y bajo un modelo integral.
Para ello se requieren dos robustos brazos de encadenamientos sectoriales. De una parte, el brazo coercitivo de la ley. Esto implica fortalecer las capacidades y habilidades de las organizaciones policiales y de procuración de justicia, para prevenir e investigar los delitos abatiendo la impunidad, disuadir a los posibles delincuentes a través de la prevención situacional y reducir las oportunidades delictivas vigorizando la malla normativo-jurídica de protección al patrimonio personal o empresarial. Y, finalmente, acercar el funcionamiento de estas instituciones al escrutinio público y la participación ciudadana, mejorando el sistema de control interno, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño, etcétera.
Se trata de un proyecto para resolver la disfuncionalidad que en nuestro país tienen estas organizaciones, entre otras razones porque desde que se crean la Policía Federal y el sistema de seguridad pública, la conducción de la política no ha sido consistente con los objetivos de profesionalización, coordinación y desmilitarización, sin descontar la resistencia de sus mandos a la innovación institucional, en materias como la evaluación del desempeño individual y por corporación, el servicio civil de carrera y la participación ciudadana.
El segundo brazo busca dar carácter holístico al bien público de la seguridad. Es decir, reconocer que no son las policías ni el brazo represivo del Estado los agentes únicos para producir seguridad, o que cuando actúan sólo bajo el esquema coercitivo por delante generan justamente lo contrario.
Los pocos estudios que se han realizado en México sobre el entorno social de las entidades más victimizadas por el crimen organizado o de las zonas urbanas donde se enseñorea la delincuencia común muestran que se trata de ciudades y colonias sin viviendas o servicios urbanos dignos, aisladas o impedidas de un flujo de comunicación expedita. Los grupos sociales que participan como víctimas o victimarios de esta ecuación viven la inseguridad como condición social: sin familias, sin empleos o con empleos precarios, sin derechos y sin las habilidades necesarias para ganarse la vida, sometidos a la violencia estructural de la pobreza o la carencia de afectos. Son los parias urbanos de los que habla Louis Wacquant, para los cuales el Estado ha dejado de ser benefactor para ser carcelario.
Sobre esta vertiente —que cae en el terreno de los gobiernos locales o municipales, pero que requiere también el trabajo sectorial de otros niveles de gobierno— son esperanzadoras las experiencias donde recuperar la calidad de vida, reconstruir el espacio urbano y mejorar el acceso a servicios, a la capacitación, a la participación vecinal... abre el ángulo a la recuperación del tejido social, da confianza en las autoridades y reduce la criminalidad.
Los caminos no son fáciles, las dificultades son ciertas, las resistencias activas, pero con voluntad sostenida y acuerdos para la cooperación entre actores gubernamentales y ciudadanos se podría labrar a corto y mediano plazos una ruta que rescatará al país de este camino hacia el autoritarismo, donde nos quieren llevar grupos de interés que no quieren que nada cambie y que pretenden llevar la explotación inhumana de nuestros parias urbanos hasta el exterminio.
El debate que se da en México sobre la inseguridad y en torno a las políticas o medidas para combatirla se puede reducir a dos posiciones.
De un lado están quienes desde una posición punitivista-represiva consideran que los delincuentes deben ser combatidos con todo el rigor de la ley, incluso con la pena de muerte.
Ante la complejidad, el tiempo y los recursos que entraña hacer que nuestras instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia funcionen adecuadamente para poner coto a la criminalidad, este sector propone sacrificar libertades y poner en riesgo la consolidación de la democracia, escalando la militarización de la seguridad pública para detener la ola criminal.
Del otro lado están los que consideran que la extensión de las actividades criminales son resultado de la pobreza y falta de oportunidades, y que es vía el combate a estas dos deficiencias como puede cercenarse la fuente de donde emergen las actividades delictivas, pero aceptan que el Ejército es la única institución que puede hacerse cargo de la seguridad pública.
Para los primeros, el problema debe erradicarse en el plazo más inmediato y al menor costo posible (aniquilando a los delincuentes) sin reparar en los efectos políticos e institucionales de mediano y largo plazos, mientras para los segundos éste es un problema de cambio en el modelo de desarrollo que en el plano inmediato no puede resolverse.
Pero hay una tercera vía que incluye medidas de corto, medio y largo plazos. El punto de partida es un enfoque que considera la seguridad como resultante de un conjunto de condiciones económicas, sociales, urbanísticas, institucionales y culturales, que requieren ser producidas con la concurrencia de diversos sectores de política pública y bajo un modelo integral.
Para ello se requieren dos robustos brazos de encadenamientos sectoriales. De una parte, el brazo coercitivo de la ley. Esto implica fortalecer las capacidades y habilidades de las organizaciones policiales y de procuración de justicia, para prevenir e investigar los delitos abatiendo la impunidad, disuadir a los posibles delincuentes a través de la prevención situacional y reducir las oportunidades delictivas vigorizando la malla normativo-jurídica de protección al patrimonio personal o empresarial. Y, finalmente, acercar el funcionamiento de estas instituciones al escrutinio público y la participación ciudadana, mejorando el sistema de control interno, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño, etcétera.
Se trata de un proyecto para resolver la disfuncionalidad que en nuestro país tienen estas organizaciones, entre otras razones porque desde que se crean la Policía Federal y el sistema de seguridad pública, la conducción de la política no ha sido consistente con los objetivos de profesionalización, coordinación y desmilitarización, sin descontar la resistencia de sus mandos a la innovación institucional, en materias como la evaluación del desempeño individual y por corporación, el servicio civil de carrera y la participación ciudadana.
El segundo brazo busca dar carácter holístico al bien público de la seguridad. Es decir, reconocer que no son las policías ni el brazo represivo del Estado los agentes únicos para producir seguridad, o que cuando actúan sólo bajo el esquema coercitivo por delante generan justamente lo contrario.
Los pocos estudios que se han realizado en México sobre el entorno social de las entidades más victimizadas por el crimen organizado o de las zonas urbanas donde se enseñorea la delincuencia común muestran que se trata de ciudades y colonias sin viviendas o servicios urbanos dignos, aisladas o impedidas de un flujo de comunicación expedita. Los grupos sociales que participan como víctimas o victimarios de esta ecuación viven la inseguridad como condición social: sin familias, sin empleos o con empleos precarios, sin derechos y sin las habilidades necesarias para ganarse la vida, sometidos a la violencia estructural de la pobreza o la carencia de afectos. Son los parias urbanos de los que habla Louis Wacquant, para los cuales el Estado ha dejado de ser benefactor para ser carcelario.
Sobre esta vertiente —que cae en el terreno de los gobiernos locales o municipales, pero que requiere también el trabajo sectorial de otros niveles de gobierno— son esperanzadoras las experiencias donde recuperar la calidad de vida, reconstruir el espacio urbano y mejorar el acceso a servicios, a la capacitación, a la participación vecinal... abre el ángulo a la recuperación del tejido social, da confianza en las autoridades y reduce la criminalidad.
Los caminos no son fáciles, las dificultades son ciertas, las resistencias activas, pero con voluntad sostenida y acuerdos para la cooperación entre actores gubernamentales y ciudadanos se podría labrar a corto y mediano plazos una ruta que rescatará al país de este camino hacia el autoritarismo, donde nos quieren llevar grupos de interés que no quieren que nada cambie y que pretenden llevar la explotación inhumana de nuestros parias urbanos hasta el exterminio.
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