Alejandra Cullen Benítez / Eje Central
El deterioro en las relaciones intergubernamentales va en aumento. Es una relación compleja y pobremente reglamentada. Su funcionamiento dependía de la capacidad de cohesión del presidente. Los apoyos o castigos variaban según el poder político y económico relativo de cada entidad y cada gobernador. Ahora las cosas son diferentes. La regulación es casi la misma, pero el presidente ya no tiene ni el poder, ni el dinero para castigar o premiar.
Se descentralizaron fondos sin control a cambio de reformas mínimas. Hoy, los estados tienen dinero, pocos requerimientos de transparencia, control sobre sus diputados y una seria crisis institucional, política y de seguridad.
El gobierno federal como rehén desesperado opta por una postura defensiva. Con una actitud déspota y poco receptiva, confronta y se aísla. En la desesperación descalifica a las autoridades locales y promueve reformas que recentralicen ciertas facultades. Estas tensiones se agravan con la guerra y las campañas.
La guerra fue unilateral desde el origen. Se declaró desde Los Pinos. Las masacres locales se minimizan y se achacan a las confrontaciones entre criminales y a la debilidad de los gobiernos locales. Se atienden con efectivos y con propuestas de centralización, nunca con propuestas de fortalecimiento institucional. Muestran poco respeto por gobernadores y alcaldes a los que visualizan como contrincantes políticos más que cómo aliados.
La austera interlocución federal marginó a los gobernadores que se quejan de la sordera presidencial. Los más cínicos, se retiraron y dejan al gobierno federal encargarse de su guerra y asumir el costo político.
La sociedad está en el vacío. Por ejemplo, en Juárez, hay por lo menos 3,500 homicidios sin investigar por ser producto del crimen organizado. Pero, la SIEDO, única autoridad técnica, jurídica y políticamente competente para atender estos delitos sólo tiene ahí dos detectives. Si esto es en Juárez, supuesto centro de atención presidencial ¿qué será en el resto del país?
Para complicar el escenario institucional, durante las elecciones, el gobierno federal y el PAN, centraron sus campañas en desprestigiar a los gobernadores. Los acusaron de virreyes, irresponsables, y demagogos. Los espiaron y hasta las participaciones federales les controlaron.
Olvidan que las autoridades locales, con todos sus defectos, fueron electas por la ciudadanía y son los únicos interlocutores. Hoy, los gobernadores no creen en el presidente e ignoran sus llamados a la unidad. Mientras, la violencia aumenta, la economía a penas se recupera, las instituciones locales avanzan poco, las federales pierden margen de maniobra para trabajar y, los mexicanos sobreviven o emigran.
Con el cambio en la secretaría de gobernación se esperaba una reestructura en la forma de trabajar. Era el momento de revisar estrategias, y renovar modelos de diálogo con partidos, actores políticos, ordenes de gobierno y con la sociedad. El primer anuncio fue “no habrá cambio en la estrategia”.
El país quedó en manos de un joven amigo del Presidente. Blake Mora no tiene ni la preparación, ni la cultura, ni la estatura, ni la experiencia y capital político, ni la interlocución y el conocimiento jurídico de Gómez Mont. Cómo premio por operar un desastre electoral en Baja California, lo trajeron a enderezar un barco encallado, pero con la misma estrategia.
Sólo hay una característica suya en la que podría aventajar a su antecesor: viene de un gobierno estatal. Es difícil creer que podrá hacerse cargo de todas las funciones de la secretaría. Para eso mantendrán a los subsecretarios cercanos al presidente que hagan el trabajo. Él deberá atender la estrategia de seguridad y si lo asume, puede ser que su visón local ayude.
Blake Mora, conoce los problemas de las entidades, las frustraciones de gobernadores y alcaldes. Entiende cómo el crimen organizado filtra instituciones y cuál es el margen para actuar. Sabe qué están dispuestos a ceder los gobiernos locales y dónde requieren presión externa para justificar cambios estructurales. Conoce la dinámica política local y debiera ser capaz de entender cómo desarrollar estrategias conjuntas. Conoce a los gobernadores y sus operadores tanto como las debilidades de la relación intergubernamental actual.
Si se cree estratega visionario, no habrá avances. Si entiende de operación política, lidiará con las posturas centralistas de García Luna. Aprovechará su experiencia estatal para enfocarse a la reconstrucción de la relación con los estados con trabajo, paciencia, diálogo, y respeto a sus interlocutores. Deberá promover el fortalecimiento de las instituciones locales, no su desaparición; centrarse en el combate a la impunidad, eje de la porosidad que permea el crimen organizado. Los estados necesitan ayuda, no críticas y golpeteos.
Reconstruir la relación con los gobiernos estatales puede generar provechosos resultados en las gobernabilidad nacional. El diálogo puede abrir el camino hacia reformas de fondo en diversos aspectos. Pero esto es posible sólo si se piensa al país como un conjunto de entidades, no como un rey sólo que pelea con enemigos territoriales.
