Los franceses esperan mucho de lo público y se revuelven contra los recortes - Los consensos republicanos se agrietan - ¿Un modelo sostenible?
JOAQUÍN PRIETO / EL PAÍS
Antes de que entre en vigor la reforma de las pensiones forzada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy, la Seguridad Social francesa gasta en jubilaciones el equivalente al 12,5% del PIB, casi cuatro puntos más que en España. Con grandes diferencias entre hombres y mujeres, por cierto: según un estudio del Instituto de Estadística francés (de hace cinco años), la pensión media de los hombres, 1.603 euros al mes, supera a los 1.027 de las mujeres, como consecuencia de la desigualdad de salarios cuando estaban en activo.
En conjunto, Francia no es el mejor país para jubilarse (Holanda o Dinamarca son más generosos), pero sí uno de los buenos. El Estado reembolsa al ciudadano gran parte de los gastos sanitarios (los dentales incluidos), paga ayudas familiares en función del número de hijos (que cobran hasta que son mayores de edad), subvenciona el alojamiento a los que perciben ingresos bajos, ayuda al padre o madre que deja de trabajar para encargarse de los hijos (varios años), da apoyo económico en caso de dependencia. Y cuando se jubila, en general antes que en los países de su entorno, le queda una veintena larga de años por delante (de media), para vivir con pensiones decentes.
Es el modelo social. El conjunto de derechos que el poder público ha ido reconociendo a una sociedad que espera mucho del Estado, y que tiene organizada una burocracia muy fuerte para gestionarlo. Funcionan varias decenas de organismos solo para las pensiones, pero eso no es nada en relación con el elevado número de personas que mantienen la solidez de un aparato tan centralizado: unos cinco millones, si a los empleados públicos se suman los de entidades locales y de la Seguridad Social. Uno de cada cinco franceses en activo trabaja para el sector público. Pero el Estado ya no es aquel que nacionalizaba o garantizaba más derechos: una de sus funciones capitales consiste ahora en pedir dinero prestado.
Porque desde 1980, la deuda soberana se ha multiplicado por cinco. El sistema de pensiones está en déficit. El número de parados roza los cuatro millones (casi como en España, aunque aquí pesan más por la menor población). La suma de ingresos fiscales y cotizaciones sociales representa el 45% del PIB, mientras los gastos equivalen al 55%; la diferencia es el déficit público que soporta el país, 173.000 millones de euros, casi cuatro veces más que en 2007.
"¡Qué viene el lobo!", gritan bastantes expertos. Como el economista Jacques Attali, ex consejero de François Mitterrand y actual asesor de Sarkozy, quien describe un panorama dantesco en publicaciones e informes al jefe del Estado. A partir de 2015 faltarán decenas de miles de millones cada año para poder pagar las pensiones y los gastos sanitarios, y otro tanto para abonar los intereses del endeudamiento. Si la deuda soberana de Francia, que ya es del 80% del PIB, continúa a este ritmo, alcanzará el 130% en 10 años y el 200% en 20. Si no se frena inmediatamente, "el próximo presidente de la República no podrá hacer otra cosa, durante todo su mandato, que conducir una política de austeridad o declarar una moratoria en el pago de la deuda", advierte este apóstol del apocalipsis.
El miedo a la credibilidad financiera del Estado en los mercados y a la opinión de las agencias de calificación de deuda probablemente han pesado mucho en la tajante actitud de Sarkozy, que ha escogido las pensiones como terreno en el que dar un palmetazo. Por razones no muy diferentes de las que hicieron caerse del caballo a José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo pasado, respecto al gasto público y la reforma laboral. Con toda su secuela de damnificados y de incertidumbres para el futuro. Un par de años de retraso en la edad de jubilación (de 60 a 62 para tener derecho a pensión, de 65 a 67 para cobrar el máximo) no parece terrible, visto desde países en los que predominan los 65 como edad legal (con previsiones de alargarla a los 66 o 67). Pero beneficiarse de la pensión plena exigirá 41,5 años cotizados (aunque haya excepciones: policías, bomberos y otras profesiones duras). Una persona que entre en el mercado laboral a los 25 años, muy normal en el caso de universitarios, no habrá cotizado lo suficiente hasta que cumpla los 66 (dos más que hasta la fecha). Y existen amplias dudas de que pueda trabajar tanto tiempo: más de la mitad de los que ahora se retiran a los 60 se encuentran en paro o inactivos.
