México SA
Apunta la ONU a México por la profunda desigualdad
Estado capturado
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Feliz por su segunda visita al continente africano en menos de un mes y medio (viajó a Uganda, pero en esta ocasión ¿contra qué selección jugarán los ratoncitos verdes?), el inspirado inquilino de Los Pinos se despidió así de la afición nacional: “y que nadie lo olvide, no hay fuerza superior a la del Estado; y no sólo es superior en número, en destreza, en valor y disciplina, sino lo es también en inteligencia y conocimiento”. Hasta el momento la categórica realidad desmiente su creativa frase, independientemente de que es obvia su confusión entre gobierno y Estado, aunque de cualquier suerte su referencia debe ser al “Estado” que representa y defiende.
Por lo anterior, vale considerar la advertencia que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo incluye en su Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, divulgado el pasado jueves, en el que subraya algunas causas de la profunda desigualdad que caracteriza a esta zona del planeta, y a México en especial, producto de lo que en los hechos defiende, practica y representa el inquilino de Los Pinos (como durante 70 años lo hizo el partido tricolor instalado en la residencia oficial) en esa aparente confusión en él existente entre gobierno y Estado.
Al señalamiento del PNUD sólo falta ponerle nombres y apellidos, por lo demás perfectamente conocidos y padecidos por los mexicanos. Así, subraya el organismo, el clientelismo y la captura del Estado pueden ser considerados las dos caras de la misma moneda. El clientelismo es una práctica que implica la apropiación de los recursos del Estado por parte de las elites políticas, las cuales utilizan las instituciones públicas y el poder político para defender o promover sus intereses particulares o de grupo. A su vez, en un contexto caracterizado por la presencia de individuos y grupos que disponen de mucho poder, recursos e influencias, y por la existencia de representantes políticos y funcionarios públicos que conciben la política y la función pública como medios para incrementar sus beneficios personales, existe el riesgo de que se produzca la captura del Estado, fenómeno que se materializa cuando aquellos que ocupan cargos públicos deciden representar directamente los intereses de los individuos o grupos más poderosos a cambio de la obtención de beneficios políticos o económicos particulares.
Las elites económicas son un clásico ejemplo de los grupos sociales que usan su poder y sus recursos para incidir en la implementación de medidas y políticas públicas que beneficien sus intereses, como recortes o exenciones tributarias, licencias de operación o acceso a información privilegiada, entre otras prerrogativas. A diferencia de otros fenómenos de corrupción que se caracterizan por la aplicación selectiva y distorsionada de una serie de normas y reglas institucionales originalmente establecidas para promover de forma igualitaria los intereses de la mayoría de la población, la captura del Estado implica el diseño y la implementación de normas creadas explícitamente para responder a los intereses de un sector particular, el cual resulta privilegiado por la aplicación de dichas medidas.
El contexto en que suele producirse la captura del Estado se caracteriza por la debilidad de las instituciones estatales y la falta de profesionalización de los funcionarios. En estas condiciones, los individuos o grupos que presentan menores niveles de bienestar y disponen de menos recursos y posibilidades de influencia se encuentran en desventaja respecto de los grupos más favorecidos para exigir a los gobernantes la defensa de sus intereses, la satisfacción de sus demandas y rendición de cuentas. A medida que la desigualdad aumenta, las personas y los grupos más privilegiados disponen cada vez de mayores recursos para incidir en la capacidad regulatoria del Estado en beneficio de sus intereses particulares, y cada vez encuentran menos beneficios en la defensa de un sistema político, administrativo y económico que sea justo y promueva en forma efectiva la igualdad social.
