Francisco Rojas / EL Universal
Ya pasaron los distractores masivos, pero los problemas nacionales aún están allí y se agravan, como lo muestra la escalada de violencia del crimen organizado, que adquiere tintes de narcoterrorismo. Los mexicanos seguimos siendo rehenes de la inseguridad, la criminalidad, la marginación, el desempleo, la pobreza y la falta de competitividad de nuestra economía, que tienen al país en vilo y al borde de la desesperación.
Hay otra vez nuevos llamados del titular del Ejecutivo al diálogo y a la colaboración, que resurgen cuando hay descalabros, pero sin que las políticas públicas se alteren. Los cambios en el gabinete siguen la tónica sexenal, al parecer para allanar camino al “delfín” sucesorio, y las convocatorias al diálogo pueden volver a desvanecerse por falta de concreción y de iniciativas para emprender, por fin, la solución de los problemas.
La Constitución precisa las facultades de los poderes federales. Toca al Ejecutivo proponer y aplicar las políticas públicas para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas y su patrimonio, desarrollar la infraestructura, disminuir la marginación y la pobreza, mejorar la calidad educativa, apoyar el desarrollo tecnológico, prevenir desastres ecológicos e impulsar la economía, entre otras funciones. El Legislativo, por su parte, crea el marco jurídico apropiado, aprueba montos y destino de los recursos públicos, vigila su uso y evalúa los resultados.
Reiteramos: somos una oposición responsable, abierta al diálogo y a los acuerdos que beneficien a la población, pero queremos construirlos con el jefe del Estado, con el Presidente de todos los mexicanos, no con el líder de un partido. Respetamos las diferencias partidistas y las posiciones encontradas cuando son de buena fe, pero no aceptamos el doble juego. Ganar elecciones a cualquier costo usando la investidura para tal fin no propicia la búsqueda de coincidencias ni ataja la creciente polarización de la sociedad.
El PRI, como fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, analizará las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las de otras leyes, para determinar, junto con los otros grupos parlamentarios, en qué medida corresponden a la atención de los problemas nacionales y armonizan las necesidades sociales con las económicas, las demandas regionales con las sectoriales. Seremos receptivos a las iniciativas del Ejecutivo y, en la pluralidad del Congreso de la Unión, discutiremos y, en su caso, aprobaremos las que tengan madurez legislativa y el consenso necesarios.
Pero no será tarea fácil, porque la sociedad y en especial los priístas estamos agraviados por el asesinato de nuestro candidato en Tamaulipas, por la demora innecesaria de la ayuda a la población de los estados del noreste, por la falta o retraso de obras hidráulicas en el sureste, por el masivo y obvio uso de investiduras y recursos públicos en las pasadas elecciones, que mereció la condena del IFE; por los artificiales conflictos postelectorales y porque quieren trasladar al legislativo las oportunistas alianzas, lo que entorpecería posibles acuerdos y extendería hasta final del sexenio la esterilidad en la búsqueda de soluciones.
El agravio al adversario no propicia el clima adecuado para acuerdos y concertaciones. Al contrario, ahonda diferencias, rompe puentes de comunicación y cancela vías de entendimiento y cooperación. Todos los actores políticos debemos evitar la polarización como marco de nuestra actividad y superar nuestras legítimas discrepancias por medio del diálogo. La civilidad ciudadana en las elecciones del 4 de julio y la gestión de las inconformidades por la vía institucional son factores positivos para zanjar diferencias. Pero se requiere una gran voluntad política para contrarrestar los agravios, buscar la reconciliación nacional y recomponer el tejido social. Hace falta que la obsesión sucesoria no haga perder lo esencial.
Por nuestra parte, trabajaremos con responsabilidad, conscientes de que los beneficios a la sociedad son la brújula fundamental para orientar la función legislativa. La unidad del PRI se funda en la atención a las necesidades de las mayorías, la pluralidad de nuestra fracción parlamentaria garantiza el cuidado y la atención al mosaico económico, social y político de nuestro país. Cumpliremos con el mandato que nos ha impuesto la mayoría de la población.
