Mauricio Merino / El Universal
Creo que los alcaldes están cometiendo un grave error al oponerse a la recomposición del modelo de policía que hay en el país. Primero, porque están perdiendo de vista las acusaciones de corrupción e ineficiencia que pesan sobre sus corporaciones; segundo, porque saben de sobra que nunca habrá recursos suficientes para pagar buenos salarios y colmar las necesidades de armamento, capacitación y medios técnicos que les harían falta para derrotar al crimen; tercero, porque sus atribuciones en materia de seguridad son sumamente limitadas y habría que poner la Constitución de cabeza para transformarlas; cuarto, porque la policía no puede renacer cada tres años, y, finalmente, porque al oponerse al mando único estatal sin ofrecer alternativas, están perdiendo la oportunidad de idear y negociar un nuevo modelo de seguridad local, de barrio y de comunidad, vecinal y ciudadano, que les devolvería la iniciativa popular y la dignidad municipal.
Apenas este lunes, Reforma publicó el estudio que auspició la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en el que se enlistan las carencias y defectos de las policías municipales que, en el recuento de ese diario: “carecen de capacidad para cubrir grandes territorios, no tienen acceso a la profesionalización, sus sueldos son bajos o nulos, les faltan prestaciones laborales a sus agentes y hasta son usados como guaruras de funcionarios y sus familias, en lugar de proteger a la comunidad”. Y aparte se presume que más de la mitad de esas policías locales están infiltradas por el crimen. Según el senador Ramón Galindo, —que conoce muy bien la realidad municipal de México—, los cárteles han entendido la importancia de los municipios, “particularmente para las operaciones de narcomenudeo, y posteriormente, para asegurar infraestructura, logística, apoyo político y silencio cómplice”.
Son acusaciones fuertes, que tendrían que ser desmentidas con algo más que un puñado de palabras, pues los hechos parecen confirmarlas cada día. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana pueda ser literalmente bloqueada con hasta treinta cercos simultáneos sin que las policías locales puedan impedirlo? ¿De qué puede servir la reivindicación de la autonomía municipal cuando los criminales van fijando tarifas de seguridad a los comercios de las ciudades principales del país, sin que las policías locales puedan hacer nada? Ambas cosas forman parte de su ámbito de competencias, pero los criminales las rebasan por completo y, la verdad, cuesta trabajo reprocharle a un policía mal pagado, mal armado, amenazado y con empleo acaso por tres años que no se juegue la vida en cada lance en contra de los delincuentes.
En cambio, los gobiernos de los municipios podrían ser los promotores principales de otra forma de ofrecer seguridad, más cercana a la idea de la defensa propia: más que una policía armada hasta los dientes, una con habilidades más sociales y de organización, que de violencia y represión, capaz de auspiciar la recuperación de los espacios públicos mediante la organización de los propios ciudadanos —como ha sucedido exitosamente a veces—; con buena comunicación con la gente de los barrios y de las comunidades y con sistemas de alarma, de auxilio, de información y de asistencia, confiables para los vecinos. Una que, en lugar de ofrecer lo que no tiene, ponga en movimiento la capacidad de defensa de la propia gente, que promueva el civismo de-a-de-veras, que saque a los vecinos del aislamiento en el que nos ha metido el miedo y nos ayude a recobrar la confianza y la vida colectiva. Porque en el fondo de eso se trata: de volver a vivir con los demás, sin miedo.
Los alcaldes tendrían que ponerse de acuerdo para exigir que los gobernadores asuman la responsabilidad completa por las policías de los estados y que den la cara en serio en el combate a la delincuencia organizada (sin más reparos por el fuero al que pertenecen los delitos); que la federación asuma la coordinación de esas fuerzas destinadas a combatir el crimen y que los municipios vuelvan a lo suyo con la organización de la sociedad a través de policías de barrio y de comunidad, de sistemas de capacitación social para reaccionar a la violencia, de alarmas y medios de comunicación cruzada para alertar y contener los crímenes de calle y casa para pasar información en caso de emergencia, para promover la recuperación de parques, de plazas públicas, de calles y jardines. Para recuperar de veras a los municipios.
Tienen una oportunidad de oro para ponerse al lado de la gente y dignificar al municipio; elegir entre ser líderes de la defensa popular o bien seguir siendo los chivos expiatorios.