El deterioro en las relaciones intergubernamentales va en aumento. Es una relación compleja y pobremente reglamentada. Su funcionamiento dependía de la capacidad de cohesión del presidente. Los apoyos o castigos variaban según el poder político y económico relativo de cada entidad y cada gobernador. Ahora las cosas son diferentes. La regulación es casi la misma, pero el presidente ya no tiene ni el poder, ni el dinero para castigar o premiar.
Se descentralizaron fondos sin control a cambio de reformas mínimas. Hoy, los estados tienen dinero, pocos requerimientos de transparencia, control sobre sus diputados y una seria crisis institucional, política y de seguridad.
El gobierno federal como rehén desesperado opta por una postura defensiva. Con una actitud déspota y poco receptiva, confronta y se aísla. En la desesperación descalifica a las autoridades locales y promueve reformas que recentralicen ciertas facultades. Estas tensiones se agravan con la guerra y las campañas.
La guerra fue unilateral desde el origen. Se declaró desde Los Pinos. Las masacres locales se minimizan y se achacan a las confrontaciones entre criminales y a la debilidad de los gobiernos locales. Se atienden con efectivos y con propuestas de centralización, nunca con propuestas de fortalecimiento institucional. Muestran poco respeto por gobernadores y alcaldes a los que visualizan como contrincantes políticos más que cómo aliados.
La austera interlocución federal marginó a los gobernadores que se quejan de la sordera presidencial. Los más cínicos, se retiraron y dejan al gobierno federal encargarse de su guerra y asumir el costo político.
La sociedad está en el vacío. Por ejemplo, en Juárez, hay por lo menos 3,500 homicidios sin investigar por ser producto del crimen organizado. Pero, la SIEDO, única autoridad técnica, jurídica y políticamente competente para atender estos delitos sólo tiene ahí dos detectives. Si esto es en Juárez, supuesto centro de atención presidencial ¿qué será en el resto del país?
Para complicar el escenario institucional, durante las elecciones, el gobierno federal y el PAN, centraron sus campañas en desprestigiar a los gobernadores. Los acusaron de virreyes, irresponsables, y demagogos. Los espiaron y hasta las participaciones federales les controlaron.
Olvidan que las autoridades locales, con todos sus defectos, fueron electas por la ciudadanía y son los únicos interlocutores. Hoy, los gobernadores no creen en el presidente e ignoran sus llamados a la unidad. Mientras, la violencia aumenta, la economía a penas se recupera, las instituciones locales avanzan poco, las federales pierden margen de maniobra para trabajar y, los mexicanos sobreviven o emigran.
Con el cambio en la secretaría de gobernación se esperaba una reestructura en la forma de trabajar. Era el momento de revisar estrategias, y renovar modelos de diálogo con partidos, actores políticos, ordenes de gobierno y con la sociedad. El primer anuncio fue “no habrá cambio en la estrategia”.
El país quedó en manos de un joven amigo del Presidente. Blake Mora no tiene ni la preparación, ni la cultura, ni la estatura, ni la experiencia y capital político, ni la interlocución y el conocimiento jurídico de Gómez Mont. Cómo premio por operar un desastre electoral en Baja California, lo trajeron a enderezar un barco encallado, pero con la misma estrategia.
Sólo hay una característica suya en la que podría aventajar a su antecesor: viene de un gobierno estatal. Es difícil creer que podrá hacerse cargo de todas las funciones de la secretaría. Para eso mantendrán a los subsecretarios cercanos al presidente que hagan el trabajo. Él deberá atender la estrategia de seguridad y si lo asume, puede ser que su visón local ayude.
Blake Mora, conoce los problemas de las entidades, las frustraciones de gobernadores y alcaldes. Entiende cómo el crimen organizado filtra instituciones y cuál es el margen para actuar. Sabe qué están dispuestos a ceder los gobiernos locales y dónde requieren presión externa para justificar cambios estructurales. Conoce la dinámica política local y debiera ser capaz de entender cómo desarrollar estrategias conjuntas. Conoce a los gobernadores y sus operadores tanto como las debilidades de la relación intergubernamental actual.
Si se cree estratega visionario, no habrá avances. Si entiende de operación política, lidiará con las posturas centralistas de García Luna. Aprovechará su experiencia estatal para enfocarse a la reconstrucción de la relación con los estados con trabajo, paciencia, diálogo, y respeto a sus interlocutores. Deberá promover el fortalecimiento de las instituciones locales, no su desaparición; centrarse en el combate a la impunidad, eje de la porosidad que permea el crimen organizado. Los estados necesitan ayuda, no críticas y golpeteos.
Reconstruir la relación con los gobiernos estatales puede generar provechosos resultados en las gobernabilidad nacional. El diálogo puede abrir el camino hacia reformas de fondo en diversos aspectos. Pero esto es posible sólo si se piensa al país como un conjunto de entidades, no como un rey sólo que pelea con enemigos territoriales.
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