Jorge A. Chávez Presa / El Universal
La subasta en el Congreso de la Unión por ver quién baja más los impuestos y quién aumenta más el gasto público ya empezó. Aunque no dicen cómo lo financiarán, nos bombardearán con más propuestas a nombre del crecimiento económico, la creación de empleos, el combate a la pobreza y la seguridad. El discurso ya tan trillado del gasto corriente se exacerbará.
Se olvida que en la aprobación del paquete económico la estabilidad económica del país es una responsabilidad compartida entre los poderes Legislativo y el Ejecutivo federal, pues lo que apruebe el Congreso en materia de ingresos y de gasto puede ser vetado por el Presidente, y si hay acuerdo el Presidente procederá a ordenar su publicación.
El mejor regalo que México puede recibir de la clase política con motivo del Bicentenario es: concretar un acuerdo nacional para dotar al país con una hacienda pública sólida que, además de proporcionarle estabilidad, le facilite los recursos suficientes para impulsar una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) por habitante mucho más alta y sostenida de la que hemos tenido en los últimos 30 años.
Estados Unidos, cuya independencia fue detonada por un tema tributario relacionado con la representación política frente a la corona inglesa, en sus inicios ellos sí sentaron las bases para una hacienda pública mucho más poderosa que la que nuestro país se dotó al empezar su vida independiente.
Por ello el Bicentenario es la gran ocasión para reconocer que hoy en día, en el año 2010, el Estado mexicano no recauda por impuestos, o ingresos recurrentes, la cantidad requerida para cubrir el costo de la oferta actual de bienes y servicios públicos que se otorgan a la población. Esto significa que si los gobiernos federal, estatal y municipal prestaran servicios públicos en cantidad y calidad para que la población que presenta condiciones de vulnerabilidad deje de estar al margen del desarrollo económico nacional, simplemente requiere recaudar mucho más y gastar mucho mejor.
De ahí la necesidad de ese gran acuerdo nacional para que la hacienda pública se rija por un simple principio: “todos coludos o todos rabones”, esto es, que todos, absolutamente todos los mexicanos contribuyan de manera proporcional y equitativa (esto es, cumplir a cabalidad el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución), y en correspondencia a todos los mexicanos les aseguren seguridad nacional, seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social y seguridad a tener futuro (esto es acceso a una educación de calidad para poseer capital humano).
La situación actual de seguir disponiendo de la riqueza petrolera para consumo es insostenible. Tengamos presentes tres errores: uno, los ingresos petroleros se dilapidaron para pagar los intereses causados por el sobreendeudamiento gubernamental incurrido a fines de los 70 por una expansión fiscal desordenada y desenfrenada; dos, de los 90 para acá los ingresos petroleros se han usado para cubrir el faltante en la recaudación impositiva, y tres, pensar que la estabilidad económica alcanzada no pueda perderse con desplantes populistas.
De no fortalecer la hacienda pública, dentro de 100 años, en el año 2110, alguien al referirse al 2010 inspirado en John Womack escribirá: “ésta es la historia de una generación de mexicanos que por no reformar su hacienda pública a tiempo, despojó a sus descendientes de los beneficios de la riqueza petrolera que usó para pagar consumo, y además le dejó más deuda pública”.
La discusión de bajar la tasa del IVA demanda seriedad, pues la situación que guarda la hacienda pública se va a complicar más a menos de superar en la coyuntura lo siguiente:
1. Para el 2011 ya se contempla que el gobierno federal incurra en un déficit de 312 mil millones de pesos (mmp), que equivale a 2.2% del Producto Interno Bruto.
2. Los Criterios Generales de Política Económica para 2011 muestran que los ingresos no van a ser suficientes ni para cubrir los intereses de la deuda pública.
3. La exposición de motivos del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación indica en la cuenta doble que la inversión del gobierno federal por 268 mmp será menor al endeudamiento solicitado (340 mmp).
4. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2011 contempla ingresos por aprovechamientos, en el rubro de otros, por casi 54 mmp, que tienen una probabilidad muy baja de concretarse.
Estos son temas que exigen atención inmediata, más que jugar de manera aislada con el Impuesto al Valor Agregado. Ahora que importantes actores de la vida política nacional han convocado al diálogo, es la oportunidad para regalarle a México esa hacienda pública que además de contribuir a la estabilidad tiene la capacidad para hacer crecer al país.
