MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA - PERIÓDICO REFORMA
Los muchachos amigos del presidente Calderón montaron el viernes por la mañana un bonito espectáculo para documentar nuestro optimismo. Los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; el de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y el del Trabajo (cuyo nombre no escribo para evitar que me desmienta) dibujaron un alentador panorama de la recuperación mexicana. Por el bien de todos, es deseable que tengan razón, que sus cifras se apeguen a la realidad, que el pronóstico basado en ellas sea certero y no que todo resulte condicionado, como lo hizo Cordero, a la aprobación de las reformas que todos necesitamos.
Hay motivos para poner en duda las cuentas presentadas anteayer, sin más motivo que mostrar que algo funciona en la Administración federal. De acuerdo con el pianista que cobra como secretario del Trabajo hubo setenta mil nuevas inscripciones en el Seguro Social sólo en la primera quincena de marzo, y en lo que va del año la suma es de 234,255. La cifra es levemente superior a los 231 mil empleos perdidos en los dos años anteriores. De modo que la crisis en esa materia ha sido superada pues se recuperaron todas las plazas perdidas y hasta hay un pequeño superávit. Hubiera correspondido al director del IMSS, Daniel Karam, allí presente, ofrecer esos números, que son de su estricto resorte, pero el protagonismo del titular del Trabajo lo privó de la materia que debía desarrollo y tuvo que guardar silencio.
No lo hizo, en cambio, el Banco de México, que en su anuncio de política monetaria estableció que si bien ha habido recuperación en ese rubro, el empleo no llega todavía al nivel de 2008 (año de importante pérdida de puestos se trabajo). La falta de concordancia de las cifras conduce por un lado a solicitar que esas fuentes de información cotejen sus números para ver por qué no cuadran; y por otro lado al escepticismo sobre el valor de esos datos. Es casi obligado poner en duda la información gubernamental dado que, como nunca, está mostrada la capacidad gubernamental para no conducirse con veracidad.
En materia tan sensible y tan expuesta a la luz pública como la seguridad en Ciudad Juárez el secretario Genaro García Luna, tuvo la osadía de afirmar sobre el terreno que ha disminuido en 40% el número de homicidios en aquella población. Los datos oficiales de la Procuraduría de justicia de Chihuahua lo desmienten, porque se basan en información ministerial, la recogida en cada caso en que una persona pierde la vida. Hasta anteayer viernes, habían sido asesinadas 536 personas en lo que va del año, cien más de las habidas en el mismo periodo (primero de enero a 19 de marzo) del año anterior. Por su parte, el Observatorio de seguridad y convivencia ciudadana ha mostrado semejante tendencia en los feminicidios, atroz fenómeno que no ha dejado de ocurrir pero ha sido velado por el descomunal incremento de la violencia generalizada: en 2007 fueron asesinadas 30 mujeres, la cifra creció a 96 al año siguiente y en 2009 el aumento fue enorme: llegó a 163.
Los motivos para no conceder crédito a las afirmaciones gubernamentales aparecen por doquier. Contra la ufana proclamación de que las operaciones conjuntas en varios estados de la República están ganando la batalla contra la delincuencia organiza se erige la terrible evidencia contraria. El pasado fin de semana, que incluyó el asueto correspondiente al día de hoy, fue el escenario propicio para que la violencia estallara en Acapulco, en las mismas calles donde transitaban los turistas mexicanos y extranjeros que, por fortuna, no se sienten intimidados y llegan a disfrutar de la hermosa bahía. En ese puerto y en Guerrero en tres días sumaron decenas los muertos a balazos; sólo en “el paraíso del Pacífico” cayeron 32 víctimas en ese brevísimo lapso.
