Alfonso Zárate / El Universal
“La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades”: ministro Arturo Zaldívar
“El solo hecho de invitarme a formar parte de su gabinete, señor Presidente, constituye una distinción que mucho me honra. Su confianza constituye un enorme privilegio para mí. Pero tengo que decirle que es precisamente por mi aprecio y mi respeto hacia usted, señor Presidente, que me encuentro obligado a declinar su generosa propuesta. Yo no tengo ni la trayectoria ni los conocimientos ni la experiencia que son exigibles en ese encargo, por lo que no podría cumplirle a usted ni al país…”.
México sería un país más fuerte y más justo si a lo largo de tantos años, cientos, quizás miles de altos funcionarios hubieran tenido la sensatez, la hombría, para decirle “no” al presidente de la república. Si así hubiera sido, hoy no sufriríamos el agolpamiento de problemas que derivan de la improvisación, la ineptitud, la irresponsabilidad de quienes no supieron decirle “no” al presidente. La filocracia, el gobierno de los cuates, es una forma retorcida de ejercer el poder.
Entre las décadas de los cuarenta y los sesenta del siglo pasado, una buena parte de las carreras políticas se construyeron a pulso, a veces desde los ayuntamientos, otras desde escalones modestos de la administración pública federal. En las fuerzas armadas y en la SRE, por mandato de ley, y en otras dependencias, como Gobernación y Hacienda, por tradición, solían ocupar los más altos puestos, funcionarios con una larga y rica trayectoria, aunque no faltaban excepciones, la meritocracia era la regla; baste recordar a algunos secretarios de Hacienda: Hugo B. Margain, Gustavo Petriccioli, Mario Ramón Beteta, Jesús Silva Herzog Flores.
Se vale decir no. ¿Cómo puede aceptar alguien conducir estructuras complejas, con anchos tramos de control —subsecretarías, unidades, instituciones que le reportan directamente— cuando en su experiencia previa sólo han tenido bajo su mando directo a una secretaria y, quizás, algunos asistentes?, ¿Cómo, sin contar siquiera con rudimentos de administración pública?, ¿Cómo, si nunca estuvieron en su interés profesional ni personal las complejas materias que son la razón de ser del encargo que acepta?
La política, dicen unos, se hace con los amigos. Hace muchos años escuché a El Colorado Sánchez Mireles soltar la frase: “A mí me acusan de que cuando dirigí el ISSSTE beneficié a mis amigos. ¿Pos qué querían?, ¿que beneficiara a mis enemigos?”. El sofisma es evidente. Vale repetir la frase: “Es más fácil convertir en amigo a un funcionario honesto, capaz y patriota, que convertir a un amigo en funcionario honesto, capaz y patriota”.
El Presidente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, pero no es infalible y, si se equivoca, los propuestos tienen la obligación de decirle “no”. La alta administración pública no puede ser un lugar para que los amigos hagan sus prácticas profesionales con todo pagado.
El país necesita más funcionarios con la honestidad para reconocer sus deficiencias y la valentía para decirle “no” al presidente. La capacidad para reconocer las propias limitaciones debería de ser un atributo de quien aspira a una responsabilidad pública. Es imperativa una reforma constitucional que establezca la ratificación de los miembros del gabinete (al menos, de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía) por el Senado de la República, lo que obligaría a sustentar cada propuesta.
POSDATA. Ya se nombró al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), se trata de José Luis Vargas Valdez, un joven abogado con estudios y experiencia en esta materia.
Reemplaza a Arely Gómez González, una abogada que hizo mucho más que sus antecesores, a pesar de la astringencia de recursos humanos y técnicos y de las resistencias en los poderes Ejecutivo y Legislativo para concretar las reformas legales que se requieren para dotar a la Fepade de los instrumentos jurídicos que le permitan cumplir con mayor eficacia su función. Vargas no la tendrá fácil por eso y porque muchos actores usan acusaciones sin sustento como acciones electoreras y porque otros, desde el gobierno, quisieran convertir a la institución en alfil del juego político.