Ya pasaron los distractores masivos, pero los problemas nacionales aún están allí y se agravan, como lo muestra la escalada de violencia del crimen organizado, que adquiere tintes de narcoterrorismo. Los mexicanos seguimos siendo rehenes de la inseguridad, la criminalidad, la marginación, el desempleo, la pobreza y la falta de competitividad de nuestra economía, que tienen al país en vilo y al borde de la desesperación.
Hay otra vez nuevos llamados del titular del Ejecutivo al diálogo y a la colaboración, que resurgen cuando hay descalabros, pero sin que las políticas públicas se alteren. Los cambios en el gabinete siguen la tónica sexenal, al parecer para allanar camino al “delfín” sucesorio, y las convocatorias al diálogo pueden volver a desvanecerse por falta de concreción y de iniciativas para emprender, por fin, la solución de los problemas.
La Constitución precisa las facultades de los poderes federales. Toca al Ejecutivo proponer y aplicar las políticas públicas para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas y su patrimonio, desarrollar la infraestructura, disminuir la marginación y la pobreza, mejorar la calidad educativa, apoyar el desarrollo tecnológico, prevenir desastres ecológicos e impulsar la economía, entre otras funciones. El Legislativo, por su parte, crea el marco jurídico apropiado, aprueba montos y destino de los recursos públicos, vigila su uso y evalúa los resultados.
Reiteramos: somos una oposición responsable, abierta al diálogo y a los acuerdos que beneficien a la población, pero queremos construirlos con el jefe del Estado, con el Presidente de todos los mexicanos, no con el líder de un partido. Respetamos las diferencias partidistas y las posiciones encontradas cuando son de buena fe, pero no aceptamos el doble juego. Ganar elecciones a cualquier costo usando la investidura para tal fin no propicia la búsqueda de coincidencias ni ataja la creciente polarización de la sociedad.
El PRI, como fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, analizará las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las de otras leyes, para determinar, junto con los otros grupos parlamentarios, en qué medida corresponden a la atención de los problemas nacionales y armonizan las necesidades sociales con las económicas, las demandas regionales con las sectoriales. Seremos receptivos a las iniciativas del Ejecutivo y, en la pluralidad del Congreso de la Unión, discutiremos y, en su caso, aprobaremos las que tengan madurez legislativa y el consenso necesarios.
Pero no será tarea fácil, porque la sociedad y en especial los priístas estamos agraviados por el asesinato de nuestro candidato en Tamaulipas, por la demora innecesaria de la ayuda a la población de los estados del noreste, por la falta o retraso de obras hidráulicas en el sureste, por el masivo y obvio uso de investiduras y recursos públicos en las pasadas elecciones, que mereció la condena del IFE; por los artificiales conflictos postelectorales y porque quieren trasladar al legislativo las oportunistas alianzas, lo que entorpecería posibles acuerdos y extendería hasta final del sexenio la esterilidad en la búsqueda de soluciones.
El agravio al adversario no propicia el clima adecuado para acuerdos y concertaciones. Al contrario, ahonda diferencias, rompe puentes de comunicación y cancela vías de entendimiento y cooperación. Todos los actores políticos debemos evitar la polarización como marco de nuestra actividad y superar nuestras legítimas discrepancias por medio del diálogo. La civilidad ciudadana en las elecciones del 4 de julio y la gestión de las inconformidades por la vía institucional son factores positivos para zanjar diferencias. Pero se requiere una gran voluntad política para contrarrestar los agravios, buscar la reconciliación nacional y recomponer el tejido social. Hace falta que la obsesión sucesoria no haga perder lo esencial.
Por nuestra parte, trabajaremos con responsabilidad, conscientes de que los beneficios a la sociedad son la brújula fundamental para orientar la función legislativa. La unidad del PRI se funda en la atención a las necesidades de las mayorías, la pluralidad de nuestra fracción parlamentaria garantiza el cuidado y la atención al mosaico económico, social y político de nuestro país. Cumpliremos con el mandato que nos ha impuesto la mayoría de la población.
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