En la misma semana la inseguridad creció en Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León. En la entidad del Pacífico, donde según la denuncia del diputado Manuel Clouthier se solapa al crimen organizado, Mazatlán conoció violencia inusitada y en el Golfo se reiteró la inseguridad que es ya parte del paisaje. En Monterrey, sin embargo, ocurrieron los episodios más inquietantes de la semana en esa materia. Durante dos días consecutivos delincuentes robaron (y en el primer día incendiaron) vehículos utilizados después como barricadas para interrumpir el tránsito en carreteras y calles de la gran urbe regia. La magnitud de la operación -medio centenar de bloqueos en 48 horas- constituyó un desafío, al mismo tiempo que una demostración de fuerza, que incluyó un ataque ante la sede principal del Tecnológico de Monterrey y también la participación de agentes municipales, conocidos ya como polizetas por su presunta complicidad con el grupo de matones que recorre el norte sin limitación alguna.
Chihuahua siguió siendo espacio privilegiado de la delincuencia, que se mueve con una facilidad asombrosa: el lunes pasado un convoy de quince vehículos recorrió el municipio de Bocoyna y asesinó a ocho personas en Creel -enclave serrano ya castigado repetidas veces- y San Juanico. Y en una nueva demostración de que el narcotráfico propicia la realización de otros delitos, fue secuestrado Pablo Cuarón Fernández, hijo de Pablo Cuarón Galindo, que fue precandidato del PAN al Gobierno del Estado. Se vincule o no el grave suceso al reciente activismo político de ese empresario, su efecto se suma a la creciente convicción de que las autoridades llegaron al límite de su capacidad para garantizar a los gobernados una vida tranquila. Es el clima psicosocial idóneo para que se espere de fuera el remedio a una situación que no puede corregida desde dentro, agotado como parece el que debió ser el recurso extremo y al que se acudió prematuramente, la fuerza militar.
Por eso se espera que las aparatosas redadas de agencias policiales norteamericanas más allá de la frontera tengan efectos en nuestro territorio. La muerte de una empleada del consulado norteamericano en Juárez, y su esposo, guardia de un penal en El Paso, y el marido mexicano de otra empleada de la oficina consular, ha transformado los términos en que se produce y en que se combate la inseguridad en la frontera. Aunque no son los primeros ciudadanos de aquel País privados de la vida en el nuestro, el Gobierno de los Estados Unidos ha conferido especial importancia a este grave suceso. Cobró velocidad la hipótesis de que los asesinos de estas tres personas son miembros de bandas que proliferan en Texas y en Nuevo México. Son muchas y han actuado durante mucho tiempo pero sólo ahora, súbitamente, se les reconoce importancia y capacidad para poner en obra un designio propio o de quienes probablemente las instruyeron para cometer ese triple homicidio.
Las acciones de aquel lado tendrán efectos en Juárez y tendrá que organizarse un mecanismo para la actuación conjunta de fuerzas policiales en esa ciudad. Es una verdad sabida que agentes de la DEA y de otras corporaciones mexicanas actúan en nuestro suelo con autorización expresa o de las autoridades mexicanas o con su disimulo. En estos días se ha rendido homenaje, incluyendo la revelación de un monumento a su memoria, a Enrique Camarena Salazar, miembro de la Drug Enforcement Agence, que radicado en Guadalajara realizaba investigaciones directas sobre narcotraficantes mexicanos. Su asesinato, ocurrido hace un cuarto de siglo, derivó precisamente de haber localizado un gigantesco plantío de marihuana en Chihuahua, en el rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, que por eso ordenó su muerte al cabo de una tortura inmisericorde.
Pasado mañana estarán en México la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, incluidos el secretario de la Defensa Robert Gates, y la secretaria de seguridad interna Janet Napolitano. Si bien su presencia aquí estaba organizada con anterioridad a la actual coyuntura y se relaciona con la aplicación de la Iniciativa Mérida, es claro que las conversaciones que sostengan con sus equivalentes mexicanos no podrá soslayar la actual coyuntura fronteriza. Tampoco será ajena a esa circunstancia la primera visita de Estado a Washington que protagonice el presidente Calderón. Aunque ocurrirá el 19 de mayo, haberla anunciado ahora, dos meses antes, indica la precaria posición del Gobierno de México ante el de Washington.