El miedo al futuro se debe a que la economía francesa crece poco y no crea empleo. Los que se oponen a la reforma de las pensiones aducen que reducir los déficits de las cajas de pensiones va a incrementar los del seguro de paro; eso, si no hay rebaja de las cuantías de las pensiones. "La gente no va a trabajar más tiempo porque se alargue la edad de jubilación. La gente se jubila habiendo cotizado de media 37 años y medio, y todavía menos si se trata de mujeres", sostiene Jacques Généraux, uno de los pocos economistas que han defendido el mantenimiento de la regla de los 60 años.
La ruptura de los consensos republicanos está ahí. En numerosos foros de Internet se sostiene que los asalariados con menos ingresos corren el riesgo de quedarse descolgados si Sarkozy consigue doblegar la "solidaridad nacional" y favorecer la expansión de fondos de pensiones privados, que todavía tienen una presencia simbólica. El presidente no ha dicho nada sobre esto, pero ya sospechan de él. "En el momento en que el sistema capitalista muestra sus contradicciones, ¿por qué motivo hay que llamarle para encontrar una solución con la que perennizar el sistema de pensiones?", se pregunta Marck Blondel, ex secretario general del sindicato Force Ouvrière (FO).
Varios sondeos han mostrado el apoyo de la mayoría (en torno al 70%) a las protestas contra el retraso de la edad de jubilación. Y al tiempo, una mayoría comprende también que el futuro de las pensiones está en peligro y hay que reformarlas. Esa mayoría desconfía de Sarkozy, porque le acusa de descargar los esfuerzos sobre las espaldas de los ciudadanos del común, mientras protege a los grandes empresarios y directivos.
Francia es un país donde todo se debate -en general, con seriedad-, y las desigualdades sociales son la madre de todas las discusiones. "Desde hace 10 años, la riqueza de los más ricos ha explotado, literalmente, mientras los ingresos medios se estancaban", escribe Denis Olivennes, director del semanario Le Nouvel Observateur. Una de las informaciones a las que se presta mayor atención es la evolución de la fortuna de los más ricos y lo que cobran los altos directivos. Según datos recientes de la revista Challenges, la familia de Lilian Bettencourt, número uno mundial de los cosméticos (L? Oréal), ha pasado de una fortuna de 10.073 millones el año pasado a 14.449 millones en 2010; esta empresaria lleva varios meses en candelero por las vinculaciones que mantuvo con la esposa del ministro de Trabajo, Eric Woerth, responsable del proyecto de reforma de las pensiones. Por cierto, Bettencourt es solo la tercera fortuna de Francia. El número uno mundial del lujo, Bernard Arnault, ha atravesado estupendamente la crisis y ahora su fortuna, estimada en 14.584 millones de euros en 2009, aumenta hasta los 22.760 millones. Se ha instalado la idea de que una minoría aumenta espectacularmente su patrimonio, mientras las cajas del Estado se vacían y escasean los fondos para la protección social.
El problema no es solo que falte consenso. La cuestión es que la militancia sindical no reúne más allá del 8% de los trabajadores, y que el Gobierno se ha negado a negociar esta reforma. Pero los partidos de izquierda tampoco se benefician apenas del desgaste de Sarkozy, según los sondeos. Uno de los miembros destacados del partido socialista y a la vez director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, desconcertó a los suyos con una declaración televisada en la que invitó a sus compatriotas a no hacer "un dogma" del derecho a jubilarse con 60 años. "Es bastante evidente en muchos países que si se envejece más tiempo, hay que trabajar más tiempo". Matizó en seguida que hace falta distinguir entre trabajos penosos, carreras largas y otros casos excepcionales, pero remató: "El mundo cambia muy deprisa y vivimos en la globalización, que tiene ventajas e inconvenientes, pero es la realidad. Hay que tenerlo en cuenta".
Tras el diálogo de sordos, los duros enfrentamientos callejeros de las últimas semanas ayudarán poco a restablecer la cultura del pacto. Que se hayan bloqueado 400 de los 4.300 centros de enseñanza media ha sido una de las pequeñas sorpresas de este movimiento. Pero lo importante es cómo se van a conseguir recursos para sostener tantos servicios como los que presta el Estado francés, en época de corto crecimiento económico.
