La solución política predominó sobre lo que la economía mexicana requiere para impulsar a sus actividades productivas a crecer y a generar más empleos. En esta primera aduana para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2011, la Cámara de Diputados recurrió al expediente cómodo: elevar el techo del endeudamiento del gobierno federal para acomodar las presiones de gasto. También ajustó al alza tanto la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) como el precio del petróleo, y le aplicó un aumento al Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco y a las bebidas energizantes, y se creó un nuevo subsidio para el primer empleo.
A juzgar por los resultados, el quid pro quo fue intenso y las preferencias quedaron expuestas. A cambio de no reducir el IVA en un punto porcentual, que representaba alrededor de 35 mil millones de pesos (mmp), los diputados federales lograron aumentar el techo del gasto público en cerca de 68.1 mmp, monto que incluye el subsidio al empleo por 5.6 mmp que eventualmente aparecerá en el presupuesto de gastos fiscales.
Es de suponerse que el Ejecutivo federal logrará a cambio protección para expandir programas y proyectos como los de Oportunidades y Seguro Popular, más los recursos para Seguridad Pública y otros. De esta forma, las modificaciones que seguramente harán los inquilinos de San Lázaro para conformar una “bolsa” para distribuir de acuerdo a las preferencias de los gobiernos estatales y municipales, se concentrarán en las del Poder Judicial y los órganos autónomos, y las que encuentren dentro de la cada vez más magra administración pública federal centralizada para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Todas estas modificaciones son para que el próximo año el gobierno federal, los gobiernos estatales y del DF, así como los municipios, gasten más. En términos económicos, la creencia atrás de estas modificaciones es que una mayor asignación de recursos al gobierno no afectará y no desplazará a los sectores productivos. Sin embargo, esto no es y no ha sido así, por lo que luego no nos extrañe el porqué no crece tanto la economía mexicana.
Algo que debemos cuestionar con mayor insistencia es si los recursos de los que están haciendo uso el gobierno federal, los estados, el DF y los municipios, tendrán un impacto significativo sobre el crecimiento y el empleo. Esta cuestión es independiente del hecho de que se requiere una mayor oferta, más calidad y mejor cobertura de los servicios públicos, y que la recaudación actual es insuficiente tanto para cubrir los niveles actuales como los requeridos.
Sin embargo, lo que también es un hecho es que el endeudamiento público, y más si éste crece, sí afecta la disponibilidad del ahorro financiero para ser utilizados por las empresas establecidas en México, que son el gran motor del crecimiento y la creación de empleos. ¿Me creería usted que la mayor parte del ahorro financiero de nuestro país queda principalmente en manos del gobierno?
Así lo ilustra una excelente presentación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En 2009, el sector público federal acaparó cerca del 70% del ahorro financiero del país; los gobiernos estatales y municipales el 21%, y las empresas del sector privado se desendeudaron. Para 2010, la historia será similar aunque el sector público federal concentrará cerca del 54% del ahorro financiero y el sector privado dispondrá del 8%. Con la expansión del endeudamiento neto del gobierno federal de 340 mmp a 375 mmp para el 2011, y una política monetaria restrictiva que acumule reservas internacionales, el espacio en el mercado de fondos prestables para el sector productivo de nuestro país se verá aún más reducido.
Por ello, que no nos sorprenda por qué el crecimiento de la economía mexicana es tan bajo si se le restringe el ahorro financiero a las actividades productivas, y si usamos los ingresos petroleros para el gasto de operación gubernamental en lugar de conformar activos productivos. Así, sin siquiera hablar de las reformas estructurales, se van minando las bases para alcanzar una tasa más alta y sostenida de crecimiento económico. El acuerdo político también demanda rigor técnico.
Economista
A juzgar por los resultados, el quid pro quo fue intenso y las preferencias quedaron expuestas. A cambio de no reducir el IVA en un punto porcentual, que representaba alrededor de 35 mil millones de pesos (mmp), los diputados federales lograron aumentar el techo del gasto público en cerca de 68.1 mmp, monto que incluye el subsidio al empleo por 5.6 mmp que eventualmente aparecerá en el presupuesto de gastos fiscales.
Es de suponerse que el Ejecutivo federal logrará a cambio protección para expandir programas y proyectos como los de Oportunidades y Seguro Popular, más los recursos para Seguridad Pública y otros. De esta forma, las modificaciones que seguramente harán los inquilinos de San Lázaro para conformar una “bolsa” para distribuir de acuerdo a las preferencias de los gobiernos estatales y municipales, se concentrarán en las del Poder Judicial y los órganos autónomos, y las que encuentren dentro de la cada vez más magra administración pública federal centralizada para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Todas estas modificaciones son para que el próximo año el gobierno federal, los gobiernos estatales y del DF, así como los municipios, gasten más. En términos económicos, la creencia atrás de estas modificaciones es que una mayor asignación de recursos al gobierno no afectará y no desplazará a los sectores productivos. Sin embargo, esto no es y no ha sido así, por lo que luego no nos extrañe el porqué no crece tanto la economía mexicana.
Algo que debemos cuestionar con mayor insistencia es si los recursos de los que están haciendo uso el gobierno federal, los estados, el DF y los municipios, tendrán un impacto significativo sobre el crecimiento y el empleo. Esta cuestión es independiente del hecho de que se requiere una mayor oferta, más calidad y mejor cobertura de los servicios públicos, y que la recaudación actual es insuficiente tanto para cubrir los niveles actuales como los requeridos.
Sin embargo, lo que también es un hecho es que el endeudamiento público, y más si éste crece, sí afecta la disponibilidad del ahorro financiero para ser utilizados por las empresas establecidas en México, que son el gran motor del crecimiento y la creación de empleos. ¿Me creería usted que la mayor parte del ahorro financiero de nuestro país queda principalmente en manos del gobierno?
Así lo ilustra una excelente presentación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En 2009, el sector público federal acaparó cerca del 70% del ahorro financiero del país; los gobiernos estatales y municipales el 21%, y las empresas del sector privado se desendeudaron. Para 2010, la historia será similar aunque el sector público federal concentrará cerca del 54% del ahorro financiero y el sector privado dispondrá del 8%. Con la expansión del endeudamiento neto del gobierno federal de 340 mmp a 375 mmp para el 2011, y una política monetaria restrictiva que acumule reservas internacionales, el espacio en el mercado de fondos prestables para el sector productivo de nuestro país se verá aún más reducido.
Por ello, que no nos sorprenda por qué el crecimiento de la economía mexicana es tan bajo si se le restringe el ahorro financiero a las actividades productivas, y si usamos los ingresos petroleros para el gasto de operación gubernamental en lugar de conformar activos productivos. Así, sin siquiera hablar de las reformas estructurales, se van minando las bases para alcanzar una tasa más alta y sostenida de crecimiento económico. El acuerdo político también demanda rigor técnico.
Economista
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