Miguel Carbonell / El Universal
Las declaraciones del ex zar antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Barry McCaffrey, vinieron a recordarnos algo que ya sabíamos: vivir en Ciudad Juárez es más peligroso que vivir en Kabul o en Bagdad (EL UNIVERSAL 23 de marzo de 2010).
Los saldos de la “guerra” contra el narco son cada vez más impresionantes. Hemos pasado de tener mil 80 personas ejecutadas en el año 2001, hasta la increíble cifra de 7 mil 724 ejecuciones en el año 2009. Durante los primeros dos meses y medio de 2010 ya se han superado las 2 mil 800 ejecuciones (más de 250 se produjeron la semana pasada, la más sangrienta desde 2006).
La enorme indignación pública que ha causado la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es solamente la gota que derrama el vaso de una sociedad cuyas perspectivas parecen cerrarse cada día. Por una parte tenemos un Estado que parece inerme y que, cuando actúa, no siempre lo hace bien; por otro lado, nos amenazan las redes criminales y mafiosas de los cárteles que siguen obteniendo miles de millones de dólares por traficar las muchas toneladas de droga que se consumen año con año en Estados Unidos. En medio del fuego cruzado está la sociedad mexicana, abatida y temerosa.
Aunque el epicentro de la violencia que es Ciudad Juárez (2 mil 635 ejecutados durante 2009 en ese municipio), no permite advertir la gravedad de la situación en otras partes del país, lo cierto es que el fuego cruzado se sigue extendiendo. Policías y militares mexicanos están librando una lucha sin cuartel, heroica en muchos casos. También, desgraciadamente, hay oficiales públicos que trabajan para el narco y que están hasta el cuello de corrupción y podredumbre. Ha habido excesos, violaciones de derechos humanos, torturas. Todo eso se ha documentado y la sociedad debe estar atenta para que no se queden impunes esos abusos.
Pero debemos también proponer medidas que nos hagan mirar más allá de la penosa, dramática situación en la que nos encontramos. Una de ellas acaba de ser solicitada por la Conago al Congreso de la Unión: modificar el artículo 115 constitucional para efecto de “desaparecer” las corporaciones policiacas municipales y avanzar hacia un esquema de policías estatales con 32 mandos a nivel nacional. Se trata de una idea que va en la línea de lo que ha propuesto desde hace tiempo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El punto es interesante precisamente porque la mayor vulnerabilidad (no la única) del Estado mexicano frente a la delincuencia se ha dado en ese primer nivel de gobierno.
Atender los temas locales de inseguridad debe ser una prioridad absoluta, dado que 93% de todos los delitos cometidos en México son de competencia local. Las policías municipales y estatales representan 91% del total de la fuerza disponible en el país, pero su equipamiento y su capacitación son bastante precarios.
Algunos datos ilustran bien la debilidad de los cuerpos policiacos locales: 40% de los policías municipales gana menos de 4 mil pesos al mes, 38% gana entre 4 y 10 mil pesos; solamente 0.7% gana más de 10 mil pesos mensuales. El 55% de ellos tiene una instrucción equivalente o inferior a primaria. El 70% de ellos tiene un nivel inferior a los 10 años de escolaridad (en Estados Unidos los policías tienen, en promedio, dos años de estudios universitarios). La Auditoría Superior de la Federación sostuvo en 2007 que solamente uno de cada cuatro policías locales tuvieron algún tipo de capacitación.
Esa es la realidad que tenemos frente a nosotros. La gran pregunta que le hace la Conago al Congreso de la Unión es si vale la pena caminar hacia un esquema de mayor concentración de responsabilidades y, se supone, de más simple rendición de cuentas (no es lo mismo exigirle a 32 jefes policiacos estatales que a los 2 mil 500 jefes de policía municipal que hoy tenemos en México).
Con independencia de la mejor manera en que se distribuyan las competencias policiacas, también habrá que trabajar en dos asuntos complementarios e igualmente importantes: a) hacer de la profesión policial algo digno, bien reconocido socialmente y con un sueldo adecuado; b) contribuir desde la sociedad civil en el combate a la inseguridad, por medio de un debate público bien fundamentado y, sobre todo, a través de la denuncia permanente cuando seamos víctimas o testigos de un delito. El Estado mexicano no puede solo. La sociedad debe poner de su parte. Lo que está en juego es el país.