Y en ese contexto, el aumento de la esperanza de vida es un gran logro; y a la vez, financiar jubilaciones largas es un gran desafío.
JOAQUÍN PRIETO / EL PAÍS
Antes de que entre en vigor la reforma de las pensiones forzada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy, la Seguridad Social francesa gasta en jubilaciones el equivalente al 12,5% del PIB, casi cuatro puntos más que en España. Con grandes diferencias entre hombres y mujeres, por cierto: según un estudio del Instituto de Estadística francés (de hace cinco años), la pensión media de los hombres, 1.603 euros al mes, supera a los 1.027 de las mujeres, como consecuencia de la desigualdad de salarios cuando estaban en activo.
En conjunto, Francia no es el mejor país para jubilarse (Holanda o Dinamarca son más generosos), pero sí uno de los buenos. El Estado reembolsa al ciudadano gran parte de los gastos sanitarios (los dentales incluidos), paga ayudas familiares en función del número de hijos (que cobran hasta que son mayores de edad), subvenciona el alojamiento a los que perciben ingresos bajos, ayuda al padre o madre que deja de trabajar para encargarse de los hijos (varios años), da apoyo económico en caso de dependencia. Y cuando se jubila, en general antes que en los países de su entorno, le queda una veintena larga de años por delante (de media), para vivir con pensiones decentes.
Es el modelo social. El conjunto de derechos que el poder público ha ido reconociendo a una sociedad que espera mucho del Estado, y que tiene organizada una burocracia muy fuerte para gestionarlo. Funcionan varias decenas de organismos solo para las pensiones, pero eso no es nada en relación con el elevado número de personas que mantienen la solidez de un aparato tan centralizado: unos cinco millones, si a los empleados públicos se suman los de entidades locales y de la Seguridad Social. Uno de cada cinco franceses en activo trabaja para el sector público. Pero el Estado ya no es aquel que nacionalizaba o garantizaba más derechos: una de sus funciones capitales consiste ahora en pedir dinero prestado.
Porque desde 1980, la deuda soberana se ha multiplicado por cinco. El sistema de pensiones está en déficit. El número de parados roza los cuatro millones (casi como en España, aunque aquí pesan más por la menor población). La suma de ingresos fiscales y cotizaciones sociales representa el 45% del PIB, mientras los gastos equivalen al 55%; la diferencia es el déficit público que soporta el país, 173.000 millones de euros, casi cuatro veces más que en 2007.
"¡Qué viene el lobo!", gritan bastantes expertos. Como el economista Jacques Attali, ex consejero de François Mitterrand y actual asesor de Sarkozy, quien describe un panorama dantesco en publicaciones e informes al jefe del Estado. A partir de 2015 faltarán decenas de miles de millones cada año para poder pagar las pensiones y los gastos sanitarios, y otro tanto para abonar los intereses del endeudamiento. Si la deuda soberana de Francia, que ya es del 80% del PIB, continúa a este ritmo, alcanzará el 130% en 10 años y el 200% en 20. Si no se frena inmediatamente, "el próximo presidente de la República no podrá hacer otra cosa, durante todo su mandato, que conducir una política de austeridad o declarar una moratoria en el pago de la deuda", advierte este apóstol del apocalipsis.
El miedo a la credibilidad financiera del Estado en los mercados y a la opinión de las agencias de calificación de deuda probablemente han pesado mucho en la tajante actitud de Sarkozy, que ha escogido las pensiones como terreno en el que dar un palmetazo. Por razones no muy diferentes de las que hicieron caerse del caballo a José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo pasado, respecto al gasto público y la reforma laboral. Con toda su secuela de damnificados y de incertidumbres para el futuro. Un par de años de retraso en la edad de jubilación (de 60 a 62 para tener derecho a pensión, de 65 a 67 para cobrar el máximo) no parece terrible, visto desde países en los que predominan los 65 como edad legal (con previsiones de alargarla a los 66 o 67). Pero beneficiarse de la pensión plena exigirá 41,5 años cotizados (aunque haya excepciones: policías, bomberos y otras profesiones duras). Una persona que entre en el mercado laboral a los 25 años, muy normal en el caso de universitarios, no habrá cotizado lo suficiente hasta que cumpla los 66 (dos más que hasta la fecha). Y existen amplias dudas de que pueda trabajar tanto tiempo: más de la mitad de los que ahora se retiran a los 60 se encuentran en paro o inactivos.
