Jorge A. Chávez Presa / El Universal
La economía mexicana requiere adecuar y reorganizar su mercado laboral. Así lo muestran los datos sobre la población económicamente activa (PEA); empleo; creación y cierre de empresas; seguridad social y crecimiento económico. Más aún, posiblemente uno de los datos más preocupantes es el del incremento brutal del empleo informal.
Esto obliga a romper un círculo vicioso que se ha alojado en la economía mexicana: es el de bajo crecimiento económico, baja inversión y poco empleo. Es un círculo que no se ha podido romper desde hace casi ya 30 años. La tasa de crecimiento económico de 1982 a 2009 es tan baja (0.4% anual por habitante), que de seguir así requeriríamos 174 años para duplicar el producto interno bruto por habitante. Esto es inaceptable por insostenible.
En ese periodo se han reordenado las finanzas públicas, aunque sin lograr fortalecer la hacienda pública; se ha abierto la economía con tratados comerciales, promoviendo el desarrollo de un sector manufacturero exportador muy dinámico; ha pasado a la historia el Estado propietario con un proceso muy intenso de venta de empresas que van desde la telefonía, aviación, siderúrgica, bancos a hoteles y centros de entretenimiento, aunque con un sector energético abierto ligeramente, sigue siendo propio de una economía de planificación centralizada.
No obstante estos cambios que llegaron a su clímax hasta 1995 con la reforma a la ley del IMSS, el país sigue sin retomar una senda de crecimiento económico sostenido que cree empleo. ¿Dónde están los problemas? Cada una de las reformas que se les ha catalogado como estructural (la de la hacienda pública, la de la seguridad social, la laboral, la de salud, la energética, la de seguridad) es necesaria, pero son insuficientes en lo individual. Sin embargo, transformaciones relevantes y coordinadas en todos estos campos sí pueden llegar a ser suficientes en su conjunto para un mayor crecimiento de las actividades productivas. Los frenos y lastres están en muchos ámbitos, sectores y regiones, pero uno en el que no puede seguir posponiéndose es el laboral.
Mientras que la PEA —aquella mayor de 14 años que forma parte del mercado laboral con un empleo o que está en busca de uno—, ha aumentado en más de 10 millones de personas de 2000 a 2009, el número de trabajadores asegurados al IMSS para ese mismo periodo ha aumentado en tan sólo 1.6 millones de trabajadores. De esta cantidad 1.2 millones han sido asegurados permanentes y el resto han sido eventuales.
Desde que empezó a registrarse esta estadística a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2000, al cuarto trimestre de 2009, el aumento ha sido de 2.3 millones, con lo que el monto absoluto llega a 12.6 millones de personas ocupadas en la informalidad. Sin embargo, hay un salto impresionante en la ocupación informal a partir del cuarto trimestre de 2008 que llega a un millón al último de 2009. Por primera vez en la historia el número de asegurados permanentes del IMSS que en febrero pasado registró 12.4 millones de trabajadores fue inferior al de la informalidad.
La informalidad tiene todas las desventajas posibles. Por su situación jurídica difícilmente atrae inversiones importantes; ergo es de baja productividad laboral. No fomenta el avance y desarrollo tecnológico, por lo tanto perpetúa el rezago frente a economías formales que sí lo pueden hacer. Impide la creación de sistemas para el retiro, por lo tanto no tiene cabida para extender la seguridad social. Su estatus informal lo aleja del sistema financiero, y en consecuencia también lo inhibe a contribuir para la hacienda pública, lo que es a fin de cuentas restringir la oferta y calidad de los bienes y servicios públicos en detrimento de la formación de capital humano y de la infraestructura indispensable para crecer.
Tenemos que repensar la economía mexicana y tener un modelo orientado al crecimiento económico y el empleo dentro de la formalidad. Esta es la gran oportunidad que tenemos para fortalecer el estado de derecho y para vivir dentro de un Estado auténticamente democrático.
Parte de la respuesta a favor del crecimiento económico estará en la manera en que concretemos una amplia y profunda reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la seguridad social, a los sistemas de saludo, y desde luego a la de la hacienda pública, que responda al modelo de Estado que buscamos para proteger y promover el interés público a favor de generalizar mejores niveles de vida de la población mexicana.