Los muchachos amigos del presidente Calderón montaron el viernes por la mañana un bonito espectáculo para documentar nuestro optimismo. Los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; el de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y el del Trabajo (cuyo nombre no escribo para evitar que me desmienta) dibujaron un alentador panorama de la recuperación mexicana. Por el bien de todos, es deseable que tengan razón, que sus cifras se apeguen a la realidad, que el pronóstico basado en ellas sea certero y no que todo resulte condicionado, como lo hizo Cordero, a la aprobación de las reformas que todos necesitamos.
Hay motivos para poner en duda las cuentas presentadas anteayer, sin más motivo que mostrar que algo funciona en la Administración federal. De acuerdo con el pianista que cobra como secretario del Trabajo hubo setenta mil nuevas inscripciones en el Seguro Social sólo en la primera quincena de marzo, y en lo que va del año la suma es de 234,255. La cifra es levemente superior a los 231 mil empleos perdidos en los dos años anteriores. De modo que la crisis en esa materia ha sido superada pues se recuperaron todas las plazas perdidas y hasta hay un pequeño superávit. Hubiera correspondido al director del IMSS, Daniel Karam, allí presente, ofrecer esos números, que son de su estricto resorte, pero el protagonismo del titular del Trabajo lo privó de la materia que debía desarrollo y tuvo que guardar silencio.
No lo hizo, en cambio, el Banco de México, que en su anuncio de política monetaria estableció que si bien ha habido recuperación en ese rubro, el empleo no llega todavía al nivel de 2008 (año de importante pérdida de puestos se trabajo). La falta de concordancia de las cifras conduce por un lado a solicitar que esas fuentes de información cotejen sus números para ver por qué no cuadran; y por otro lado al escepticismo sobre el valor de esos datos. Es casi obligado poner en duda la información gubernamental dado que, como nunca, está mostrada la capacidad gubernamental para no conducirse con veracidad.
En materia tan sensible y tan expuesta a la luz pública como la seguridad en Ciudad Juárez el secretario Genaro García Luna, tuvo la osadía de afirmar sobre el terreno que ha disminuido en 40% el número de homicidios en aquella población. Los datos oficiales de la Procuraduría de justicia de Chihuahua lo desmienten, porque se basan en información ministerial, la recogida en cada caso en que una persona pierde la vida. Hasta anteayer viernes, habían sido asesinadas 536 personas en lo que va del año, cien más de las habidas en el mismo periodo (primero de enero a 19 de marzo) del año anterior. Por su parte, el Observatorio de seguridad y convivencia ciudadana ha mostrado semejante tendencia en los feminicidios, atroz fenómeno que no ha dejado de ocurrir pero ha sido velado por el descomunal incremento de la violencia generalizada: en 2007 fueron asesinadas 30 mujeres, la cifra creció a 96 al año siguiente y en 2009 el aumento fue enorme: llegó a 163.
Los motivos para no conceder crédito a las afirmaciones gubernamentales aparecen por doquier. Contra la ufana proclamación de que las operaciones conjuntas en varios estados de la República están ganando la batalla contra la delincuencia organiza se erige la terrible evidencia contraria. El pasado fin de semana, que incluyó el asueto correspondiente al día de hoy, fue el escenario propicio para que la violencia estallara en Acapulco, en las mismas calles donde transitaban los turistas mexicanos y extranjeros que, por fortuna, no se sienten intimidados y llegan a disfrutar de la hermosa bahía. En ese puerto y en Guerrero en tres días sumaron decenas los muertos a balazos; sólo en “el paraíso del Pacífico” cayeron 32 víctimas en ese brevísimo lapso.
