Mauricio Merino / El Universal
El fin de semana pasado se publicaron dos noticias devastadoras para el derecho de acceso a la información pública en México. Como si fueran el efecto de una bomba expansiva, ambas hablan de los vericuetos que han tomado dos viejos litigios enderezados por el gobierno del presidente Calderón en contra de las decisiones tomadas por el IFAI y cuyos resultados, hablando en términos llanos, pueden acabar matando a esa institución. Sin exageraciones, se trata de un ataque mortal en contra del derecho fundamental a saber. Pero fraseado como un pleito entre burócratas, abogados y jueces, no parece haber mayor conciencia sobre la gravedad de lo que está sucediendo.
La primera noticia es que el Instituto Federal de Acceso a la Información presentó, el viernes pasado, una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque esta última se arrogó atribuciones que no tiene y que nadie le ha concedido para evitar que se conozcan los nombres de las personas (físicas y morales) que se beneficiaron de la cancelación de créditos fiscales del año 2007, que ascendió nomás a la suma de 73,960 millones de pesos. Según el boletín emitido por el IFAI, la CNDH y el Sistema de Administración Tributaria adoptaron de manera conjunta un procedimiento de conciliación, a petición de tres personas que se llamaron a agravio, cuyo objetivo explícito es impedir que se cumpla la resolución que emitió el IFAI desde el 10 de marzo de 2010. En otras palabras: el organismo autónomo creado para cuidar nuestros derechos humanos se volvió en contra de nuestro derecho constitucional a saber qué se hace con nuestro dinero y pasó literalmente por encima del IFAI, de la mano del gobierno que se niega a abrir esa información. Así de simple.
Con la esperanza de revertir ese despropósito, ahora el IFAI está buscando el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que ésta aclare a quién le corresponde decir la última palabra en materia de acceso a la información: si al órgano creado con ese título y con ese objetivo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, o al organismo que tuvo a bien oponerse a ese derecho constitucional en nombre de atribuciones que se dio a cuenta propia. Si la Corte desechara el recurso —bajo el argumento de que el IFAI no es sujeto legitimado para iniciarlo— o resolviera a favor de la CNDH, se abriría de inmediato la puerta para que cualquiera que se sienta afectado por la apertura de la información pública corra a proteger sus derechos humanos vulnerados por la necedad de la transparencia. Y, por lo visto, la CNDH no tendría muchos reparos en arrogarse la tarea de defender a los ofendidos por el acceso a la información.
Pero es quizás peor la segunda noticia, que se publicó apenas el domingo 24 de octubre: el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa —integrado por los magistrados María Teresa García Robles, Pablo Domínguez y Carlos Soto Villaseñor—, decidió desechar la impugnación que presentó el IFAI en contra de las decisiones tomadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a su vez impidió que se conociera el contenido de una averiguación previa de la PGR, ya concluida.
En cristiano, esto significa que una sentencia ya inapelable y definitiva del Poder Judicial no sólo estableció que el asunto llevado por el IFAI “no revestía ni trascendencia ni importancia alguna” (aunque usted no lo crea), como para proceder al análisis del fondo de la cuestión, sino que ni siquiera se planteó el riesgo que implica para la vida del IFAI que sus resoluciones (dizque definitivas) puedan ser revisadas y corregidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y ese palo, a diferencia del otro, ya ni Dios puede quitarlo, pues la Suprema Corte de Justicia carece de facultades para modificar las sentencias de los tres magistrados cuyos nombres seguramente no pasarán a la historia como defensores del derecho de acceso a la información pública.
Si ya era grave que los legisladores intentaran minar al IFAI mediante las últimas reformas legales, es peor todavía que ni siquiera se crea necesario modificar la legislación para impedir que se cumplan las resoluciones que emite. Si la CNDH y el Tribunal Fiscal se le ponen enfrente y le arrebatan, literalmente, sus atribuciones para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, el IFAI habrá perdido su razón de ser y todos nosotros, a sabiendas o no de lo que eso significa para la vida democrática del país, habremos perdido un derecho fundamental que creíamos ganado.