Creo que los alcaldes están cometiendo un grave error al oponerse a la recomposición del modelo de policía que hay en el país. Primero, porque están perdiendo de vista las acusaciones de corrupción e ineficiencia que pesan sobre sus corporaciones; segundo, porque saben de sobra que nunca habrá recursos suficientes para pagar buenos salarios y colmar las necesidades de armamento, capacitación y medios técnicos que les harían falta para derrotar al crimen; tercero, porque sus atribuciones en materia de seguridad son sumamente limitadas y habría que poner la Constitución de cabeza para transformarlas; cuarto, porque la policía no puede renacer cada tres años, y, finalmente, porque al oponerse al mando único estatal sin ofrecer alternativas, están perdiendo la oportunidad de idear y negociar un nuevo modelo de seguridad local, de barrio y de comunidad, vecinal y ciudadano, que les devolvería la iniciativa popular y la dignidad municipal.
Apenas este lunes, Reforma publicó el estudio que auspició la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en el que se enlistan las carencias y defectos de las policías municipales que, en el recuento de ese diario: “carecen de capacidad para cubrir grandes territorios, no tienen acceso a la profesionalización, sus sueldos son bajos o nulos, les faltan prestaciones laborales a sus agentes y hasta son usados como guaruras de funcionarios y sus familias, en lugar de proteger a la comunidad”. Y aparte se presume que más de la mitad de esas policías locales están infiltradas por el crimen. Según el senador Ramón Galindo, —que conoce muy bien la realidad municipal de México—, los cárteles han entendido la importancia de los municipios, “particularmente para las operaciones de narcomenudeo, y posteriormente, para asegurar infraestructura, logística, apoyo político y silencio cómplice”.
Son acusaciones fuertes, que tendrían que ser desmentidas con algo más que un puñado de palabras, pues los hechos parecen confirmarlas cada día. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana pueda ser literalmente bloqueada con hasta treinta cercos simultáneos sin que las policías locales puedan impedirlo? ¿De qué puede servir la reivindicación de la autonomía municipal cuando los criminales van fijando tarifas de seguridad a los comercios de las ciudades principales del país, sin que las policías locales puedan hacer nada? Ambas cosas forman parte de su ámbito de competencias, pero los criminales las rebasan por completo y, la verdad, cuesta trabajo reprocharle a un policía mal pagado, mal armado, amenazado y con empleo acaso por tres años que no se juegue la vida en cada lance en contra de los delincuentes.
En cambio, los gobiernos de los municipios podrían ser los promotores principales de otra forma de ofrecer seguridad, más cercana a la idea de la defensa propia: más que una policía armada hasta los dientes, una con habilidades más sociales y de organización, que de violencia y represión, capaz de auspiciar la recuperación de los espacios públicos mediante la organización de los propios ciudadanos —como ha sucedido exitosamente a veces—; con buena comunicación con la gente de los barrios y de las comunidades y con sistemas de alarma, de auxilio, de información y de asistencia, confiables para los vecinos. Una que, en lugar de ofrecer lo que no tiene, ponga en movimiento la capacidad de defensa de la propia gente, que promueva el civismo de-a-de-veras, que saque a los vecinos del aislamiento en el que nos ha metido el miedo y nos ayude a recobrar la confianza y la vida colectiva. Porque en el fondo de eso se trata: de volver a vivir con los demás, sin miedo.
Los alcaldes tendrían que ponerse de acuerdo para exigir que los gobernadores asuman la responsabilidad completa por las policías de los estados y que den la cara en serio en el combate a la delincuencia organizada (sin más reparos por el fuero al que pertenecen los delitos); que la federación asuma la coordinación de esas fuerzas destinadas a combatir el crimen y que los municipios vuelvan a lo suyo con la organización de la sociedad a través de policías de barrio y de comunidad, de sistemas de capacitación social para reaccionar a la violencia, de alarmas y medios de comunicación cruzada para alertar y contener los crímenes de calle y casa para pasar información en caso de emergencia, para promover la recuperación de parques, de plazas públicas, de calles y jardines. Para recuperar de veras a los municipios.
Tienen una oportunidad de oro para ponerse al lado de la gente y dignificar al municipio; elegir entre ser líderes de la defensa popular o bien seguir siendo los chivos expiatorios.
Profesor investigador del CIDE
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