Como resultado de la desigualdad en la distribución del poder y los recursos, disminuyen las posibilidades de que se desarrollen alternativas políticas ajenas al área de influencia de las élites económicas, políticas y sociales que se benefician de la persistencia de un entorno desigual. Así, la captura del Estado, al igual que el clientelismo, constituye un fenómeno que resulta de la existencia de la desigualdad y, a su vez, contribuye a reproducirla. Un ejemplo notorio de la dinámica de este fenómeno es la educación en México, la cual es una de las principales herramientas para combatir la desigualdad y romper su dinámica de transmisión intergeneracional. Sin embargo, cuando la educación que provee el Estado es capturada por un actor que dispone de gran poder económico y amplia influencia política, y la ciudadanía no puede exigir cuentas al Estado sobre la provisión de este servicio fundamental, los resultados son una escolaridad pública de baja calidad y escasas probabilidades de que la situación mejore. Este es el caso de la educación primaria pública en México, cuya calidad es baja. Además, la organización sindical que agrupa a la mayoría de los trabajadores del sector (Elba Esther-SNTE) no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos, sino que responde a intereses sectoriales y no rinde cuentas a la ciudadanía.
Ciudadanos escasamente informados y políticos que no están interesados en proveerla en forma fidedigna y completa, contribuyen a perpetuar un modelo que impide aprovechar todo el potencial que ofrece la democracia para reducir la desigualdad. La generalización de la corrupción en un sistema político promueve la evasión de impuestos y favorece una deficiente focalización de los programas sociales. Es habitual que los ciudadanos que disponen de más recursos utilicen este mayor peso relativo para acceder a los bienes del Estado y que aprovechen la debilidad institucional en beneficio propio. En términos del gasto público, por ejemplo, este comportamiento puede resultar en una distribución de recursos que aumente la desigualdad. En términos fiscales, la debilidad institucional suele propiciar una baja recaudación tributaria entre aquellos contribuyentes que optan por no pagar impuestos aunque están en condiciones de hacerlo.
He allí el “Estado” que defiende y representa el viajero frecuente.
Las rebanadas del pastel
Más tardó Bucareli en negociar con el SME, que el porro Lozano en sacar el mazo y Blake en hacerse bolas con lo acordado en la mesa.
Apunta la ONU a México por la profunda desigualdad
Estado capturado
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Feliz por su segunda visita al continente africano en menos de un mes y medio (viajó a Uganda, pero en esta ocasión ¿contra qué selección jugarán los ratoncitos verdes?), el inspirado inquilino de Los Pinos se despidió así de la afición nacional: “y que nadie lo olvide, no hay fuerza superior a la del Estado; y no sólo es superior en número, en destreza, en valor y disciplina, sino lo es también en inteligencia y conocimiento”. Hasta el momento la categórica realidad desmiente su creativa frase, independientemente de que es obvia su confusión entre gobierno y Estado, aunque de cualquier suerte su referencia debe ser al “Estado” que representa y defiende.
Por lo anterior, vale considerar la advertencia que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo incluye en su Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, divulgado el pasado jueves, en el que subraya algunas causas de la profunda desigualdad que caracteriza a esta zona del planeta, y a México en especial, producto de lo que en los hechos defiende, practica y representa el inquilino de Los Pinos (como durante 70 años lo hizo el partido tricolor instalado en la residencia oficial) en esa aparente confusión en él existente entre gobierno y Estado.
Al señalamiento del PNUD sólo falta ponerle nombres y apellidos, por lo demás perfectamente conocidos y padecidos por los mexicanos. Así, subraya el organismo, el clientelismo y la captura del Estado pueden ser considerados las dos caras de la misma moneda. El clientelismo es una práctica que implica la apropiación de los recursos del Estado por parte de las elites políticas, las cuales utilizan las instituciones públicas y el poder político para defender o promover sus intereses particulares o de grupo. A su vez, en un contexto caracterizado por la presencia de individuos y grupos que disponen de mucho poder, recursos e influencias, y por la existencia de representantes políticos y funcionarios públicos que conciben la política y la función pública como medios para incrementar sus beneficios personales, existe el riesgo de que se produzca la captura del Estado, fenómeno que se materializa cuando aquellos que ocupan cargos públicos deciden representar directamente los intereses de los individuos o grupos más poderosos a cambio de la obtención de beneficios políticos o económicos particulares.