Profesor investigador del CIDE
El fin de semana pasado se publicaron dos noticias devastadoras para el derecho de acceso a la información pública en México. Como si fueran el efecto de una bomba expansiva, ambas hablan de los vericuetos que han tomado dos viejos litigios enderezados por el gobierno del presidente Calderón en contra de las decisiones tomadas por el IFAI y cuyos resultados, hablando en términos llanos, pueden acabar matando a esa institución. Sin exageraciones, se trata de un ataque mortal en contra del derecho fundamental a saber. Pero fraseado como un pleito entre burócratas, abogados y jueces, no parece haber mayor conciencia sobre la gravedad de lo que está sucediendo.
La primera noticia es que el Instituto Federal de Acceso a la Información presentó, el viernes pasado, una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque esta última se arrogó atribuciones que no tiene y que nadie le ha concedido para evitar que se conozcan los nombres de las personas (físicas y morales) que se beneficiaron de la cancelación de créditos fiscales del año 2007, que ascendió nomás a la suma de 73,960 millones de pesos. Según el boletín emitido por el IFAI, la CNDH y el Sistema de Administración Tributaria adoptaron de manera conjunta un procedimiento de conciliación, a petición de tres personas que se llamaron a agravio, cuyo objetivo explícito es impedir que se cumpla la resolución que emitió el IFAI desde el 10 de marzo de 2010. En otras palabras: el organismo autónomo creado para cuidar nuestros derechos humanos se volvió en contra de nuestro derecho constitucional a saber qué se hace con nuestro dinero y pasó literalmente por encima del IFAI, de la mano del gobierno que se niega a abrir esa información. Así de simple.
Con la esperanza de revertir ese despropósito, ahora el IFAI está buscando el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que ésta aclare a quién le corresponde decir la última palabra en materia de acceso a la información: si al órgano creado con ese título y con ese objetivo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, o al organismo que tuvo a bien oponerse a ese derecho constitucional en nombre de atribuciones que se dio a cuenta propia. Si la Corte desechara el recurso —bajo el argumento de que el IFAI no es sujeto legitimado para iniciarlo— o resolviera a favor de la CNDH, se abriría de inmediato la puerta para que cualquiera que se sienta afectado por la apertura de la información pública corra a proteger sus derechos humanos vulnerados por la necedad de la transparencia. Y, por lo visto, la CNDH no tendría muchos reparos en arrogarse la tarea de defender a los ofendidos por el acceso a la información.
Pero es quizás peor la segunda noticia, que se publicó apenas el domingo 24 de octubre: el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa —integrado por los magistrados María Teresa García Robles, Pablo Domínguez y Carlos Soto Villaseñor—, decidió desechar la impugnación que presentó el IFAI en contra de las decisiones tomadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a su vez impidió que se conociera el contenido de una averiguación previa de la PGR, ya concluida.
En cristiano, esto significa que una sentencia ya inapelable y definitiva del Poder Judicial no sólo estableció que el asunto llevado por el IFAI “no revestía ni trascendencia ni importancia alguna” (aunque usted no lo crea), como para proceder al análisis del fondo de la cuestión, sino que ni siquiera se planteó el riesgo que implica para la vida del IFAI que sus resoluciones (dizque definitivas) puedan ser revisadas y corregidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y ese palo, a diferencia del otro, ya ni Dios puede quitarlo, pues la Suprema Corte de Justicia carece de facultades para modificar las sentencias de los tres magistrados cuyos nombres seguramente no pasarán a la historia como defensores del derecho de acceso a la información pública.
Si ya era grave que los legisladores intentaran minar al IFAI mediante las últimas reformas legales, es peor todavía que ni siquiera se crea necesario modificar la legislación para impedir que se cumplan las resoluciones que emite. Si la CNDH y el Tribunal Fiscal se le ponen enfrente y le arrebatan, literalmente, sus atribuciones para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, el IFAI habrá perdido su razón de ser y todos nosotros, a sabiendas o no de lo que eso significa para la vida democrática del país, habremos perdido un derecho fundamental que creíamos ganado.
Profesor investigador del CIDE
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