Heladio Ramírez López / El Universal
El estancamiento del sector rural ha acentuado la pobreza, la desigualdad y la deficiente calidad de vida de 30 millones de mexicanos que conforman el universo de la economía campesina.
En ese territorio, que representa 26% de los empleos formales del país, existen 5.5 millones de unidades de producción, de las cuales 72.6% tienen menos de cinco hectáreas. Ahí se encuentra el más desafiante problema estructural del campo mexicano.
Esto es así porque el minifundio, sin asistencia técnica, sin infraestructura productiva —fundamentalmente de riego—, sin tecnología, con elevadísimos costos de producción, con pequeños productores que no son sujetos de crédito —en las condiciones de atraso en que se encuentra y con un exceso de esfuerzo humano para lograr cosechar algo— difícilmente puede generar una retribución mínima para que la familia campesina satisfaga sus más elementales necesidades.
En el campo, dos de cada tres personas son pobres y, ante la baja o nula inversión que solamente permite producir para el autoconsumo y perpetuar las condiciones de miseria, los campesinos tienen necesidad de recurrir al duro trabajo del jornalerismo trashumante para sobrevivir.
Ante el desafío de encontrar respuestas y alternativas viables al desarrollo de ese minifundio y destruir el círculo vicioso de sus bajos ingresos, presenté en el Senado de la República la iniciativa que crea la Ley para la Organización y el Desarrollo de la Economía Campesina.
En ella propongo hacer un replanteamiento para el desarrollo de las tierras del minifundio temporalero y para los 70 millones de hectáreas de uso común de ejidos y comunidades; elevar la estrategia para su desarrollo a política de Estado y dotarlo de un nuevo marco institucional capaz de planificar y estimular la organización de los pequeños productores.
La iniciativa busca impulsar la reconversión productiva y darle viabilidad económica al minifundio a partir de la compactación de parcelas con una visión de empresa social. Consideramos que si bien la agricultura es parte esencial de la economía rural, las actividades productivas del campo son mucho más que esta sola actividad primaria e incluyen la ganadería, la silvicultura, el comercio, la minería, el turismo, los servicios, las artesanías, las pequeñas y medianas industrias; el trabajo asalariado en diferentes modalidades y ramas económicas.
La tesis que sostengo es que el desarrollo de las regiones pobres no puede darse sin trabajar mano a mano con los pueblos. No puede haber desarrollo en pueblos desmovilizados, desorganizados, sometidos al paternalismo gubernamental. Tampoco habrá desarrollo sin capacitación y sin la alianza de los productores con el Estado, comprometido socialmente.
Sustento esta propuesta en tres grandes ejes: a) la movilización del esfuerzo interno de los pueblos, indispensable para construir y administrar las obras productivas y sociales; b) el adecuado y oportuno apoyo institucional, sin el cual se dificulta tomar la senda del progreso por los campesinos y c) la concepción de un desarrollo rural que abarque y atienda el conjunto de problemas que afectan la parcela, la comunidad y la región.
Esta iniciativa propone las bases estructurales para construir un nuevo modelo de desarrollo en el universo de la economía campesina, a partir de la participación activa de los propios campesinos. Plantea una estrategia dinámica del desarrollo rural, que pone en el centro a la organización económica de la parcela familiar, de la comunidad y de las tierras de uso común donde se encuentra la mayor parte de los recursos naturales.
Sólo así se podrá dar respuesta a la realidad del minifundio; liberar su potencial productivo, generar trabajo e ingresos, y redistribuir la riqueza entre los campesinos con equidad y justicia.
El estancamiento del sector rural ha acentuado la pobreza, la desigualdad y la deficiente calidad de vida de 30 millones de mexicanos que conforman el universo de la economía campesina.
En ese territorio, que representa 26% de los empleos formales del país, existen 5.5 millones de unidades de producción, de las cuales 72.6% tienen menos de cinco hectáreas. Ahí se encuentra el más desafiante problema estructural del campo mexicano.
Esto es así porque el minifundio, sin asistencia técnica, sin infraestructura productiva —fundamentalmente de riego—, sin tecnología, con elevadísimos costos de producción, con pequeños productores que no son sujetos de crédito —en las condiciones de atraso en que se encuentra y con un exceso de esfuerzo humano para lograr cosechar algo— difícilmente puede generar una retribución mínima para que la familia campesina satisfaga sus más elementales necesidades.
En el campo, dos de cada tres personas son pobres y, ante la baja o nula inversión que solamente permite producir para el autoconsumo y perpetuar las condiciones de miseria, los campesinos tienen necesidad de recurrir al duro trabajo del jornalerismo trashumante para sobrevivir.
Ante el desafío de encontrar respuestas y alternativas viables al desarrollo de ese minifundio y destruir el círculo vicioso de sus bajos ingresos, presenté en el Senado de la República la iniciativa que crea la Ley para la Organización y el Desarrollo de la Economía Campesina.
En ella propongo hacer un replanteamiento para el desarrollo de las tierras del minifundio temporalero y para los 70 millones de hectáreas de uso común de ejidos y comunidades; elevar la estrategia para su desarrollo a política de Estado y dotarlo de un nuevo marco institucional capaz de planificar y estimular la organización de los pequeños productores.
La iniciativa busca impulsar la reconversión productiva y darle viabilidad económica al minifundio a partir de la compactación de parcelas con una visión de empresa social. Consideramos que si bien la agricultura es parte esencial de la economía rural, las actividades productivas del campo son mucho más que esta sola actividad primaria e incluyen la ganadería, la silvicultura, el comercio, la minería, el turismo, los servicios, las artesanías, las pequeñas y medianas industrias; el trabajo asalariado en diferentes modalidades y ramas económicas.
La tesis que sostengo es que el desarrollo de las regiones pobres no puede darse sin trabajar mano a mano con los pueblos. No puede haber desarrollo en pueblos desmovilizados, desorganizados, sometidos al paternalismo gubernamental. Tampoco habrá desarrollo sin capacitación y sin la alianza de los productores con el Estado, comprometido socialmente.
Sustento esta propuesta en tres grandes ejes: a) la movilización del esfuerzo interno de los pueblos, indispensable para construir y administrar las obras productivas y sociales; b) el adecuado y oportuno apoyo institucional, sin el cual se dificulta tomar la senda del progreso por los campesinos y c) la concepción de un desarrollo rural que abarque y atienda el conjunto de problemas que afectan la parcela, la comunidad y la región.
Esta iniciativa propone las bases estructurales para construir un nuevo modelo de desarrollo en el universo de la economía campesina, a partir de la participación activa de los propios campesinos. Plantea una estrategia dinámica del desarrollo rural, que pone en el centro a la organización económica de la parcela familiar, de la comunidad y de las tierras de uso común donde se encuentra la mayor parte de los recursos naturales.
Sólo así se podrá dar respuesta a la realidad del minifundio; liberar su potencial productivo, generar trabajo e ingresos, y redistribuir la riqueza entre los campesinos con equidad y justicia.
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