México SA
Cien mil millones en prestaciones
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Según las autoridades, “no hay con qué pagar” a jubilados y pensionados, pues las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social “están en crisis”.
Los mexicanos no tienen por qué reclamar. Por el contrario, deben sentirse satisfechos, felices y perfectamente representados, porque su gobierno cuida los recursos públicos. Por ejemplo, Felipe Calderón, con Daniel Karam como operador de la más reciente mutilación a los derechos de los trabajadores, en contubernio con los ministros de la tremenda” Corte, asestó un brutal golpe a la garantía constitucional de recibir una pensión o jubilación dignas, toda vez que las finanzas del IMSS “están en crisis”, “no hay con qué pagar” –según dice– y tampoco se le pega la gana encontrar una solución viable a esa situación.
Que se jodan los más, porque hay que atender las necesidades de los menos. Así de sencillo, así de simple. Como “no alcanza” para respetar y garantizar íntegramente el derecho constitucional de la mayoría, sin más mutílese. No es la primera vez ni será la última, desde luego, que sin consecuencia alguna el gobierno federal mágicamente cercena o “desaparece” el ahorro de los trabajadores del sector formal de la economía (recuérdese el caso Infonavit), y es así porque los afectados nunca reclaman y sin más apechugan. A la par, a millones de desorganizados trabajadores el tema no los ocupa, puesto que sobreviven en la informalidad y conscientes están de que en eso de los derechos constitucionales no están incluidos. Paralelamente, otro grupo se alinea con y alimenta el corporativismo sindical del sector público, afiliado al ISSSTE, al que también dieron tijeretazo sin mayores consecuencias (para el gobierno mutilador, desde luego), no vaya a ser que comiencen los despidos por reclamones. No se quejen, pues, porque la impunidad sólo es posible si la mayoría lo permite.
Y ante ese estimulante panorama social surge la casta divina de la “H” burocracia federal, igual de ávida que de ineficiente, para la cual siempre hay dinero, siempre hay con qué, puesto que el voto corporativo tiene su precio y suele ser elevado, aunque represente un barril sin fondo para las finanzas públicas. Es la misma burocracia dorada que en plena crisis, 2009, se comió más de 211 mil millones de pesos en prestaciones y más de 765 mil millones en sueldos y salarios (según cifras de la Secretaría de Hacienda, que no consideran pagos por concepto de honorarios), y que en 2010, el “año de la recuperación” (versión oficial), se mantiene como voraz consumidora de recursos públicos para, a cambio, ofrecer cada día peores servicios, pésima atención y nulos resultados.
Pues bien, ese obeso sector central de la “H” burocracia del sector público federal se comió alrededor de 100 mil millones de pesos en prestaciones a lo largo del primer semestre de 2010, en medio de una espeluznante realidad para la mayoría de los mexicanos, que tiene que enfrentar el diluvio de impuestos, el aumento de precios y tarifas del mismo sector público, los salarios contenidos, el desempleo creciente y el sostenido avance de la pobreza, entre otras gracias del régimen. Además, consumió 376 mil de los cerca de 810 mil millones de pesos que presupuestalmente piensan absorber en todo el año.
Esta ineficiente maquinaria (para fines del desarrollo nacional, pero tremendamente efectiva para propósitos personales) cotidianamente consume la escalofriante cantidad de 2 mil 89 millones en salarios y salarios (pago de honorarios aparte), y 556 millones en prestaciones, que incluyen celebraciones y/o bonificaciones por todo tipo de festividades (patrias o consumistas, que a estas alturas es lo mismo). Por ejemplo, el Día del Niño, de la madre, de los maestros y el que se le ocurra. ¿Qué podría construirse con el equivalente a un semestre de prestaciones? Una refinería, por ejemplo, como la que supuestamente se construiría en Tula, la llamada del Bicentenario, de la que no han colocado un tornillo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, en Los Pinos se comieron 180 millones de pesos en prestaciones como las siguientes: pago por riesgo, actividades culturales, sociales y deportivas, apoyo a la capacitación de los servidores públicos, ayuda de despensa, ayuda para guardería o estancia infantil (allí están las del ISSSTE o las del IMSS, es cuestión de solicitarlas), compensación de servicios (¿?), cuotas por desarrollo y capacitación, día de las madres, día del niño, estímulos por productividad o puntualidad, fondo de ahorro, Fovissste, ISSSTE, otros seguros, prestaciones de retiro, previsión social múltiple, prima de vacaciones y dominical, quinquenios, seguro colectivo de retiro, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida institucional, sistema de ahorro para el retiro y otros conceptos no especificados.
