La falta de recursos para enfrentar el pago de sus trabajadores jubilados y pensionados ha puesto en situación “crítica, muy crítica o insostenible”a 21 universidades públicas, de acuerdo con un estudio de la SEP
La SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro de trabajadores
Nurit Martínez / El Universal
Diez universidades del país están en una situación financiera “insostenible”, derivada de la carga que enfrentan por el pago a trabajadores jubilados y pensionados; en otras 11 instituciones el déficit de recursos las coloca en condiciones “críticas o muy críticas”, revela un estudio actuarial realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Frente a este panorama, la SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro; “suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna”, y emprender reformas a los contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que aun al estar ya en condiciones de retiro decidan seguir en sus labores.
El estudio actuarial asegura que la deuda o pasivos por jubilación en todas las universidades públicas del país asciende a 449.5 mil millones de pesos, recursos con los que se podría financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos 16 años.
La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que realizó por encargo de la SEP el actuario Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, afirma que la situación que viven 21 de ellas no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.
A partir de un seguimiento hecho a esta situación desde 2000, la SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por concepto de pensiones y jubilaciones ascendía (a valor de 2008) a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.
Les “pega” envejecimiento
Desde 2002 se iniciaron reformas a los contratos colectivos de 28 de 33 instituciones para crear fondos de retiro, prolongar la jubilación de sus maestros y personal administrativo, además de eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 o 25 años de servicio, con la opción de seguir trabajando en la misma plaza. Para ejecutarlas, la SEP asignó 7 mil 077 millones de pesos hasta 2009, con los que logró que el pasivo se redujera a 449.5 mil millones de pesos.
A pesar de esas reformas, que en su momento fueron consideradas un “ejemplo” para emprender modificaciones a los esquemas de seguridad del ISSSTE y del IMSS, las universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen se enfrentan a una situación “insostenible”.
Las que están en situación “crítica” o “muy crítica” son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.
El documento, que hace una proyección sobre lo que ocurrirá en las escuelas como consecuencia del “envejecimiento” de su personal, refiere que cinco universidades tienen “casi resuelto” el esquema de retiro de sus trabajadores.
Las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa están próximas a encontrar una alternativa, pero si no emprenden reformas desde hoy su situación se complicará entre 2023 y 2033.
Para otras cuatro instituciones la situación está “medio resuelta”. Se trata de las universidades de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí. Los recursos y acciones emprendidas ahí les otorgan una suficiencia económica hasta 2021.
Si bien a nivel nacional se contabiliza un trabajador jubilado o pensionado por cada seis en activo, lo que se advierte es que cada vez hay una mayor presión sobre las finanzas de las universidades, ya que hace tan sólo una década había un pensionado por cada 11 en activo.
Las recomendaciones
Los resultados de este estudio actuarial fueron presentados por la SEP a los rectores de las 33 universidades.
Entre las principales recomendaciones propone una reforma para ampliar el esquema para el retiro de los trabajadores. Establece una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.
Incluye también la creación de estímulos a la permanencia, es decir, entregar una compensación salarial de 10% a quienes en lugar de jubilarse sigan laborando; se deberán eliminar las dobles pensiones, se fomentará que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y se desligarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para atarlos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El reporte considera que “estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento”.
Advierte que se deberá “crear conciencia” en la sociedad sobre el “futuro sumamente crítico” que les espera a las instituciones y al país por el envejecimiento poblacional.
El análisis prevé que con estas medidas “haya una fuerte y cerrada oposición gremial”.
Nurit Martínez / El Universal
Diez universidades del país están en una situación financiera “insostenible”, derivada de la carga que enfrentan por el pago a trabajadores jubilados y pensionados; en otras 11 instituciones el déficit de recursos las coloca en condiciones “críticas o muy críticas”, revela un estudio actuarial realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Frente a este panorama, la SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro; “suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna”, y emprender reformas a los contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que aun al estar ya en condiciones de retiro decidan seguir en sus labores.
El estudio actuarial asegura que la deuda o pasivos por jubilación en todas las universidades públicas del país asciende a 449.5 mil millones de pesos, recursos con los que se podría financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos 16 años.
La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que realizó por encargo de la SEP el actuario Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, afirma que la situación que viven 21 de ellas no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.
A partir de un seguimiento hecho a esta situación desde 2000, la SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por concepto de pensiones y jubilaciones ascendía (a valor de 2008) a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.
Les “pega” envejecimiento
Desde 2002 se iniciaron reformas a los contratos colectivos de 28 de 33 instituciones para crear fondos de retiro, prolongar la jubilación de sus maestros y personal administrativo, además de eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 o 25 años de servicio, con la opción de seguir trabajando en la misma plaza. Para ejecutarlas, la SEP asignó 7 mil 077 millones de pesos hasta 2009, con los que logró que el pasivo se redujera a 449.5 mil millones de pesos.
A pesar de esas reformas, que en su momento fueron consideradas un “ejemplo” para emprender modificaciones a los esquemas de seguridad del ISSSTE y del IMSS, las universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen se enfrentan a una situación “insostenible”.
Las que están en situación “crítica” o “muy crítica” son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.
El documento, que hace una proyección sobre lo que ocurrirá en las escuelas como consecuencia del “envejecimiento” de su personal, refiere que cinco universidades tienen “casi resuelto” el esquema de retiro de sus trabajadores.
Las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa están próximas a encontrar una alternativa, pero si no emprenden reformas desde hoy su situación se complicará entre 2023 y 2033.
Para otras cuatro instituciones la situación está “medio resuelta”. Se trata de las universidades de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí. Los recursos y acciones emprendidas ahí les otorgan una suficiencia económica hasta 2021.
Si bien a nivel nacional se contabiliza un trabajador jubilado o pensionado por cada seis en activo, lo que se advierte es que cada vez hay una mayor presión sobre las finanzas de las universidades, ya que hace tan sólo una década había un pensionado por cada 11 en activo.
Las recomendaciones
Los resultados de este estudio actuarial fueron presentados por la SEP a los rectores de las 33 universidades.
Entre las principales recomendaciones propone una reforma para ampliar el esquema para el retiro de los trabajadores. Establece una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.
Incluye también la creación de estímulos a la permanencia, es decir, entregar una compensación salarial de 10% a quienes en lugar de jubilarse sigan laborando; se deberán eliminar las dobles pensiones, se fomentará que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y se desligarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para atarlos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El reporte considera que “estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento”.
Advierte que se deberá “crear conciencia” en la sociedad sobre el “futuro sumamente crítico” que les espera a las instituciones y al país por el envejecimiento poblacional.
El análisis prevé que con estas medidas “haya una fuerte y cerrada oposición gremial”.
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