En la misma semana la inseguridad creció en Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León. En la entidad del Pacífico, donde según la denuncia del diputado Manuel Clouthier se solapa al crimen organizado, Mazatlán conoció violencia inusitada y en el Golfo se reiteró la inseguridad que es ya parte del paisaje. En Monterrey, sin embargo, ocurrieron los episodios más inquietantes de la semana en esa materia. Durante dos días consecutivos delincuentes robaron (y en el primer día incendiaron) vehículos utilizados después como barricadas para interrumpir el tránsito en carreteras y calles de la gran urbe regia. La magnitud de la operación -medio centenar de bloqueos en 48 horas- constituyó un desafío, al mismo tiempo que una demostración de fuerza, que incluyó un ataque ante la sede principal del Tecnológico de Monterrey y también la participación de agentes municipales, conocidos ya como polizetas por su presunta complicidad con el grupo de matones que recorre el norte sin limitación alguna.
Chihuahua siguió siendo espacio privilegiado de la delincuencia, que se mueve con una facilidad asombrosa: el lunes pasado un convoy de quince vehículos recorrió el municipio de Bocoyna y asesinó a ocho personas en Creel -enclave serrano ya castigado repetidas veces- y San Juanico. Y en una nueva demostración de que el narcotráfico propicia la realización de otros delitos, fue secuestrado Pablo Cuarón Fernández, hijo de Pablo Cuarón Galindo, que fue precandidato del PAN al Gobierno del Estado. Se vincule o no el grave suceso al reciente activismo político de ese empresario, su efecto se suma a la creciente convicción de que las autoridades llegaron al límite de su capacidad para garantizar a los gobernados una vida tranquila. Es el clima psicosocial idóneo para que se espere de fuera el remedio a una situación que no puede corregida desde dentro, agotado como parece el que debió ser el recurso extremo y al que se acudió prematuramente, la fuerza militar.
Por eso se espera que las aparatosas redadas de agencias policiales norteamericanas más allá de la frontera tengan efectos en nuestro territorio. La muerte de una empleada del consulado norteamericano en Juárez, y su esposo, guardia de un penal en El Paso, y el marido mexicano de otra empleada de la oficina consular, ha transformado los términos en que se produce y en que se combate la inseguridad en la frontera. Aunque no son los primeros ciudadanos de aquel País privados de la vida en el nuestro, el Gobierno de los Estados Unidos ha conferido especial importancia a este grave suceso. Cobró velocidad la hipótesis de que los asesinos de estas tres personas son miembros de bandas que proliferan en Texas y en Nuevo México. Son muchas y han actuado durante mucho tiempo pero sólo ahora, súbitamente, se les reconoce importancia y capacidad para poner en obra un designio propio o de quienes probablemente las instruyeron para cometer ese triple homicidio.
Las acciones de aquel lado tendrán efectos en Juárez y tendrá que organizarse un mecanismo para la actuación conjunta de fuerzas policiales en esa ciudad. Es una verdad sabida que agentes de la DEA y de otras corporaciones mexicanas actúan en nuestro suelo con autorización expresa o de las autoridades mexicanas o con su disimulo. En estos días se ha rendido homenaje, incluyendo la revelación de un monumento a su memoria, a Enrique Camarena Salazar, miembro de la Drug Enforcement Agence, que radicado en Guadalajara realizaba investigaciones directas sobre narcotraficantes mexicanos. Su asesinato, ocurrido hace un cuarto de siglo, derivó precisamente de haber localizado un gigantesco plantío de marihuana en Chihuahua, en el rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, que por eso ordenó su muerte al cabo de una tortura inmisericorde.
Pasado mañana estarán en México la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, incluidos el secretario de la Defensa Robert Gates, y la secretaria de seguridad interna Janet Napolitano. Si bien su presencia aquí estaba organizada con anterioridad a la actual coyuntura y se relaciona con la aplicación de la Iniciativa Mérida, es claro que las conversaciones que sostengan con sus equivalentes mexicanos no podrá soslayar la actual coyuntura fronteriza. Tampoco será ajena a esa circunstancia la primera visita de Estado a Washington que protagonice el presidente Calderón. Aunque ocurrirá el 19 de mayo, haberla anunciado ahora, dos meses antes, indica la precaria posición del Gobierno de México ante el de Washington.
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