Gustavo Esteva / La Jornada
Todavía hay algo que decir, más allá del lamentable y desangelado espectáculo en que se convirtió la conmemoración. No se ha comentado suficientemente la medida en que las clases políticas se empeñan en caminar hacia atrás, con nostalgia por sus antiguas ilusiones inconfesables.
El Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de México, es la base jurídica del país. Debe reconocerse su valor histórico, tanto por contribuir a la creación del Estado mexicano como por inscribir en él atrocidades que perduran y provocan añoranza.
Nadie se atrevería hoy a defender el artículo 4º: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Pero muchos hay en la jerarquía política y eclesiástica que resienten como traba insoportable la separación de la Iglesia y el Estado que se logró medio siglo después. Intentan por todos los medios disolverla o al menos debilitarla en los hechos, conscientes de las dificultades de hacer lo mismo en el marco jurídico e institucional.
Dos terceras partes de los flamantes mexicanos pertenecían a pueblos indios cuando nació el Estado mexicano. El Acta Constitutiva se refirió a ellos una sola vez, cuando facultó al Congreso “para arreglar el comercio con las naciones extranjeras y tribus de indios”. Esta discriminación brutal, que cuando no los trata como extranjeros los clasifica en posición inferior, se mantiene hasta hoy. La contrarreforma constitucional que traicionó los acuerdos de San Andrés prolonga la actitud colonial de los fundadores del nuevo Estado. Siguen empleándose medios legales e ilegales para marginar y acosar a los pueblos indios, particularmente aquellos, como los de comunidades zapatistas, que hacen valer en la práctica su autonomía y la convierten en proyecto político.
En el discurso oficial que el Congreso Constituyente dirigió a los habitantes de la Federación para darles a conocer el fruto de sus trabajos, los emocionados padres de la patria no vacilaron en confesar su delirio: “En todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de los Estados Unidos del Norte”. Era preciso imitarlos para llegar por fin adonde los vecinos habrían arribado: “el templo de la felicidad, de la gloria y del reposo”.
Los fundadores de México imitaron hasta el nombre de la patria que admiraban: por eso nos llamaron Estados Unidos Mexicanos. Seguramente disfrutaron la confusión que así creaban, pues denominaciones oficialmente atribuidas a los vecinos, como “norteamericano” o “estadunidense”, nos incluyen sin remedio. Cuando el país tenía dos veces más territorio y más población que esos vecinos, quienes nos constituyeron como nación independiente no tomaron en cuenta las realidades y aspiraciones de los mexicanos y las redujeron a su propio sueño: ser como esos vecinos del norte. Esta obsesión sólo puede ser satisfecha negando el propio ser, lo que le es propio a las innumerables sangres y culturas que han coexistido en el espacio y tiempo mexicanos.
La obsesión persiste hasta hoy. Cuando Monsiváis hablaba de los norteamericanos nacidos en México no se refería a los hijos de ciudadanos estadunidenses que habían entrado al mundo en territorio mexicano. Exhibía las actitudes de quienes se curaban catarros en Houston y habían convertido la visita a Disneylandia en el ritual de paso de sus hijos. Eran aquellos que soñaban no tan secretamente en que el país entero se convirtiera al fin en una barra o una estrella de la bandera estadunidense. Se dice que cuando un periodista comentó a Carlos Salinas que su proyecto parecía consistir en incorporar México a Norteamérica el presidente respondió satisfecho: “Exacto”. Sus funcionarios no cesaban de señalar que la única esperanza del país consistía en atarse a la locomotora estadunidense, aunque fuese en el último vagón. Esto es lo que se hace incesantemente desde entonces. Y todos conocemos las consecuencias.
Advirtieron los constituyentes a los flamantes mexicanos que por el “despotismo interior y exterior… la nación puede llegar a un grado de corrupción que la haga incapaz de ser regida por instituciones liberales”. La advertencia se ha cumplido puntualmente y llega en la actualidad a su extremo, al convertirse la transición política en mera transa entre partidos. El desmantelamiento del estado de derecho disuelve cada una de las instituciones de la República hasta convertirlas en humo corrompido y cruel. Algunos las siguen invocando para prolongar su agonía y hacerse de sus restos, antes que arrase todo ello la rebelión que se teje desde las profundidades de la sociedad.
