Francisco Rojas / El Universal
Con preocupación —que no sorpresa— recibimos en el Congreso la ratificación de la política económica del gobierno, reflejada en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011: la carga fiscal que impacta a los contribuyentes que siempre pagan, contención del gasto, inversión física insuficiente y que no atiende los reclamos de las regiones, recursos que pueden ser usados con fines electorales y las mismas normas que propician un manejo discrecional de los recursos públicos.
Los legisladores del PRI señalamos que la propuesta económica debía contemplar un presupuesto para crecer, sin simulaciones, austero, con cifras realistas, sin más impuestos y disminuyendo el IVA a sus niveles anteriores. Pero el gobierno sostiene su política de ajuste a pesar de que la economía no ha recuperado el nivel que tenía hace dos años, y millones de personas siguen en la pobreza y la marginación.
No crecen los ingresos del gobierno porque no se han corregido la evasión ni la elusión fiscales. Las autoridades continúan incurriendo en subejercicios de gasto y los procedimientos burocráticos siguen retrasando los recursos para que los estados inviertan en carreteras, caminos rurales, obras hidráulicas, salud y educación. Estas omisiones se traducen en subejercicios que impiden la construcción de infraestructura, inhiben la inversión y frenan el desarrollo del país.
Hacienda reduce las expectativas de crecimiento del PIB para el siguiente año, porque se depende de las exportaciones, y EU, que es el principal mercado para los productos mexicanos, no ha logrado impulsar suficientemente el consumo. Ante ello, legisladores priístas y nuestros aliados, estamos haciendo las correcciones pertinentes para reorientar los ingresos y gastos públicos al estímulo al mercado interno, lo que requiere elevar el poder de compra de las familias; por eso ratificamos nuestra decisión de disminuir el IVA, que es la carga tributaria que afecta más directamente a los consumidores. Haremos ajustes al gasto corriente a fin de liberar recursos para la inversión pública en infraestructura, reconstrucción, seguridad, salud, educación y apoyo a las pymes y al campo. No hace falta gastar menos, sino gastar mejor.
Vamos a proponer, entre otras medidas, un Fondo Nacional de Microcréditos para Emprendedores Sociales, a partir de una nueva visión del combate a la pobreza, con una perspectiva más productiva y menos asistencialista. Impulsaremos también un Fondo Nacional de Cohesión Social para localidades marginadas, pensión universal a adultos mayores que no tienen seguridad social y el seguro de desempleo.
Buscaremos sentar las bases para la educación media superior obligatoria y la primaria de tiempo completo, y para avanzar a la universalidad y exigibilidad de los derechos a la educación, salud y seguridad social. Vamos por una reforma laboral que no dañe ni debilite las organizaciones de trabajadores, escuchando los factores de la producción y a los académicos. Promoveremos cambios para una nueva banca de desarrollo que realmente financie el desarrollo.
La violencia es ya una tragedia nacional; continuaremos aprobando leyes y recursos para combatirla sin lesionar los derechos humanos y vigilaremos su aplicación con informes periódicos del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los legisladores. El crimen debe ser enfrentado con la fuerza del Estado, pero también hay que desactivar los factores que empujan a los jóvenes a delinquir: desempleo, falta de espacios en la educación media superior, pobreza, desigualdad, abandono y desaliento.
Reformaremos la legislación para disminuir los subejercicios del gasto y, en su caso, reasignar los recursos a inversiones de impacto social; eliminaremos gastos discrecionales, restringiremos las adecuaciones del gobierno al presupuesto y estableceremos mecanismos eficientes para que las reglas de operación no retrasen la aplicación del gasto y beneficien a la población objetivo. El respeto entre poderes, el diálogo y la concertación deben ser las pautas. Los diputados del PRI haremos nuestra tarea y cumpliremos a nuestros representados. Seguiremos construyendo acuerdos con civilidad y anteponiendo los intereses del país a cualquier otra consideración. Sólo con un gobierno incluyente y justo lograremos la concordia que México reclama.