Se dan casos llamativos, por decirle de alguna forma. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, en su inventario de pago por concepto de prestaciones, la Secretaría de Gobernación, en la que todavía se aferraba Fernando Gómez Mont, registra erogaciones (26.6 millones de pesos) por “aguinaldo o gratificaciones de fin de año”, es decir, de cuatro a seis meses después de que debió cubrir tales conceptos. En la misma dependencia se reconocen pagos por, entre otros conceptos, Día de la Madre, impresión de tesis, seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada.
Cual vil sucursal de McDonald’s, entre las prestaciones de la Secretaría de Educación Pública destaca la de “empleado del mes” y los más de 300 millones de pesos que se gastaron para celebrar el Día del Maestro, alrededor de 5 por ciento de los más de 6 mil millones de pesos que esta dependencia consumió en el segundo trimestre de 2010 (más 2 mil 361 millones de la administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal, por previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos). La Secretaría de Hacienda engulló mil 375 millones y la SCT mil 45, mientras los que arriesgan directamente el cuero (el propio y el de los civiles) todos los días obtuvieron 730 (Defensa Nacional), 644 (Seguridad Pública) y 897 (Marina).
Los que mayor raja sacan en eso de las prestaciones son el IMSS, con 18 mil 304 millones de pesos, sólo de abril a junio (al ISSSTE le tocaron mil 813 millones), y los del sector energético: 12 mil 618 millones entre abril y junio del presente año. De este último monto más de 7 mil millones corresponden a prestaciones en la Comisión Federal de Electricidad, y la otra gran rebanada se queda en Petróleos Mexicanos.
Ese es el panorama corporativo, en el cual las mutilaciones por decreto o contubernio ni de lejos existen.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿no hay para las pensiones y/o jubilaciones?
Cien mil millones en prestaciones
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Según las autoridades, “no hay con qué pagar” a jubilados y pensionados, pues las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social “están en crisis”.
Los mexicanos no tienen por qué reclamar. Por el contrario, deben sentirse satisfechos, felices y perfectamente representados, porque su gobierno cuida los recursos públicos. Por ejemplo, Felipe Calderón, con Daniel Karam como operador de la más reciente mutilación a los derechos de los trabajadores, en contubernio con los ministros de la tremenda” Corte, asestó un brutal golpe a la garantía constitucional de recibir una pensión o jubilación dignas, toda vez que las finanzas del IMSS “están en crisis”, “no hay con qué pagar” –según dice– y tampoco se le pega la gana encontrar una solución viable a esa situación.
Que se jodan los más, porque hay que atender las necesidades de los menos. Así de sencillo, así de simple. Como “no alcanza” para respetar y garantizar íntegramente el derecho constitucional de la mayoría, sin más mutílese. No es la primera vez ni será la última, desde luego, que sin consecuencia alguna el gobierno federal mágicamente cercena o “desaparece” el ahorro de los trabajadores del sector formal de la economía (recuérdese el caso Infonavit), y es así porque los afectados nunca reclaman y sin más apechugan. A la par, a millones de desorganizados trabajadores el tema no los ocupa, puesto que sobreviven en la informalidad y conscientes están de que en eso de los derechos constitucionales no están incluidos. Paralelamente, otro grupo se alinea con y alimenta el corporativismo sindical del sector público, afiliado al ISSSTE, al que también dieron tijeretazo sin mayores consecuencias (para el gobierno mutilador, desde luego), no vaya a ser que comiencen los despidos por reclamones. No se quejen, pues, porque la impunidad sólo es posible si la mayoría lo permite.