Las declaraciones del ex zar antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Barry McCaffrey, vinieron a recordarnos algo que ya sabíamos: vivir en Ciudad Juárez es más peligroso que vivir en Kabul o en Bagdad (EL UNIVERSAL 23 de marzo de 2010).
Los saldos de la “guerra” contra el narco son cada vez más impresionantes. Hemos pasado de tener mil 80 personas ejecutadas en el año 2001, hasta la increíble cifra de 7 mil 724 ejecuciones en el año 2009. Durante los primeros dos meses y medio de 2010 ya se han superado las 2 mil 800 ejecuciones (más de 250 se produjeron la semana pasada, la más sangrienta desde 2006).
La enorme indignación pública que ha causado la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es solamente la gota que derrama el vaso de una sociedad cuyas perspectivas parecen cerrarse cada día. Por una parte tenemos un Estado que parece inerme y que, cuando actúa, no siempre lo hace bien; por otro lado, nos amenazan las redes criminales y mafiosas de los cárteles que siguen obteniendo miles de millones de dólares por traficar las muchas toneladas de droga que se consumen año con año en Estados Unidos. En medio del fuego cruzado está la sociedad mexicana, abatida y temerosa.
Aunque el epicentro de la violencia que es Ciudad Juárez (2 mil 635 ejecutados durante 2009 en ese municipio), no permite advertir la gravedad de la situación en otras partes del país, lo cierto es que el fuego cruzado se sigue extendiendo. Policías y militares mexicanos están librando una lucha sin cuartel, heroica en muchos casos. También, desgraciadamente, hay oficiales públicos que trabajan para el narco y que están hasta el cuello de corrupción y podredumbre. Ha habido excesos, violaciones de derechos humanos, torturas. Todo eso se ha documentado y la sociedad debe estar atenta para que no se queden impunes esos abusos.
Pero debemos también proponer medidas que nos hagan mirar más allá de la penosa, dramática situación en la que nos encontramos. Una de ellas acaba de ser solicitada por la Conago al Congreso de la Unión: modificar el artículo 115 constitucional para efecto de “desaparecer” las corporaciones policiacas municipales y avanzar hacia un esquema de policías estatales con 32 mandos a nivel nacional. Se trata de una idea que va en la línea de lo que ha propuesto desde hace tiempo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El punto es interesante precisamente porque la mayor vulnerabilidad (no la única) del Estado mexicano frente a la delincuencia se ha dado en ese primer nivel de gobierno.
Atender los temas locales de inseguridad debe ser una prioridad absoluta, dado que 93% de todos los delitos cometidos en México son de competencia local. Las policías municipales y estatales representan 91% del total de la fuerza disponible en el país, pero su equipamiento y su capacitación son bastante precarios.
Algunos datos ilustran bien la debilidad de los cuerpos policiacos locales: 40% de los policías municipales gana menos de 4 mil pesos al mes, 38% gana entre 4 y 10 mil pesos; solamente 0.7% gana más de 10 mil pesos mensuales. El 55% de ellos tiene una instrucción equivalente o inferior a primaria. El 70% de ellos tiene un nivel inferior a los 10 años de escolaridad (en Estados Unidos los policías tienen, en promedio, dos años de estudios universitarios). La Auditoría Superior de la Federación sostuvo en 2007 que solamente uno de cada cuatro policías locales tuvieron algún tipo de capacitación.
Esa es la realidad que tenemos frente a nosotros. La gran pregunta que le hace la Conago al Congreso de la Unión es si vale la pena caminar hacia un esquema de mayor concentración de responsabilidades y, se supone, de más simple rendición de cuentas (no es lo mismo exigirle a 32 jefes policiacos estatales que a los 2 mil 500 jefes de policía municipal que hoy tenemos en México).
Con independencia de la mejor manera en que se distribuyan las competencias policiacas, también habrá que trabajar en dos asuntos complementarios e igualmente importantes: a) hacer de la profesión policial algo digno, bien reconocido socialmente y con un sueldo adecuado; b) contribuir desde la sociedad civil en el combate a la inseguridad, por medio de un debate público bien fundamentado y, sobre todo, a través de la denuncia permanente cuando seamos víctimas o testigos de un delito. El Estado mexicano no puede solo. La sociedad debe poner de su parte. Lo que está en juego es el país.
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