Juan Antonio Zúñiga / Periódico La Jornada
Después de tres inyecciones multimillonarias entre 2008 y 2009, que llevaron al gobierno de Estados Unidos a detentar 36 por ciento del capital social de Citigroup, la participación del banco estadunidense en el sistema financiero mexicano mediante su subsidiaria Banamex, quedó al margen de la legislación nacional.
Citigroup, que en 2001 compró casi la mayoría de las acciones de Banamex en 12 mil 500 millones de dólares, tiene hasta ahora al gobierno de Estados Unidos entre sus principales accionistas, con lo cual parece transgredir lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.
El rescate del Citi por el gobierno estadunidense colocó a Banamex en situación comprometida, al grado de que en el Senado de la República el legislador priísta Carlos Lozano presentó el 5 de marzo de 2009 un punto de acuerdo para regular la actuación del grupo financiero Banamex-Citigroup, que caía en el supuesto considerado también en el artículo 18 de la ley, que regula a las agrupaciones financieras, el cual, dijo, prohíbe la inclusión de personas morales extranjeras con funciones de autoridad en el capital social de la banca.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por todas las fracciones políticas, pero no tuvo efecto positivo. Así que el 5 de noviembre el Senado interpuso una controversia constitucional en contra del presidente Felipe Calderón, y del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por permitir la participación de gobiernos extranjeros en los bancos, en particular en Banamex. Además la demanda abarca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, por considerar que ambas instituciones no acataron las leyes emitidas por el Congreso de la Unión.
La controversia aún no ha sido resuelta por la Suprema Corte. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos se apresta a vender 7 mil 700 millones de acciones comunes de Citigroup que tiene en su poder durante el transcurso de 2010.
Después de tres inyecciones multimillonarias entre 2008 y 2009, que llevaron al gobierno de Estados Unidos a detentar 36 por ciento del capital social de Citigroup, la participación del banco estadunidense en el sistema financiero mexicano mediante su subsidiaria Banamex, quedó al margen de la legislación nacional.
Citigroup, que en 2001 compró casi la mayoría de las acciones de Banamex en 12 mil 500 millones de dólares, tiene hasta ahora al gobierno de Estados Unidos entre sus principales accionistas, con lo cual parece transgredir lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.
El rescate del Citi por el gobierno estadunidense colocó a Banamex en situación comprometida, al grado de que en el Senado de la República el legislador priísta Carlos Lozano presentó el 5 de marzo de 2009 un punto de acuerdo para regular la actuación del grupo financiero Banamex-Citigroup, que caía en el supuesto considerado también en el artículo 18 de la ley, que regula a las agrupaciones financieras, el cual, dijo, prohíbe la inclusión de personas morales extranjeras con funciones de autoridad en el capital social de la banca.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por todas las fracciones políticas, pero no tuvo efecto positivo. Así que el 5 de noviembre el Senado interpuso una controversia constitucional en contra del presidente Felipe Calderón, y del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por permitir la participación de gobiernos extranjeros en los bancos, en particular en Banamex. Además la demanda abarca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, por considerar que ambas instituciones no acataron las leyes emitidas por el Congreso de la Unión.
La controversia aún no ha sido resuelta por la Suprema Corte. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos se apresta a vender 7 mil 700 millones de acciones comunes de Citigroup que tiene en su poder durante el transcurso de 2010.
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