Y ante ese estimulante panorama social surge la casta divina de la “H” burocracia federal, igual de ávida que de ineficiente, para la cual siempre hay dinero, siempre hay con qué, puesto que el voto corporativo tiene su precio y suele ser elevado, aunque represente un barril sin fondo para las finanzas públicas. Es la misma burocracia dorada que en plena crisis, 2009, se comió más de 211 mil millones de pesos en prestaciones y más de 765 mil millones en sueldos y salarios (según cifras de la Secretaría de Hacienda, que no consideran pagos por concepto de honorarios), y que en 2010, el “año de la recuperación” (versión oficial), se mantiene como voraz consumidora de recursos públicos para, a cambio, ofrecer cada día peores servicios, pésima atención y nulos resultados.
Pues bien, ese obeso sector central de la “H” burocracia del sector público federal se comió alrededor de 100 mil millones de pesos en prestaciones a lo largo del primer semestre de 2010, en medio de una espeluznante realidad para la mayoría de los mexicanos, que tiene que enfrentar el diluvio de impuestos, el aumento de precios y tarifas del mismo sector público, los salarios contenidos, el desempleo creciente y el sostenido avance de la pobreza, entre otras gracias del régimen. Además, consumió 376 mil de los cerca de 810 mil millones de pesos que presupuestalmente piensan absorber en todo el año.
Esta ineficiente maquinaria (para fines del desarrollo nacional, pero tremendamente efectiva para propósitos personales) cotidianamente consume la escalofriante cantidad de 2 mil 89 millones en salarios y salarios (pago de honorarios aparte), y 556 millones en prestaciones, que incluyen celebraciones y/o bonificaciones por todo tipo de festividades (patrias o consumistas, que a estas alturas es lo mismo). Por ejemplo, el Día del Niño, de la madre, de los maestros y el que se le ocurra. ¿Qué podría construirse con el equivalente a un semestre de prestaciones? Una refinería, por ejemplo, como la que supuestamente se construiría en Tula, la llamada del Bicentenario, de la que no han colocado un tornillo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, en Los Pinos se comieron 180 millones de pesos en prestaciones como las siguientes: pago por riesgo, actividades culturales, sociales y deportivas, apoyo a la capacitación de los servidores públicos, ayuda de despensa, ayuda para guardería o estancia infantil (allí están las del ISSSTE o las del IMSS, es cuestión de solicitarlas), compensación de servicios (¿?), cuotas por desarrollo y capacitación, día de las madres, día del niño, estímulos por productividad o puntualidad, fondo de ahorro, Fovissste, ISSSTE, otros seguros, prestaciones de retiro, previsión social múltiple, prima de vacaciones y dominical, quinquenios, seguro colectivo de retiro, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida institucional, sistema de ahorro para el retiro y otros conceptos no especificados.
Se dan casos llamativos, por decirle de alguna forma. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2010, en su inventario de pago por concepto de prestaciones, la Secretaría de Gobernación, en la que todavía se aferraba Fernando Gómez Mont, registra erogaciones (26.6 millones de pesos) por “aguinaldo o gratificaciones de fin de año”, es decir, de cuatro a seis meses después de que debió cubrir tales conceptos. En la misma dependencia se reconocen pagos por, entre otros conceptos, Día de la Madre, impresión de tesis, seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada.
Cual vil sucursal de McDonald’s, entre las prestaciones de la Secretaría de Educación Pública destaca la de “empleado del mes” y los más de 300 millones de pesos que se gastaron para celebrar el Día del Maestro, alrededor de 5 por ciento de los más de 6 mil millones de pesos que esta dependencia consumió en el segundo trimestre de 2010 (más 2 mil 361 millones de la administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal, por previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos). La Secretaría de Hacienda engulló mil 375 millones y la SCT mil 45, mientras los que arriesgan directamente el cuero (el propio y el de los civiles) todos los días obtuvieron 730 (Defensa Nacional), 644 (Seguridad Pública) y 897 (Marina).
Los que mayor raja sacan en eso de las prestaciones son el IMSS, con 18 mil 304 millones de pesos, sólo de abril a junio (al ISSSTE le tocaron mil 813 millones), y los del sector energético: 12 mil 618 millones entre abril y junio del presente año. De este último monto más de 7 mil millones corresponden a prestaciones en la Comisión Federal de Electricidad, y la otra gran rebanada se queda en Petróleos Mexicanos.
Ese es el panorama corporativo, en el cual las mutilaciones por decreto o contubernio ni de lejos existen.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿no hay para las pensiones y/o jubilaciones?
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