Homero Garza Terán / El Universal
Después de varios días de estudio y de poco descanso, no puedo evitar sentir una profunda insatisfacción asociada a la monotonía y simpleza de la propuesta de paquete económico y la discusión en torno al mismo. Hemos visto esta película muchas veces.
Los grandes economistas del país se la pasan discutiendo los temas trascendentales asociados con las finanzas públicas sólo para que, a partir del 8 de septiembre, el debate se centre en la distribución de algo así como el 3.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El secretario de Hacienda anuncia que no va a mandar al Congreso la reforma hacendaria que el país necesita porque no existen las condiciones políticas para hacerlo, aceptando cuánto pesa verdaderamente el “deber ser”. Por su parte, la oposición analiza con simpleza el proyecto y retoma el mismo discurso de todos los años.
El paquete es decepcionante por varias razones. La propuesta contempla ingresos tributarios por 10.3% del PIB, incluyendo el IVA a 16%, cifra que nos deja en niveles similares a Haití y que es menor a lo que recaudábamos en 2002. Con una estimación del precio del petróleo en 63 dólares y fondos de estabilización (ahorros) que representan sólo 32% de lo que se tenía en marzo de 2009, lo único que nos queda es esperar que la economía de EU no se desacelere tanto el próximo año, porque de lo contrario vamos a tener serios problemas.
Hasta ahora, el centro del debate ha sido la disminución del IVA. De aprobarse y sin alternativas de otros ingresos, iríamos en contra de la dirección deseada porque perderíamos ingresos recurrentes, que son el sustento bajo el cual se determina la viabilidad financiera del país, y porque los 35 mil millones que en teoría se devuelven al mercado difícilmente incidirían en el crecimiento. En términos políticos, fue una decisión riesgosa del PRI porque se sobrevaluó el efecto que tiene sobre la opinión ciudadana y porque, previsiblemente, se tendrán que adoptar medidas difíciles para mantener los niveles de gasto en las prioridades de los gobiernos estatales y de los sectores sociales organizados.
Ya he dicho que no considero que el gobierno gaste poco, por lo que los 3,378,345,300,000 pesos (23.7% del PIB) pudieran ser suficientes para tener un presupuesto que sí incida en el crecimiento; lastimosamente, no lo hace.
Aunque no promuevo un análisis estéril entre el gasto corriente y el de inversión, sí sabemos que el desarrollo de infraestructura estimula el crecimiento. En el paquete, el gasto de inversión, sin incluir a Pemex, disminuye 7% en términos reales respecto del PEF aprobado para 2010, como consecuencia de los enormes recortes en carreteras, infraestructura hidráulica, desarrollo regional y salud. Estos rubros, junto con los subsidios al campo, que caen un 24% real, son precisamente las prioridades de gobiernos locales y organizaciones sociales.
Deprimir la inversión es una estrategia constante del Ejecutivo para negociar con la Cámara de Diputados. Ésta ha sido contraproducente porque ha generado que se aprueben pequeñas obras con beneficios sociales muy focalizados, sin que se apueste por grandes proyectos consensuados con los gobiernos locales; tenemos una inversión poco estructurada, la cual se refleja en tramos carreteros modernizados a medias, plantas de tratamiento de agua inoperantes y hospitales sin equipamiento.
Mi pronóstico es que después de una negociación muy ríspida, una vez más se garantizará un crecimiento real mínimo para las prioridades de los diputados, para lo cual no bastará con el reiterativo discurso de los costos de la alta burocracia, se tendrán que hacer ajustes en programas prioritarios para el Ejecutivo, y previsiblemente habrá que recurrir a un mayor déficit, lo que tampoco es una tragedia si los supuestos de crecimiento y del precio del petróleo se mantienen.
Mientras en los primeros meses del año se habla de objetivos tan ambiciosos como el acceso universal a la salud, septiembre llega año con año para situarnos en la realidad y mostrarnos la insoportable levedad del PEF.
