Resulta interesante avanzar en nuevas vias de financiación conectadas con los objetivos a cumplir
JONÁS FERNÁNDEZ Y CARLOS DEL OLMO / EL PAÍS
Las raíces de la actual crisis económica han puesto en el centro del debate el rediseño del marco institucional de los mercados financieros. El objetivo no es otro que minimizar las probabilidades de crisis, si bien una menor volatilidad del sector significará también un crecimiento potencial más reducido. Por ello, resulta clave combinar la reforma financiera con reformas estructurales que liberen nuevos vectores de crecimiento en la economía real (reforma laboral, sector servicios, comercio internacional, etcétera).
Centrándonos en los retos financieros globales, esta crisis ha puesto en evidencia algunas debilidades del actual entorno regulatorio: reducida capitalización relativa de las entidades financieras, gestión dudosa de la liquidez ante situaciones de estrés, así como fondos de garantías mal diseñados y poco capitalizados. Todo ello, resultado de una laxa política monetaria, una mala y pobre regulación y una muy suave supervisión. De este modo, la reforma financiera debería venir a minimizar estos riesgos, que se han demostrado sistémicos.
El pasado fin de semana el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprobó los nuevos estándares de capitalización. En términos generales, la ratio de capital se mantiene en el 8% de los activos ponderados por riesgo, pero el peso del core capital (capital y reservas) pasa de 2,0 a 4,5 puntos. De este modo se incrementa notablemente la calidad de los recursos propios. Además, se crea un nuevo buffer de "conservación de capital" de un 2,5%. Este nuevo fondo servirá de primer colchón, y su uso restringirá la política de dividendos y remuneración de la entidad. Adicionalmente, se contempla la creación una provisión anticíclica y el diseño de una ratio de liquidez, aunque su definición y meta quedan también pendientes de concretar.
En términos generales, es muy positivo el incremento del peso del core capital en la ratio completa de capital, así como la constitución de la nueva provisión de "conservación del capital". Sin embargo, los objetivos no son muy ambiciosos y, sobre todo, se echa en falta una mayor concreción en la configuración del buffer anticíclico. Además, se ha criticado el largo periodo de implantación de las nuevas ratios (hasta 2019), si bien parece razonable distanciar los objetivos finales ante el riesgo de comprimir la oferta de crédito a corto plazo.
Para las entidades españolas, los nuevos objetivos no deberían suponer un elevado problema. A partir de los datos publicados por el Banco de España, apenas tres entidades financieras tendrían un core capital por debajo de la suma del futuro requerimiento de common equity y del colchón de "conservación del capital", si bien es esperable que durante el presente año estas ratios se estén deteriorando. En todo caso, las entidades españolas cuentan también ya en la actualidad con unas provisiones anticíclicas, de modo que a priori no se esperan elevados costes derivados de esta reforma. Sin embargo, es justo decir que esto puede ser así gracias también a la reciente revisión de la ley de cajas, que permite la bancarización de los SIP, abriendo nuevas vías de capitalización.
Con todo, la agenda de reformas solo acaba de empezar. En los últimos días hemos presenciado el acuerdo europeo para mejorar la supervisión financiera, que debería minimizar la actividad fuera de balance, cuya rentabilidad relativa se dispara ante la mayor regulación y el crecimiento consiguiente del riesgo moral de los gestores. Además, la Comisión ha propuesto nuevos controles sobre los mercados. Encima de la mesa está también el diseño y la dotación de los fondos de garantía de depósitos, que no solo suponen un seguro ante corridas bancarias, sino que también son utilizados en el saneamiento de instituciones. Ante este doble objetivo no parece razonable que su financiación sea exclusiva de los depósitos. Resulta interesante avanzar en nuevas vías de financiación que tengan correlación con los objetivos a cumplir. En fin, el propósito no solo es mejorar la capitalización de bancos y cajas, sino contar con fondos que cubran el riesgo sistémico, ante lo cual los actuales fondos de garantía han resultado insuficientes.