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
“La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades”: ministro Arturo Zaldívar
“El solo hecho de invitarme a formar parte de su gabinete, señor Presidente, constituye una distinción que mucho me honra. Su confianza constituye un enorme privilegio para mí. Pero tengo que decirle que es precisamente por mi aprecio y mi respeto hacia usted, señor Presidente, que me encuentro obligado a declinar su generosa propuesta. Yo no tengo ni la trayectoria ni los conocimientos ni la experiencia que son exigibles en ese encargo, por lo que no podría cumplirle a usted ni al país…”.
México sería un país más fuerte y más justo si a lo largo de tantos años, cientos, quizás miles de altos funcionarios hubieran tenido la sensatez, la hombría, para decirle “no” al presidente de la república. Si así hubiera sido, hoy no sufriríamos el agolpamiento de problemas que derivan de la improvisación, la ineptitud, la irresponsabilidad de quienes no supieron decirle “no” al presidente. La filocracia, el gobierno de los cuates, es una forma retorcida de ejercer el poder.
Entre las décadas de los cuarenta y los sesenta del siglo pasado, una buena parte de las carreras políticas se construyeron a pulso, a veces desde los ayuntamientos, otras desde escalones modestos de la administración pública federal. En las fuerzas armadas y en la SRE, por mandato de ley, y en otras dependencias, como Gobernación y Hacienda, por tradición, solían ocupar los más altos puestos, funcionarios con una larga y rica trayectoria, aunque no faltaban excepciones, la meritocracia era la regla; baste recordar a algunos secretarios de Hacienda: Hugo B. Margain, Gustavo Petriccioli, Mario Ramón Beteta, Jesús Silva Herzog Flores.
Se vale decir no. ¿Cómo puede aceptar alguien conducir estructuras complejas, con anchos tramos de control —subsecretarías, unidades, instituciones que le reportan directamente— cuando en su experiencia previa sólo han tenido bajo su mando directo a una secretaria y, quizás, algunos asistentes?, ¿Cómo, sin contar siquiera con rudimentos de administración pública?, ¿Cómo, si nunca estuvieron en su interés profesional ni personal las complejas materias que son la razón de ser del encargo que acepta?
La política, dicen unos, se hace con los amigos. Hace muchos años escuché a El Colorado Sánchez Mireles soltar la frase: “A mí me acusan de que cuando dirigí el ISSSTE beneficié a mis amigos. ¿Pos qué querían?, ¿que beneficiara a mis enemigos?”. El sofisma es evidente. Vale repetir la frase: “Es más fácil convertir en amigo a un funcionario honesto, capaz y patriota, que convertir a un amigo en funcionario honesto, capaz y patriota”.
El Presidente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, pero no es infalible y, si se equivoca, los propuestos tienen la obligación de decirle “no”. La alta administración pública no puede ser un lugar para que los amigos hagan sus prácticas profesionales con todo pagado.
El país necesita más funcionarios con la honestidad para reconocer sus deficiencias y la valentía para decirle “no” al presidente. La capacidad para reconocer las propias limitaciones debería de ser un atributo de quien aspira a una responsabilidad pública. Es imperativa una reforma constitucional que establezca la ratificación de los miembros del gabinete (al menos, de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía) por el Senado de la República, lo que obligaría a sustentar cada propuesta.
POSDATA. Ya se nombró al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), se trata de José Luis Vargas Valdez, un joven abogado con estudios y experiencia en esta materia.
Reemplaza a Arely Gómez González, una abogada que hizo mucho más que sus antecesores, a pesar de la astringencia de recursos humanos y técnicos y de las resistencias en los poderes Ejecutivo y Legislativo para concretar las reformas legales que se requieren para dotar a la Fepade de los instrumentos jurídicos que le permitan cumplir con mayor eficacia su función. Vargas no la tendrá fácil por eso y porque muchos actores usan acusaciones sin sustento como acciones electoreras y porque otros, desde el gobierno, quisieran convertir a la institución en alfil del juego político.
Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario
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