Después de varios días de estudio y de poco descanso, no puedo evitar sentir una profunda insatisfacción asociada a la monotonía y simpleza de la propuesta de paquete económico y la discusión en torno al mismo. Hemos visto esta película muchas veces.
Los grandes economistas del país se la pasan discutiendo los temas trascendentales asociados con las finanzas públicas sólo para que, a partir del 8 de septiembre, el debate se centre en la distribución de algo así como el 3.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El secretario de Hacienda anuncia que no va a mandar al Congreso la reforma hacendaria que el país necesita porque no existen las condiciones políticas para hacerlo, aceptando cuánto pesa verdaderamente el “deber ser”. Por su parte, la oposición analiza con simpleza el proyecto y retoma el mismo discurso de todos los años.
El paquete es decepcionante por varias razones. La propuesta contempla ingresos tributarios por 10.3% del PIB, incluyendo el IVA a 16%, cifra que nos deja en niveles similares a Haití y que es menor a lo que recaudábamos en 2002. Con una estimación del precio del petróleo en 63 dólares y fondos de estabilización (ahorros) que representan sólo 32% de lo que se tenía en marzo de 2009, lo único que nos queda es esperar que la economía de EU no se desacelere tanto el próximo año, porque de lo contrario vamos a tener serios problemas.
Hasta ahora, el centro del debate ha sido la disminución del IVA. De aprobarse y sin alternativas de otros ingresos, iríamos en contra de la dirección deseada porque perderíamos ingresos recurrentes, que son el sustento bajo el cual se determina la viabilidad financiera del país, y porque los 35 mil millones que en teoría se devuelven al mercado difícilmente incidirían en el crecimiento. En términos políticos, fue una decisión riesgosa del PRI porque se sobrevaluó el efecto que tiene sobre la opinión ciudadana y porque, previsiblemente, se tendrán que adoptar medidas difíciles para mantener los niveles de gasto en las prioridades de los gobiernos estatales y de los sectores sociales organizados.
Ya he dicho que no considero que el gobierno gaste poco, por lo que los 3,378,345,300,000 pesos (23.7% del PIB) pudieran ser suficientes para tener un presupuesto que sí incida en el crecimiento; lastimosamente, no lo hace.
Aunque no promuevo un análisis estéril entre el gasto corriente y el de inversión, sí sabemos que el desarrollo de infraestructura estimula el crecimiento. En el paquete, el gasto de inversión, sin incluir a Pemex, disminuye 7% en términos reales respecto del PEF aprobado para 2010, como consecuencia de los enormes recortes en carreteras, infraestructura hidráulica, desarrollo regional y salud. Estos rubros, junto con los subsidios al campo, que caen un 24% real, son precisamente las prioridades de gobiernos locales y organizaciones sociales.
Deprimir la inversión es una estrategia constante del Ejecutivo para negociar con la Cámara de Diputados. Ésta ha sido contraproducente porque ha generado que se aprueben pequeñas obras con beneficios sociales muy focalizados, sin que se apueste por grandes proyectos consensuados con los gobiernos locales; tenemos una inversión poco estructurada, la cual se refleja en tramos carreteros modernizados a medias, plantas de tratamiento de agua inoperantes y hospitales sin equipamiento.
Mi pronóstico es que después de una negociación muy ríspida, una vez más se garantizará un crecimiento real mínimo para las prioridades de los diputados, para lo cual no bastará con el reiterativo discurso de los costos de la alta burocracia, se tendrán que hacer ajustes en programas prioritarios para el Ejecutivo, y previsiblemente habrá que recurrir a un mayor déficit, lo que tampoco es una tragedia si los supuestos de crecimiento y del precio del petróleo se mantienen.
Mientras en los primeros meses del año se habla de objetivos tan ambiciosos como el acceso universal a la salud, septiembre llega año con año para situarnos en la realidad y mostrarnos la insoportable levedad del PEF.
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