José Luis de la Cruz G. / El Universal
Con la presentación de su proyecto de egresos para 2011 se ha confirmado que para el resto del sexenio no existirá una reducción en la parte del gasto de gobierno más ineficiente, aquel que no genera crecimiento económico ni desarrollo social sustentable, es decir, el gasto corriente.
El aumento de 113.4 mil millones de pesos respecto a lo programado para 2010 en dicho tipo de erogaciones no es algo menor, ya que si bien es cierto que en servicios personales el incremento solicitado es de “sólo” 25.9 mil millones de pesos, lo que en conjunto se desprende es que la operación del sector público es altamente onerosa y difícil de reducir, al menos para los actuales estrategas de la política económica.
Los números propuestos son contundentes, se busca ejercer un gasto programable de 2.55 billones de pesos, es decir, más que el PIB de Israel (de acuerdo al Banco Mundial). El 77% de los recursos totales se adjudican a la parte corriente y el resto a inversión (23%). Dado que en el proyecto presentado los servicios personales (parte del gasto corriente) representan el 22% del gasto programable, es evidente que el dinero destinado a la parte productiva de la economía es prácticamente el mismo que el focalizado en la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico: un gran gasto corriente y una inversión poco productiva.
En la parte de infraestructura es necesario citar que una parte del aumento deseado por el Poder Ejecutivo no beneficiará al sector productivo del país, ya que se dirige hacia las actividades de Defensa Nacional y Seguridad Pública abocadas a la llamada “guerra” contra el crimen organizado y las cuales tienen un impacto nulo en el desarrollo de sectores económicos como las manufacturas, la agricultura, la minería, los servicios financieros, la educación o la salud, sólo por citar algunos ejemplos. Si a los 12.3 mil millones de pesos adicionales que se han solicitado se les restan los rubros asociados a la parte militar y de seguridad, en realidad la ampliación es de únicamente 7.6 mil millones.
Debe de citarse que de los 7.6 mil millones adicionales para el desarrollo de infraestructura la parte que incidirá directamente tanto en la población como en las empresas productivas es significativamente menor, ya que 22.97 mil millones de pesos serán erogados por Pemex, cuestión que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no impedirá que sigan presentándose incrementos en el precio de los combustibles.
De lo anterior ya surge una primera acotación relevante: si Pemex planea aumentar su inversión más que el total del sector público, entonces deberán existir otras ramas y entidades que disminuirán su gasto. En este aspecto se tienen importantes reducciones de inversión en Comunicaciones y Transportes (15.5 mil millones de pesos), Salud (3.3 mil millones), Desarrollo Social (1.5 mil millones), IMSS (1.2 mil millones), Hacienda y Crédito Público (959 millones), además de que otros 10 ramos y entidades bajarán sus erogaciones en dicho rubro.
El ramo de Comunicaciones y Transportes sí contempla, en cambio, una elevación en el gasto corriente por 2.3 mil millones de pesos y con ello en los servicios personales que se pagarán. En Pemex la situación es similar, ya que a los 22.97 mil millones de pesos que se busca adicionar a la inversión se les deben agregar otros 21.4 mil millones para gasto corriente, de los cuales 4.8 mil millones son para servicios personales.
El aumento en los gastos para burocracia destaca no únicamente en Pemex, también es elevado en Defensa Nacional (4.3 mil millones de pesos más), en Educación Pública (4.95 mil millones adicionales), Salud (un incremento de 1.1 mil millones), en Marina (1.5 mil millones más), Seguridad Pública (1.4 mil millones extra), IMSS (11.7 mil millones adicionales), ISSSTE (un aumento de 2.3 mil millones) y en Comisión Federal de Electricidad (7.6 mil millones más). La única disminución sustancial se dio en el INEGI, y la razón es que ya no se contratará a la gente que en 2010 realizó el censo.
Por tanto, parece claro que en materia de reordenamiento del gasto el sexenio ha terminado, para el quinto año de gobierno el presupuesto seguirá siendo inercial.
Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey
Con la presentación de su proyecto de egresos para 2011 se ha confirmado que para el resto del sexenio no existirá una reducción en la parte del gasto de gobierno más ineficiente, aquel que no genera crecimiento económico ni desarrollo social sustentable, es decir, el gasto corriente.
El aumento de 113.4 mil millones de pesos respecto a lo programado para 2010 en dicho tipo de erogaciones no es algo menor, ya que si bien es cierto que en servicios personales el incremento solicitado es de “sólo” 25.9 mil millones de pesos, lo que en conjunto se desprende es que la operación del sector público es altamente onerosa y difícil de reducir, al menos para los actuales estrategas de la política económica.
Los números propuestos son contundentes, se busca ejercer un gasto programable de 2.55 billones de pesos, es decir, más que el PIB de Israel (de acuerdo al Banco Mundial). El 77% de los recursos totales se adjudican a la parte corriente y el resto a inversión (23%). Dado que en el proyecto presentado los servicios personales (parte del gasto corriente) representan el 22% del gasto programable, es evidente que el dinero destinado a la parte productiva de la economía es prácticamente el mismo que el focalizado en la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico: un gran gasto corriente y una inversión poco productiva.
En la parte de infraestructura es necesario citar que una parte del aumento deseado por el Poder Ejecutivo no beneficiará al sector productivo del país, ya que se dirige hacia las actividades de Defensa Nacional y Seguridad Pública abocadas a la llamada “guerra” contra el crimen organizado y las cuales tienen un impacto nulo en el desarrollo de sectores económicos como las manufacturas, la agricultura, la minería, los servicios financieros, la educación o la salud, sólo por citar algunos ejemplos. Si a los 12.3 mil millones de pesos adicionales que se han solicitado se les restan los rubros asociados a la parte militar y de seguridad, en realidad la ampliación es de únicamente 7.6 mil millones.
Debe de citarse que de los 7.6 mil millones adicionales para el desarrollo de infraestructura la parte que incidirá directamente tanto en la población como en las empresas productivas es significativamente menor, ya que 22.97 mil millones de pesos serán erogados por Pemex, cuestión que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no impedirá que sigan presentándose incrementos en el precio de los combustibles.
De lo anterior ya surge una primera acotación relevante: si Pemex planea aumentar su inversión más que el total del sector público, entonces deberán existir otras ramas y entidades que disminuirán su gasto. En este aspecto se tienen importantes reducciones de inversión en Comunicaciones y Transportes (15.5 mil millones de pesos), Salud (3.3 mil millones), Desarrollo Social (1.5 mil millones), IMSS (1.2 mil millones), Hacienda y Crédito Público (959 millones), además de que otros 10 ramos y entidades bajarán sus erogaciones en dicho rubro.
El ramo de Comunicaciones y Transportes sí contempla, en cambio, una elevación en el gasto corriente por 2.3 mil millones de pesos y con ello en los servicios personales que se pagarán. En Pemex la situación es similar, ya que a los 22.97 mil millones de pesos que se busca adicionar a la inversión se les deben agregar otros 21.4 mil millones para gasto corriente, de los cuales 4.8 mil millones son para servicios personales.
El aumento en los gastos para burocracia destaca no únicamente en Pemex, también es elevado en Defensa Nacional (4.3 mil millones de pesos más), en Educación Pública (4.95 mil millones adicionales), Salud (un incremento de 1.1 mil millones), en Marina (1.5 mil millones más), Seguridad Pública (1.4 mil millones extra), IMSS (11.7 mil millones adicionales), ISSSTE (un aumento de 2.3 mil millones) y en Comisión Federal de Electricidad (7.6 mil millones más). La única disminución sustancial se dio en el INEGI, y la razón es que ya no se contratará a la gente que en 2010 realizó el censo.
Por tanto, parece claro que en materia de reordenamiento del gasto el sexenio ha terminado, para el quinto año de gobierno el presupuesto seguirá siendo inercial.
Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey
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