Economista
La economía mexicana requiere adecuar y reorganizar su mercado laboral. Así lo muestran los datos sobre la población económicamente activa (PEA); empleo; creación y cierre de empresas; seguridad social y crecimiento económico. Más aún, posiblemente uno de los datos más preocupantes es el del incremento brutal del empleo informal.
Esto obliga a romper un círculo vicioso que se ha alojado en la economía mexicana: es el de bajo crecimiento económico, baja inversión y poco empleo. Es un círculo que no se ha podido romper desde hace casi ya 30 años. La tasa de crecimiento económico de 1982 a 2009 es tan baja (0.4% anual por habitante), que de seguir así requeriríamos 174 años para duplicar el producto interno bruto por habitante. Esto es inaceptable por insostenible.
En ese periodo se han reordenado las finanzas públicas, aunque sin lograr fortalecer la hacienda pública; se ha abierto la economía con tratados comerciales, promoviendo el desarrollo de un sector manufacturero exportador muy dinámico; ha pasado a la historia el Estado propietario con un proceso muy intenso de venta de empresas que van desde la telefonía, aviación, siderúrgica, bancos a hoteles y centros de entretenimiento, aunque con un sector energético abierto ligeramente, sigue siendo propio de una economía de planificación centralizada.
No obstante estos cambios que llegaron a su clímax hasta 1995 con la reforma a la ley del IMSS, el país sigue sin retomar una senda de crecimiento económico sostenido que cree empleo. ¿Dónde están los problemas? Cada una de las reformas que se les ha catalogado como estructural (la de la hacienda pública, la de la seguridad social, la laboral, la de salud, la energética, la de seguridad) es necesaria, pero son insuficientes en lo individual. Sin embargo, transformaciones relevantes y coordinadas en todos estos campos sí pueden llegar a ser suficientes en su conjunto para un mayor crecimiento de las actividades productivas. Los frenos y lastres están en muchos ámbitos, sectores y regiones, pero uno en el que no puede seguir posponiéndose es el laboral.
Mientras que la PEA —aquella mayor de 14 años que forma parte del mercado laboral con un empleo o que está en busca de uno—, ha aumentado en más de 10 millones de personas de 2000 a 2009, el número de trabajadores asegurados al IMSS para ese mismo periodo ha aumentado en tan sólo 1.6 millones de trabajadores. De esta cantidad 1.2 millones han sido asegurados permanentes y el resto han sido eventuales.
Desde que empezó a registrarse esta estadística a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2000, al cuarto trimestre de 2009, el aumento ha sido de 2.3 millones, con lo que el monto absoluto llega a 12.6 millones de personas ocupadas en la informalidad. Sin embargo, hay un salto impresionante en la ocupación informal a partir del cuarto trimestre de 2008 que llega a un millón al último de 2009. Por primera vez en la historia el número de asegurados permanentes del IMSS que en febrero pasado registró 12.4 millones de trabajadores fue inferior al de la informalidad.
La informalidad tiene todas las desventajas posibles. Por su situación jurídica difícilmente atrae inversiones importantes; ergo es de baja productividad laboral. No fomenta el avance y desarrollo tecnológico, por lo tanto perpetúa el rezago frente a economías formales que sí lo pueden hacer. Impide la creación de sistemas para el retiro, por lo tanto no tiene cabida para extender la seguridad social. Su estatus informal lo aleja del sistema financiero, y en consecuencia también lo inhibe a contribuir para la hacienda pública, lo que es a fin de cuentas restringir la oferta y calidad de los bienes y servicios públicos en detrimento de la formación de capital humano y de la infraestructura indispensable para crecer.
Tenemos que repensar la economía mexicana y tener un modelo orientado al crecimiento económico y el empleo dentro de la formalidad. Esta es la gran oportunidad que tenemos para fortalecer el estado de derecho y para vivir dentro de un Estado auténticamente democrático.
Parte de la respuesta a favor del crecimiento económico estará en la manera en que concretemos una amplia y profunda reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la seguridad social, a los sistemas de saludo, y desde luego a la de la hacienda pública, que responda al modelo de Estado que buscamos para proteger y promover el interés público a favor de generalizar mejores niveles de vida de la población mexicana.
Economista
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