Leonardo Curzio / El Universal
Cada día me resulta más incomprensible el llamado del gobierno federal a un diálogo político para reevaluar y rediscutir la estrategia de seguridad desplegada por él mismo. No me opongo al diálogo, pero en este país nos hemos instalado en la infantil presunción de que las mesas de diálogo entre partidos son la solución de todos los problemas. Cuando un Estado enfrenta una emergencia, los partidos deben discutir los fundamentos de la política de seguridad, pero en serio y con planteamientos claros. Por ejemplo, el presidente Obama decidió que no era posible seguir la lucha contra el terrorismo usando la tortura y los mecanismos invasivos de la intimidad de los ciudadanos, como lo hizo Bush. Un cambio de estrategia es decidir que ya no se va a recurrir a ellos. En nuestro país es oprobioso escuchar voces que en tono de cura de aldea exigen replantear la estrategia, sin aportar elementos constructivos o, peor, sin señalar y menos asumir propias responsabilidades. Esa petición se ha convertido en un latiguillo sin contenido. En México, hasta donde mi memoria llega, las líneas generales de la estrategia fueron refrendadas en 2008 con el multicitado acuerdo de seguridad y justicia. El despliegue federal de fuerzas fue recientemente jaleado por la Conago en su reunión de Ciudad Victoria en junio de 2010. Pero no es todo, a nuestras veleidosas fuerzas políticas se les olvida que el nuevo modelo policiaco —en una nueva ley votada por todos los partidos— obliga a la coordinación entre niveles de gobierno, a la certificación de policías y la redacción de informes policiacos homologados y debería estarse aplicando en todo el país. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué parte de lo que aplaudían hace meses ya no creen funcional? La verdad es otra y lo que no se atreven a decir es que el problema es la falta de cumplimiento de los programas de modernización policiaca de cada una de las entidades.
No es el paradigma el que está a discusión, sino las capacidades del Estado en sus tres niveles para enfrentar las amenazas. Ya estuvo bien de marear la perdiz y con toda seriedad hay que decir quiénes no están cumpliendo. Empiezo por el gobierno federal, que ha retocado con buen criterio su actuación al incluir el tema de lavado de dinero. Ahora debería edificar las bases de un sistema de aduanas digno y no el adefesio burocrático actual que lo único que logra son colas incomprensibles para los turistas extranjeros en los aeropuertos, mientras vociferamos en todos los foros sobre la entrada ilegal de armas al país. Es una función directa e indelegable del gobierno federal que las aduanas tengan un funcionamiento aceptable. Es también labor del gobierno federal convocar a todos los gobernadores a discutir los avances y las debilidades, y no fomentar la elusión de responsabilidades. Ese es el foro apropiado para los problemas de seguridad, porque ahí se dan cita todos los que constitucionalmente están encomendados para coordinarse y ofrecer al ciudadano mínimos de seguridad. No creo que una foto con un dirigente partidista o todos juntos supla las funciones de un órgano colegiado del Estado. El problema nacional es de capacidades de gobierno y no de voluntades políticas que varían cual veleta. Durante el siglo XX los regímenes revolucionarios fueron incapaces de construir cuerpos de policía profesionales. Los gobiernos panistas han apostado por reforzar el aparato de seguridad. Sin embargo, las dimensiones del problema que hoy tenemos nos obligan a alinear las capacidades de los tres niveles de gobierno si es que queremos cambiar.
Hace días el procurador de la capital Miguel Ángel Mancera apuntó un hecho indiscutible y es que el DF, pese a todos sus problemas, no se ha plagado de violencia. Él lo atribuía a los mecanismos que el gobierno local ha desplegado y tiene razón. Si el gobierno federal no mirara con el recelo que ha visto al gobierno de la ciudad, reconocería que, a diferencia de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Coahuila y Durango, en la capital hay un gobierno que se hace cargo, incluso con celo, de sus competencias políticas y policiacas. Los gobiernos perredistas del DF han cometido muchos errores y abusos, pero no hay duda de que han ejercido el gobierno y eso se nota en su capacidad de mantener su propia policía, que no es modélica, pero tampoco es la de Torreón, Monterrey u otras ciudades de Nuevo León y Chihuahua. En el viejo orden político los gobernadores y los alcaldes estaban supeditados al control presidencial y por eso se acostumbraron a pedir ayuda al centro con cada problema. En el modelo actual no existe relación jerárquica entre gobiernos locales y el federal, pero cuando los problemas se recrudecen los gobernadores aparecen rebasados, incapaces de edificar las estructuras de gobierno elementales para que sus entidades sean habitables. ¿Cómo estarán los tiempos que las vilipendiadas policías capitalinas pueden marcar la diferencia con entidades en las que sus gobiernos están completamente borrados?