Economista
La subasta en el Congreso de la Unión por ver quién baja más los impuestos y quién aumenta más el gasto público ya empezó. Aunque no dicen cómo lo financiarán, nos bombardearán con más propuestas a nombre del crecimiento económico, la creación de empleos, el combate a la pobreza y la seguridad. El discurso ya tan trillado del gasto corriente se exacerbará.
Se olvida que en la aprobación del paquete económico la estabilidad económica del país es una responsabilidad compartida entre los poderes Legislativo y el Ejecutivo federal, pues lo que apruebe el Congreso en materia de ingresos y de gasto puede ser vetado por el Presidente, y si hay acuerdo el Presidente procederá a ordenar su publicación.
El mejor regalo que México puede recibir de la clase política con motivo del Bicentenario es: concretar un acuerdo nacional para dotar al país con una hacienda pública sólida que, además de proporcionarle estabilidad, le facilite los recursos suficientes para impulsar una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) por habitante mucho más alta y sostenida de la que hemos tenido en los últimos 30 años.
Estados Unidos, cuya independencia fue detonada por un tema tributario relacionado con la representación política frente a la corona inglesa, en sus inicios ellos sí sentaron las bases para una hacienda pública mucho más poderosa que la que nuestro país se dotó al empezar su vida independiente.
Por ello el Bicentenario es la gran ocasión para reconocer que hoy en día, en el año 2010, el Estado mexicano no recauda por impuestos, o ingresos recurrentes, la cantidad requerida para cubrir el costo de la oferta actual de bienes y servicios públicos que se otorgan a la población. Esto significa que si los gobiernos federal, estatal y municipal prestaran servicios públicos en cantidad y calidad para que la población que presenta condiciones de vulnerabilidad deje de estar al margen del desarrollo económico nacional, simplemente requiere recaudar mucho más y gastar mucho mejor.
De ahí la necesidad de ese gran acuerdo nacional para que la hacienda pública se rija por un simple principio: “todos coludos o todos rabones”, esto es, que todos, absolutamente todos los mexicanos contribuyan de manera proporcional y equitativa (esto es, cumplir a cabalidad el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución), y en correspondencia a todos los mexicanos les aseguren seguridad nacional, seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social y seguridad a tener futuro (esto es acceso a una educación de calidad para poseer capital humano).
La situación actual de seguir disponiendo de la riqueza petrolera para consumo es insostenible. Tengamos presentes tres errores: uno, los ingresos petroleros se dilapidaron para pagar los intereses causados por el sobreendeudamiento gubernamental incurrido a fines de los 70 por una expansión fiscal desordenada y desenfrenada; dos, de los 90 para acá los ingresos petroleros se han usado para cubrir el faltante en la recaudación impositiva, y tres, pensar que la estabilidad económica alcanzada no pueda perderse con desplantes populistas.
De no fortalecer la hacienda pública, dentro de 100 años, en el año 2110, alguien al referirse al 2010 inspirado en John Womack escribirá: “ésta es la historia de una generación de mexicanos que por no reformar su hacienda pública a tiempo, despojó a sus descendientes de los beneficios de la riqueza petrolera que usó para pagar consumo, y además le dejó más deuda pública”.
La discusión de bajar la tasa del IVA demanda seriedad, pues la situación que guarda la hacienda pública se va a complicar más a menos de superar en la coyuntura lo siguiente:
1. Para el 2011 ya se contempla que el gobierno federal incurra en un déficit de 312 mil millones de pesos (mmp), que equivale a 2.2% del Producto Interno Bruto.
2. Los Criterios Generales de Política Económica para 2011 muestran que los ingresos no van a ser suficientes ni para cubrir los intereses de la deuda pública.
3. La exposición de motivos del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación indica en la cuenta doble que la inversión del gobierno federal por 268 mmp será menor al endeudamiento solicitado (340 mmp).
4. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2011 contempla ingresos por aprovechamientos, en el rubro de otros, por casi 54 mmp, que tienen una probabilidad muy baja de concretarse.
Estos son temas que exigen atención inmediata, más que jugar de manera aislada con el Impuesto al Valor Agregado. Ahora que importantes actores de la vida política nacional han convocado al diálogo, es la oportunidad para regalarle a México esa hacienda pública que además de contribuir a la estabilidad tiene la capacidad para hacer crecer al país.
Economista
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