John Saxe-Fernández / La Jornada
El golpe de 2009 que derrocó al presidente constitucional de Honduras, operativo similar a las intentonas contra Chávez y Evo Morales, también integrantes de Alba, mostró tensiones en la ecuación civil-militar, dentro y fuera de Estados Unidos. Mientras Phillip Crowley, del Departamento de Estado (DdE), bajo instrucción de comportarse como voz de una Oficina de Colonias, le dijo al presidente Zelaya, con calculada insolencia, que "eso" le pasaba "por seguir el ejemplo venezolano" (hace poco, con igual arrogancia Estados Unidos le advirtió a Caracas y Moscú que "vigilaría" sus acuerdos nucleoeléctricos), la Casa Blanca condenó el atentado, pero se negó a calificarlo de "golpe militar", aunque consumado por oficiales adiestrados por el Comando Sur del Pentágono (DdD) en contubernio con sus contrapartes en la base de Palmerola.
Cuando el público y las naciones de la región –incluido México y UNASUR– condenaron el fallido intento golpista contra Rafael Correa de Ecuador, el DdE adoptó la política de "espera paciente" antes de remover otra "pieza" de Alba, diciendo que fue "una protesta policial por motivos económicos", igual que The Wall Street Journal, Goldman Sachs, el Council on Foreign Relations y agrupaciones varias de Ecuador, cooptadas con fondos de la CIA/NED-AID-BID/Banco Mundial).
En la operación contra Correa fue central el rol de la oligarquía y de policías adiestrados –y reclutados– por el programa "anti-drogas" de Estados Unidos: en la toma de la legislatura; del aeropuerto (con sectores de la Fuerza Aérea); y la interdicción de otros puntos clave de comunicaciones terrestres y electrónicas. James Petras (globalresearch.ca) documenta que entre 2006/2008 Estados Unidos adiestró a 931 oficiales militares y policías de Ecuador, 526 de ellos policías usados para el despliegue de una estrategia que, dice el autor, tuvo tres componentes simultáneos: a) la diplomacia, ofreciendo mejorar las relaciones Estados Unidos-Ecuador; b) la subversión, por medio de la influencia ofrecida por el financiamiento policial-militar; y c) penetrando con fondos a organizaciones en todo el espectro político.
El rechazo a la imperialización del continente, por medio del aparato institucional, público y privado del capital monopólico, se expresa en una resistencia popular y pacífica, a la militarización y para-militarización de la política exterior de EU, encaminada a revertir el refuerzo soberano y las conquistas de amplios movimientos sociales de la región. Como en Honduras, la intención con la Iniciativa Mérida, es hacerlo con represión a la usanza neo-nazi del Plan Colombia, un diseño de invasión/ocupación a base de vínculos estrechos del DdD/CIA con las contrapartes locales.
Voceros del Comando Norte (CN) –creado en 2002– corroboraron la información de la Sedena de que las fuerzas armadas de México (FAM) son adiestradas por el Pentágono: "la prioridad número uno será nuestra asociación con México" y destacan que la experiencia de Estados Unidos en contrainsurgencia y anti-terrorismo en Irak-Afganistán se transmite a las FAM quienes, según otra fuente del CN, "con apoyo de oficiales de Estados Unidos", se enfrentan a "grupos narco-paramilitares bien equipados, algunos...integrados por ex-militares o ex policías". Son nociones y rótulos que deben analizarse con cuidado de cara a denuncias como las del presidente Afgano Hamid Karzai, en el programa This Week de la ABC, sobre los operativos de "contratistas privados" –textual– "bajo patrocinio presupuestal de Estados Unidos" que operan como escuadrones de asesinato, que desestabilizan matando miles de civiles bajo cubiertas varias, como "paramilitares", "narco-terroristas" o "narco-insurgentes".
Cuando H. Clinton dijo que los cárteles mexicanos se conducen como "terroristas o grupos insurgentes", cobra peso la queja de Karzay, en especial por la asignación de 10 mil millones de dólares en el presupuesto 2011 del DdE, para "contratistas de seguridad", bajo el rubro de "resguardo de embajadas y otras instalaciones".
Cuando el público y las naciones de la región –incluido México y UNASUR– condenaron el fallido intento golpista contra Rafael Correa de Ecuador, el DdE adoptó la política de "espera paciente" antes de remover otra "pieza" de Alba, diciendo que fue "una protesta policial por motivos económicos", igual que The Wall Street Journal, Goldman Sachs, el Council on Foreign Relations y agrupaciones varias de Ecuador, cooptadas con fondos de la CIA/NED-AID-BID/Banco Mundial).
En la operación contra Correa fue central el rol de la oligarquía y de policías adiestrados –y reclutados– por el programa "anti-drogas" de Estados Unidos: en la toma de la legislatura; del aeropuerto (con sectores de la Fuerza Aérea); y la interdicción de otros puntos clave de comunicaciones terrestres y electrónicas. James Petras (globalresearch.ca) documenta que entre 2006/2008 Estados Unidos adiestró a 931 oficiales militares y policías de Ecuador, 526 de ellos policías usados para el despliegue de una estrategia que, dice el autor, tuvo tres componentes simultáneos: a) la diplomacia, ofreciendo mejorar las relaciones Estados Unidos-Ecuador; b) la subversión, por medio de la influencia ofrecida por el financiamiento policial-militar; y c) penetrando con fondos a organizaciones en todo el espectro político.
El rechazo a la imperialización del continente, por medio del aparato institucional, público y privado del capital monopólico, se expresa en una resistencia popular y pacífica, a la militarización y para-militarización de la política exterior de EU, encaminada a revertir el refuerzo soberano y las conquistas de amplios movimientos sociales de la región. Como en Honduras, la intención con la Iniciativa Mérida, es hacerlo con represión a la usanza neo-nazi del Plan Colombia, un diseño de invasión/ocupación a base de vínculos estrechos del DdD/CIA con las contrapartes locales.
Voceros del Comando Norte (CN) –creado en 2002– corroboraron la información de la Sedena de que las fuerzas armadas de México (FAM) son adiestradas por el Pentágono: "la prioridad número uno será nuestra asociación con México" y destacan que la experiencia de Estados Unidos en contrainsurgencia y anti-terrorismo en Irak-Afganistán se transmite a las FAM quienes, según otra fuente del CN, "con apoyo de oficiales de Estados Unidos", se enfrentan a "grupos narco-paramilitares bien equipados, algunos...integrados por ex-militares o ex policías". Son nociones y rótulos que deben analizarse con cuidado de cara a denuncias como las del presidente Afgano Hamid Karzai, en el programa This Week de la ABC, sobre los operativos de "contratistas privados" –textual– "bajo patrocinio presupuestal de Estados Unidos" que operan como escuadrones de asesinato, que desestabilizan matando miles de civiles bajo cubiertas varias, como "paramilitares", "narco-terroristas" o "narco-insurgentes".
Cuando H. Clinton dijo que los cárteles mexicanos se conducen como "terroristas o grupos insurgentes", cobra peso la queja de Karzay, en especial por la asignación de 10 mil millones de dólares en el presupuesto 2011 del DdE, para "contratistas de seguridad", bajo el rubro de "resguardo de embajadas y otras instalaciones".
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