Las elites económicas son un clásico ejemplo de los grupos sociales que usan su poder y sus recursos para incidir en la implementación de medidas y políticas públicas que beneficien sus intereses, como recortes o exenciones tributarias, licencias de operación o acceso a información privilegiada, entre otras prerrogativas. A diferencia de otros fenómenos de corrupción que se caracterizan por la aplicación selectiva y distorsionada de una serie de normas y reglas institucionales originalmente establecidas para promover de forma igualitaria los intereses de la mayoría de la población, la captura del Estado implica el diseño y la implementación de normas creadas explícitamente para responder a los intereses de un sector particular, el cual resulta privilegiado por la aplicación de dichas medidas.
El contexto en que suele producirse la captura del Estado se caracteriza por la debilidad de las instituciones estatales y la falta de profesionalización de los funcionarios. En estas condiciones, los individuos o grupos que presentan menores niveles de bienestar y disponen de menos recursos y posibilidades de influencia se encuentran en desventaja respecto de los grupos más favorecidos para exigir a los gobernantes la defensa de sus intereses, la satisfacción de sus demandas y rendición de cuentas. A medida que la desigualdad aumenta, las personas y los grupos más privilegiados disponen cada vez de mayores recursos para incidir en la capacidad regulatoria del Estado en beneficio de sus intereses particulares, y cada vez encuentran menos beneficios en la defensa de un sistema político, administrativo y económico que sea justo y promueva en forma efectiva la igualdad social.
Como resultado de la desigualdad en la distribución del poder y los recursos, disminuyen las posibilidades de que se desarrollen alternativas políticas ajenas al área de influencia de las élites económicas, políticas y sociales que se benefician de la persistencia de un entorno desigual. Así, la captura del Estado, al igual que el clientelismo, constituye un fenómeno que resulta de la existencia de la desigualdad y, a su vez, contribuye a reproducirla. Un ejemplo notorio de la dinámica de este fenómeno es la educación en México, la cual es una de las principales herramientas para combatir la desigualdad y romper su dinámica de transmisión intergeneracional. Sin embargo, cuando la educación que provee el Estado es capturada por un actor que dispone de gran poder económico y amplia influencia política, y la ciudadanía no puede exigir cuentas al Estado sobre la provisión de este servicio fundamental, los resultados son una escolaridad pública de baja calidad y escasas probabilidades de que la situación mejore. Este es el caso de la educación primaria pública en México, cuya calidad es baja. Además, la organización sindical que agrupa a la mayoría de los trabajadores del sector (Elba Esther-SNTE) no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos, sino que responde a intereses sectoriales y no rinde cuentas a la ciudadanía.
Ciudadanos escasamente informados y políticos que no están interesados en proveerla en forma fidedigna y completa, contribuyen a perpetuar un modelo que impide aprovechar todo el potencial que ofrece la democracia para reducir la desigualdad. La generalización de la corrupción en un sistema político promueve la evasión de impuestos y favorece una deficiente focalización de los programas sociales. Es habitual que los ciudadanos que disponen de más recursos utilicen este mayor peso relativo para acceder a los bienes del Estado y que aprovechen la debilidad institucional en beneficio propio. En términos del gasto público, por ejemplo, este comportamiento puede resultar en una distribución de recursos que aumente la desigualdad. En términos fiscales, la debilidad institucional suele propiciar una baja recaudación tributaria entre aquellos contribuyentes que optan por no pagar impuestos aunque están en condiciones de hacerlo.
He allí el “Estado” que defiende y representa el viajero frecuente.
Las rebanadas del pastel
Más tardó Bucareli en negociar con el SME, que el porro Lozano en sacar el mazo y Blake en hacerse bolas con lo acordado en la mesa.
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