Todavía hay algo que decir, más allá del lamentable y desangelado espectáculo en que se convirtió la conmemoración. No se ha comentado suficientemente la medida en que las clases políticas se empeñan en caminar hacia atrás, con nostalgia por sus antiguas ilusiones inconfesables.
El Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de México, es la base jurídica del país. Debe reconocerse su valor histórico, tanto por contribuir a la creación del Estado mexicano como por inscribir en él atrocidades que perduran y provocan añoranza.
Nadie se atrevería hoy a defender el artículo 4º: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Pero muchos hay en la jerarquía política y eclesiástica que resienten como traba insoportable la separación de la Iglesia y el Estado que se logró medio siglo después. Intentan por todos los medios disolverla o al menos debilitarla en los hechos, conscientes de las dificultades de hacer lo mismo en el marco jurídico e institucional.
Dos terceras partes de los flamantes mexicanos pertenecían a pueblos indios cuando nació el Estado mexicano. El Acta Constitutiva se refirió a ellos una sola vez, cuando facultó al Congreso “para arreglar el comercio con las naciones extranjeras y tribus de indios”. Esta discriminación brutal, que cuando no los trata como extranjeros los clasifica en posición inferior, se mantiene hasta hoy. La contrarreforma constitucional que traicionó los acuerdos de San Andrés prolonga la actitud colonial de los fundadores del nuevo Estado. Siguen empleándose medios legales e ilegales para marginar y acosar a los pueblos indios, particularmente aquellos, como los de comunidades zapatistas, que hacen valer en la práctica su autonomía y la convierten en proyecto político.
En el discurso oficial que el Congreso Constituyente dirigió a los habitantes de la Federación para darles a conocer el fruto de sus trabajos, los emocionados padres de la patria no vacilaron en confesar su delirio: “En todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de los Estados Unidos del Norte”. Era preciso imitarlos para llegar por fin adonde los vecinos habrían arribado: “el templo de la felicidad, de la gloria y del reposo”.
Los fundadores de México imitaron hasta el nombre de la patria que admiraban: por eso nos llamaron Estados Unidos Mexicanos. Seguramente disfrutaron la confusión que así creaban, pues denominaciones oficialmente atribuidas a los vecinos, como “norteamericano” o “estadunidense”, nos incluyen sin remedio. Cuando el país tenía dos veces más territorio y más población que esos vecinos, quienes nos constituyeron como nación independiente no tomaron en cuenta las realidades y aspiraciones de los mexicanos y las redujeron a su propio sueño: ser como esos vecinos del norte. Esta obsesión sólo puede ser satisfecha negando el propio ser, lo que le es propio a las innumerables sangres y culturas que han coexistido en el espacio y tiempo mexicanos.
La obsesión persiste hasta hoy. Cuando Monsiváis hablaba de los norteamericanos nacidos en México no se refería a los hijos de ciudadanos estadunidenses que habían entrado al mundo en territorio mexicano. Exhibía las actitudes de quienes se curaban catarros en Houston y habían convertido la visita a Disneylandia en el ritual de paso de sus hijos. Eran aquellos que soñaban no tan secretamente en que el país entero se convirtiera al fin en una barra o una estrella de la bandera estadunidense. Se dice que cuando un periodista comentó a Carlos Salinas que su proyecto parecía consistir en incorporar México a Norteamérica el presidente respondió satisfecho: “Exacto”. Sus funcionarios no cesaban de señalar que la única esperanza del país consistía en atarse a la locomotora estadunidense, aunque fuese en el último vagón. Esto es lo que se hace incesantemente desde entonces. Y todos conocemos las consecuencias.
Advirtieron los constituyentes a los flamantes mexicanos que por el “despotismo interior y exterior… la nación puede llegar a un grado de corrupción que la haga incapaz de ser regida por instituciones liberales”. La advertencia se ha cumplido puntualmente y llega en la actualidad a su extremo, al convertirse la transición política en mera transa entre partidos. El desmantelamiento del estado de derecho disuelve cada una de las instituciones de la República hasta convertirlas en humo corrompido y cruel. Algunos las siguen invocando para prolongar su agonía y hacerse de sus restos, antes que arrase todo ello la rebelión que se teje desde las profundidades de la sociedad.
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