Analista político
Cada día me resulta más incomprensible el llamado del gobierno federal a un diálogo político para reevaluar y rediscutir la estrategia de seguridad desplegada por él mismo. No me opongo al diálogo, pero en este país nos hemos instalado en la infantil presunción de que las mesas de diálogo entre partidos son la solución de todos los problemas. Cuando un Estado enfrenta una emergencia, los partidos deben discutir los fundamentos de la política de seguridad, pero en serio y con planteamientos claros. Por ejemplo, el presidente Obama decidió que no era posible seguir la lucha contra el terrorismo usando la tortura y los mecanismos invasivos de la intimidad de los ciudadanos, como lo hizo Bush. Un cambio de estrategia es decidir que ya no se va a recurrir a ellos. En nuestro país es oprobioso escuchar voces que en tono de cura de aldea exigen replantear la estrategia, sin aportar elementos constructivos o, peor, sin señalar y menos asumir propias responsabilidades. Esa petición se ha convertido en un latiguillo sin contenido. En México, hasta donde mi memoria llega, las líneas generales de la estrategia fueron refrendadas en 2008 con el multicitado acuerdo de seguridad y justicia. El despliegue federal de fuerzas fue recientemente jaleado por la Conago en su reunión de Ciudad Victoria en junio de 2010. Pero no es todo, a nuestras veleidosas fuerzas políticas se les olvida que el nuevo modelo policiaco —en una nueva ley votada por todos los partidos— obliga a la coordinación entre niveles de gobierno, a la certificación de policías y la redacción de informes policiacos homologados y debería estarse aplicando en todo el país. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué parte de lo que aplaudían hace meses ya no creen funcional? La verdad es otra y lo que no se atreven a decir es que el problema es la falta de cumplimiento de los programas de modernización policiaca de cada una de las entidades.
No es el paradigma el que está a discusión, sino las capacidades del Estado en sus tres niveles para enfrentar las amenazas. Ya estuvo bien de marear la perdiz y con toda seriedad hay que decir quiénes no están cumpliendo. Empiezo por el gobierno federal, que ha retocado con buen criterio su actuación al incluir el tema de lavado de dinero. Ahora debería edificar las bases de un sistema de aduanas digno y no el adefesio burocrático actual que lo único que logra son colas incomprensibles para los turistas extranjeros en los aeropuertos, mientras vociferamos en todos los foros sobre la entrada ilegal de armas al país. Es una función directa e indelegable del gobierno federal que las aduanas tengan un funcionamiento aceptable. Es también labor del gobierno federal convocar a todos los gobernadores a discutir los avances y las debilidades, y no fomentar la elusión de responsabilidades. Ese es el foro apropiado para los problemas de seguridad, porque ahí se dan cita todos los que constitucionalmente están encomendados para coordinarse y ofrecer al ciudadano mínimos de seguridad. No creo que una foto con un dirigente partidista o todos juntos supla las funciones de un órgano colegiado del Estado. El problema nacional es de capacidades de gobierno y no de voluntades políticas que varían cual veleta. Durante el siglo XX los regímenes revolucionarios fueron incapaces de construir cuerpos de policía profesionales. Los gobiernos panistas han apostado por reforzar el aparato de seguridad. Sin embargo, las dimensiones del problema que hoy tenemos nos obligan a alinear las capacidades de los tres niveles de gobierno si es que queremos cambiar.
Hace días el procurador de la capital Miguel Ángel Mancera apuntó un hecho indiscutible y es que el DF, pese a todos sus problemas, no se ha plagado de violencia. Él lo atribuía a los mecanismos que el gobierno local ha desplegado y tiene razón. Si el gobierno federal no mirara con el recelo que ha visto al gobierno de la ciudad, reconocería que, a diferencia de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Coahuila y Durango, en la capital hay un gobierno que se hace cargo, incluso con celo, de sus competencias políticas y policiacas. Los gobiernos perredistas del DF han cometido muchos errores y abusos, pero no hay duda de que han ejercido el gobierno y eso se nota en su capacidad de mantener su propia policía, que no es modélica, pero tampoco es la de Torreón, Monterrey u otras ciudades de Nuevo León y Chihuahua. En el viejo orden político los gobernadores y los alcaldes estaban supeditados al control presidencial y por eso se acostumbraron a pedir ayuda al centro con cada problema. En el modelo actual no existe relación jerárquica entre gobiernos locales y el federal, pero cuando los problemas se recrudecen los gobernadores aparecen rebasados, incapaces de edificar las estructuras de gobierno elementales para que sus entidades sean habitables. ¿Cómo estarán los tiempos que las vilipendiadas policías capitalinas pueden marcar la diferencia con entidades en las que sus gobiernos están completamente borrados?
Analista político
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