El miedo al futuro se debe a que la economía francesa crece poco y no crea empleo. Los que se oponen a la reforma de las pensiones aducen que reducir los déficits de las cajas de pensiones va a incrementar los del seguro de paro; eso, si no hay rebaja de las cuantías de las pensiones. "La gente no va a trabajar más tiempo porque se alargue la edad de jubilación. La gente se jubila habiendo cotizado de media 37 años y medio, y todavía menos si se trata de mujeres", sostiene Jacques Généraux, uno de los pocos economistas que han defendido el mantenimiento de la regla de los 60 años.
La ruptura de los consensos republicanos está ahí. En numerosos foros de Internet se sostiene que los asalariados con menos ingresos corren el riesgo de quedarse descolgados si Sarkozy consigue doblegar la "solidaridad nacional" y favorecer la expansión de fondos de pensiones privados, que todavía tienen una presencia simbólica. El presidente no ha dicho nada sobre esto, pero ya sospechan de él. "En el momento en que el sistema capitalista muestra sus contradicciones, ¿por qué motivo hay que llamarle para encontrar una solución con la que perennizar el sistema de pensiones?", se pregunta Marck Blondel, ex secretario general del sindicato Force Ouvrière (FO).
Varios sondeos han mostrado el apoyo de la mayoría (en torno al 70%) a las protestas contra el retraso de la edad de jubilación. Y al tiempo, una mayoría comprende también que el futuro de las pensiones está en peligro y hay que reformarlas. Esa mayoría desconfía de Sarkozy, porque le acusa de descargar los esfuerzos sobre las espaldas de los ciudadanos del común, mientras protege a los grandes empresarios y directivos.
Francia es un país donde todo se debate -en general, con seriedad-, y las desigualdades sociales son la madre de todas las discusiones. "Desde hace 10 años, la riqueza de los más ricos ha explotado, literalmente, mientras los ingresos medios se estancaban", escribe Denis Olivennes, director del semanario Le Nouvel Observateur. Una de las informaciones a las que se presta mayor atención es la evolución de la fortuna de los más ricos y lo que cobran los altos directivos. Según datos recientes de la revista Challenges, la familia de Lilian Bettencourt, número uno mundial de los cosméticos (L? Oréal), ha pasado de una fortuna de 10.073 millones el año pasado a 14.449 millones en 2010; esta empresaria lleva varios meses en candelero por las vinculaciones que mantuvo con la esposa del ministro de Trabajo, Eric Woerth, responsable del proyecto de reforma de las pensiones. Por cierto, Bettencourt es solo la tercera fortuna de Francia. El número uno mundial del lujo, Bernard Arnault, ha atravesado estupendamente la crisis y ahora su fortuna, estimada en 14.584 millones de euros en 2009, aumenta hasta los 22.760 millones. Se ha instalado la idea de que una minoría aumenta espectacularmente su patrimonio, mientras las cajas del Estado se vacían y escasean los fondos para la protección social.
El problema no es solo que falte consenso. La cuestión es que la militancia sindical no reúne más allá del 8% de los trabajadores, y que el Gobierno se ha negado a negociar esta reforma. Pero los partidos de izquierda tampoco se benefician apenas del desgaste de Sarkozy, según los sondeos. Uno de los miembros destacados del partido socialista y a la vez director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, desconcertó a los suyos con una declaración televisada en la que invitó a sus compatriotas a no hacer "un dogma" del derecho a jubilarse con 60 años. "Es bastante evidente en muchos países que si se envejece más tiempo, hay que trabajar más tiempo". Matizó en seguida que hace falta distinguir entre trabajos penosos, carreras largas y otros casos excepcionales, pero remató: "El mundo cambia muy deprisa y vivimos en la globalización, que tiene ventajas e inconvenientes, pero es la realidad. Hay que tenerlo en cuenta".
Tras el diálogo de sordos, los duros enfrentamientos callejeros de las últimas semanas ayudarán poco a restablecer la cultura del pacto. Que se hayan bloqueado 400 de los 4.300 centros de enseñanza media ha sido una de las pequeñas sorpresas de este movimiento. Pero lo importante es cómo se van a conseguir recursos para sostener tantos servicios como los que presta el Estado francés, en época de corto crecimiento económico.
Y en ese contexto, el aumento de la esperanza de vida es un gran logro; y a la vez, financiar jubilaciones largas es un gran desafío.
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