Francisco Rojas / El Universal
La sociedad y sus representantes políticos no podemos ver con indolencia a los millones de desempleados y subempleados, la pérdida acelerada del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la caída drástica de la inversión nacional y extranjera, el deterioro profundo, en síntesis, de la economía nacional. Ante esa realidad que todos sufrimos y confirmamos a diario, asombra la pasividad del gobierno y su propensión a distraer la atención general con fuegos de artificio.
Es difícil entender la lentitud para proponer soluciones que urgen al país: empleo, salud, educación, seguridad pública, prevención de las adicciones, desregulación acelerada de los procesos de la Administración Pública Federal.
Pareciera que el gobierno ha invertido sus prioridades. Atrás quedaron la atención y ocupación de los graves problemas que enfrentamos y es notorio el interés y la importancia que ha cobrado el tema electoral.
Consideramos ociosa y nociva la obsesión por inducir la imagen del Poder Legislativo como responsable de los problemas del país, cuando todos sabemos que por buenas que sean las leyes, de nada sirven si no se aplican en su integridad y a tiempo: desde el año antepasado, el Congreso discutió, corrigió y aprobó las iniciativas del Ejecutivo en materia energética, y a la fecha no se han cumplido importantes disposiciones relativas a Pemex.
A nadie ayudan la fabricación de culpables ni el conflicto como forma de vida. El gobierno está para propiciar acuerdos, conciliar enfoques e intereses legítimos entre los agentes políticos y económicos, no para descalificar y sembrar confusión por arrebatos momentáneos que ensombrecen el panorama nacional y obstruyen el diálogo sereno y ordenado.
Debemos reformar la economía con urgencia, pero en la dirección adecuada. Es preciso empezar por los diagnósticos correctos, sin trampas ni ocultamientos que reflejen la realidad tal como es, para corregir, mejorar, cambiar lo que haga falta, pues si se actúa sobre una realidad ficticia, todo lo que se haga será contraproducente.
Del diagnóstico deben surgir planes y programas correctos, eficaces, hechos y aplicados para corregir los problemas del país, no para servir a intereses de grupo.
Construyamos y reconstruyamos entre todos nuestra economía. El PRI propone una auténtica política de Estado con un enfoque integral para fomentar el desarrollo económico y ampliar el mercado interno. Éste es el marco para hacer una reforma concomitante de los sistemas tributario, presupuestal y financiero.
Reconocemos la urgencia de fortalecer las finanzas públicas, pero hay que empezar por exigir eficacia recaudatoria al SAT, combate efectivo a la evasión y elusión fiscales, a la informalidad y el contrabando; transparencia y rendición de cuentas, así como la reducción efectiva del gasto corriente. Sólo una hacienda pública que no dependa del petróleo, permitirá aumentar el gasto en infraestructura, salud, educación y respaldar al sector productivo.
Por su parte, el gasto público debe usarse como herramienta y ejercerse con eficiencia y transparencia de forma que se puedan evaluar los resultados del gobierno. Legislaremos para que se sancionen los subejercicios del gasto, pues de nada sirven los programas, si no se usan los recursos.
Es preciso reconstituir la banca de desarrollo para el impulso directo e inmediato a la inversión productiva. Estamos promoviendo mecanismos legislativos para impulsar el crecimiento económico mediante acuerdos en los que participe el sector privado.
La economía significa inversión, producción de mercancías, servicios y empleos. Los diputados del PRI estamos empeñados en propiciar una discusión amplia de la que surja una nueva Ley de Fomento Económico para impulsar el desarrollo del país.
Para enfrentar los problemas que agobian al país se requiere participación activa y solidaria de todas las fuerzas políticas, económicas, y sociales. Basta de descalificaciones y de propiciar discrepancias; reconstruyamos la concordia; es el momento de encontrar soluciones.
La sociedad y sus representantes políticos no podemos ver con indolencia a los millones de desempleados y subempleados, la pérdida acelerada del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la caída drástica de la inversión nacional y extranjera, el deterioro profundo, en síntesis, de la economía nacional. Ante esa realidad que todos sufrimos y confirmamos a diario, asombra la pasividad del gobierno y su propensión a distraer la atención general con fuegos de artificio.
Es difícil entender la lentitud para proponer soluciones que urgen al país: empleo, salud, educación, seguridad pública, prevención de las adicciones, desregulación acelerada de los procesos de la Administración Pública Federal.
Pareciera que el gobierno ha invertido sus prioridades. Atrás quedaron la atención y ocupación de los graves problemas que enfrentamos y es notorio el interés y la importancia que ha cobrado el tema electoral.
Consideramos ociosa y nociva la obsesión por inducir la imagen del Poder Legislativo como responsable de los problemas del país, cuando todos sabemos que por buenas que sean las leyes, de nada sirven si no se aplican en su integridad y a tiempo: desde el año antepasado, el Congreso discutió, corrigió y aprobó las iniciativas del Ejecutivo en materia energética, y a la fecha no se han cumplido importantes disposiciones relativas a Pemex.
A nadie ayudan la fabricación de culpables ni el conflicto como forma de vida. El gobierno está para propiciar acuerdos, conciliar enfoques e intereses legítimos entre los agentes políticos y económicos, no para descalificar y sembrar confusión por arrebatos momentáneos que ensombrecen el panorama nacional y obstruyen el diálogo sereno y ordenado.
Debemos reformar la economía con urgencia, pero en la dirección adecuada. Es preciso empezar por los diagnósticos correctos, sin trampas ni ocultamientos que reflejen la realidad tal como es, para corregir, mejorar, cambiar lo que haga falta, pues si se actúa sobre una realidad ficticia, todo lo que se haga será contraproducente.
Del diagnóstico deben surgir planes y programas correctos, eficaces, hechos y aplicados para corregir los problemas del país, no para servir a intereses de grupo.
Construyamos y reconstruyamos entre todos nuestra economía. El PRI propone una auténtica política de Estado con un enfoque integral para fomentar el desarrollo económico y ampliar el mercado interno. Éste es el marco para hacer una reforma concomitante de los sistemas tributario, presupuestal y financiero.
Reconocemos la urgencia de fortalecer las finanzas públicas, pero hay que empezar por exigir eficacia recaudatoria al SAT, combate efectivo a la evasión y elusión fiscales, a la informalidad y el contrabando; transparencia y rendición de cuentas, así como la reducción efectiva del gasto corriente. Sólo una hacienda pública que no dependa del petróleo, permitirá aumentar el gasto en infraestructura, salud, educación y respaldar al sector productivo.
Por su parte, el gasto público debe usarse como herramienta y ejercerse con eficiencia y transparencia de forma que se puedan evaluar los resultados del gobierno. Legislaremos para que se sancionen los subejercicios del gasto, pues de nada sirven los programas, si no se usan los recursos.
Es preciso reconstituir la banca de desarrollo para el impulso directo e inmediato a la inversión productiva. Estamos promoviendo mecanismos legislativos para impulsar el crecimiento económico mediante acuerdos en los que participe el sector privado.
La economía significa inversión, producción de mercancías, servicios y empleos. Los diputados del PRI estamos empeñados en propiciar una discusión amplia de la que surja una nueva Ley de Fomento Económico para impulsar el desarrollo del país.
Para enfrentar los problemas que agobian al país se requiere participación activa y solidaria de todas las fuerzas políticas, económicas, y sociales. Basta de descalificaciones y de propiciar discrepancias; reconstruyamos la concordia; es el momento de encontrar soluciones.
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