Jonás Fernández y Carlos del Olmo son, respectivamente, director del Servicio de Estudios y analista financiero de Solchaga Recio & Asociados.
Las raíces de la actual crisis económica han puesto en el centro del debate el rediseño del marco institucional de los mercados financieros. El objetivo no es otro que minimizar las probabilidades de crisis, si bien una menor volatilidad del sector significará también un crecimiento potencial más reducido. Por ello, resulta clave combinar la reforma financiera con reformas estructurales que liberen nuevos vectores de crecimiento en la economía real (reforma laboral, sector servicios, comercio internacional, etcétera).
Centrándonos en los retos financieros globales, esta crisis ha puesto en evidencia algunas debilidades del actual entorno regulatorio: reducida capitalización relativa de las entidades financieras, gestión dudosa de la liquidez ante situaciones de estrés, así como fondos de garantías mal diseñados y poco capitalizados. Todo ello, resultado de una laxa política monetaria, una mala y pobre regulación y una muy suave supervisión. De este modo, la reforma financiera debería venir a minimizar estos riesgos, que se han demostrado sistémicos.
El pasado fin de semana el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprobó los nuevos estándares de capitalización. En términos generales, la ratio de capital se mantiene en el 8% de los activos ponderados por riesgo, pero el peso del core capital (capital y reservas) pasa de 2,0 a 4,5 puntos. De este modo se incrementa notablemente la calidad de los recursos propios. Además, se crea un nuevo buffer de "conservación de capital" de un 2,5%. Este nuevo fondo servirá de primer colchón, y su uso restringirá la política de dividendos y remuneración de la entidad. Adicionalmente, se contempla la creación una provisión anticíclica y el diseño de una ratio de liquidez, aunque su definición y meta quedan también pendientes de concretar.
En términos generales, es muy positivo el incremento del peso del core capital en la ratio completa de capital, así como la constitución de la nueva provisión de "conservación del capital". Sin embargo, los objetivos no son muy ambiciosos y, sobre todo, se echa en falta una mayor concreción en la configuración del buffer anticíclico. Además, se ha criticado el largo periodo de implantación de las nuevas ratios (hasta 2019), si bien parece razonable distanciar los objetivos finales ante el riesgo de comprimir la oferta de crédito a corto plazo.
Para las entidades españolas, los nuevos objetivos no deberían suponer un elevado problema. A partir de los datos publicados por el Banco de España, apenas tres entidades financieras tendrían un core capital por debajo de la suma del futuro requerimiento de common equity y del colchón de "conservación del capital", si bien es esperable que durante el presente año estas ratios se estén deteriorando. En todo caso, las entidades españolas cuentan también ya en la actualidad con unas provisiones anticíclicas, de modo que a priori no se esperan elevados costes derivados de esta reforma. Sin embargo, es justo decir que esto puede ser así gracias también a la reciente revisión de la ley de cajas, que permite la bancarización de los SIP, abriendo nuevas vías de capitalización.
Con todo, la agenda de reformas solo acaba de empezar. En los últimos días hemos presenciado el acuerdo europeo para mejorar la supervisión financiera, que debería minimizar la actividad fuera de balance, cuya rentabilidad relativa se dispara ante la mayor regulación y el crecimiento consiguiente del riesgo moral de los gestores. Además, la Comisión ha propuesto nuevos controles sobre los mercados. Encima de la mesa está también el diseño y la dotación de los fondos de garantía de depósitos, que no solo suponen un seguro ante corridas bancarias, sino que también son utilizados en el saneamiento de instituciones. Ante este doble objetivo no parece razonable que su financiación sea exclusiva de los depósitos. Resulta interesante avanzar en nuevas vías de financiación que tengan correlación con los objetivos a cumplir. En fin, el propósito no solo es mejorar la capitalización de bancos y cajas, sino contar con fondos que cubran el riesgo sistémico, ante lo cual los actuales fondos de garantía han resultado insuficientes.
Jonás Fernández y Carlos del Olmo son, respectivamente, director del Servicio de Estudios y analista financiero de Solchaga Recio & Asociados.
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