Con preocupación —que no sorpresa— recibimos en el Congreso la ratificación de la política económica del gobierno, reflejada en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011: la carga fiscal que impacta a los contribuyentes que siempre pagan, contención del gasto, inversión física insuficiente y que no atiende los reclamos de las regiones, recursos que pueden ser usados con fines electorales y las mismas normas que propician un manejo discrecional de los recursos públicos.
Los legisladores del PRI señalamos que la propuesta económica debía contemplar un presupuesto para crecer, sin simulaciones, austero, con cifras realistas, sin más impuestos y disminuyendo el IVA a sus niveles anteriores. Pero el gobierno sostiene su política de ajuste a pesar de que la economía no ha recuperado el nivel que tenía hace dos años, y millones de personas siguen en la pobreza y la marginación.
No crecen los ingresos del gobierno porque no se han corregido la evasión ni la elusión fiscales. Las autoridades continúan incurriendo en subejercicios de gasto y los procedimientos burocráticos siguen retrasando los recursos para que los estados inviertan en carreteras, caminos rurales, obras hidráulicas, salud y educación. Estas omisiones se traducen en subejercicios que impiden la construcción de infraestructura, inhiben la inversión y frenan el desarrollo del país.
Hacienda reduce las expectativas de crecimiento del PIB para el siguiente año, porque se depende de las exportaciones, y EU, que es el principal mercado para los productos mexicanos, no ha logrado impulsar suficientemente el consumo. Ante ello, legisladores priístas y nuestros aliados, estamos haciendo las correcciones pertinentes para reorientar los ingresos y gastos públicos al estímulo al mercado interno, lo que requiere elevar el poder de compra de las familias; por eso ratificamos nuestra decisión de disminuir el IVA, que es la carga tributaria que afecta más directamente a los consumidores. Haremos ajustes al gasto corriente a fin de liberar recursos para la inversión pública en infraestructura, reconstrucción, seguridad, salud, educación y apoyo a las pymes y al campo. No hace falta gastar menos, sino gastar mejor.
Vamos a proponer, entre otras medidas, un Fondo Nacional de Microcréditos para Emprendedores Sociales, a partir de una nueva visión del combate a la pobreza, con una perspectiva más productiva y menos asistencialista. Impulsaremos también un Fondo Nacional de Cohesión Social para localidades marginadas, pensión universal a adultos mayores que no tienen seguridad social y el seguro de desempleo.
Buscaremos sentar las bases para la educación media superior obligatoria y la primaria de tiempo completo, y para avanzar a la universalidad y exigibilidad de los derechos a la educación, salud y seguridad social. Vamos por una reforma laboral que no dañe ni debilite las organizaciones de trabajadores, escuchando los factores de la producción y a los académicos. Promoveremos cambios para una nueva banca de desarrollo que realmente financie el desarrollo.
La violencia es ya una tragedia nacional; continuaremos aprobando leyes y recursos para combatirla sin lesionar los derechos humanos y vigilaremos su aplicación con informes periódicos del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los legisladores. El crimen debe ser enfrentado con la fuerza del Estado, pero también hay que desactivar los factores que empujan a los jóvenes a delinquir: desempleo, falta de espacios en la educación media superior, pobreza, desigualdad, abandono y desaliento.
Reformaremos la legislación para disminuir los subejercicios del gasto y, en su caso, reasignar los recursos a inversiones de impacto social; eliminaremos gastos discrecionales, restringiremos las adecuaciones del gobierno al presupuesto y estableceremos mecanismos eficientes para que las reglas de operación no retrasen la aplicación del gasto y beneficien a la población objetivo. El respeto entre poderes, el diálogo y la concertación deben ser las pautas. Los diputados del PRI haremos nuestra tarea y cumpliremos a nuestros representados. Seguiremos construyendo acuerdos con civilidad y anteponiendo los intereses del país a cualquier otra consideración. Sólo con un gobierno incluyente y justo lograremos la concordia que México reclama.
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