Jorge Hernández Tinajero / El Universal
Aun cuando tarde, siempre será bienvenida la disposición presidencial para admitir la necesidad de un debate largamente pospuesto en su administración: la de los verdaderos resultados de su “guerra contra las drogas”, en el marco de su estrategia contra el crimen organizado.
En efecto. El progresivo reconocimiento del fracaso de su gobierno en relación a ellas, llevó apenas ayer al Presidente a dar un giro —más forzado que radical— en su, hasta el momento, inflexible posición de “no hay alternativas”, para pasar a otra, “es necesario una discusión nacional seria sobre el asunto”. Las propias cifras del Cisen, dadas a conocer un día antes, de 28 mil muertos en cuatro años, sin que pueda hablarse de mejora alguna en la vida de los mexicanos por los conceptos de seguridad pública, presencia del narcotráfico y consumo de drogas, lo orillaron a encajar un tema en el que claramente está incómodo, y del que entiende en realidad poco o muy poco, aunque es muy patente que tiene muchos prejuicios.
Por ejemplo, nuestro Presidente declaró que “hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”.
Y manifiesta así sus prejuicios, porque son más dudosos los supuestos que da por sentados: la correlación entre regulación y consumo versus prohibición, está documentada con ejemplos concretos: Holanda y Portugal, países que optan modelos más regulatorios, están entre los países con menor incidencia de consumo de cannabis en la Unión Europea y, especialmente, entre los menos consumidores de drogas más duras y peligrosas, como la heroína y las metanfetaminas. Sus jóvenes, contrariamente a la afirmación de Calderón, están mucho más protegidos e informados que los nuestros ante las drogas consideradas ilegales, y además no corren tantos riesgos por la proliferación social del narcotráfico.
Pero el resto de su afirmación es de notarse: pareciera que para nuestro Presidente es mejor 28 mil muertos y la destrucción del país, que aceptar que el consumo puede ser tolerado y regulado culturalmente (como sucede con el alcohol, el tabaco y otras drogas legales), y no sólo mediante el ejercicio de la fuerza, y que algunas drogas también son medicinas.
Pero el debate apenas empieza, y para que éste tenga lugar de manera constructiva y no meramente ideológica, es preciso contar con una base metodológica y temática común, lo que implica, en primer lugar, el compromiso de las partes para evaluar de manera conjunta la eficacia de lo ya realizado en materia de salud, seguridad pública y crimen organizado, por medio de indicadores comunes para todos los participantes.
Dado que el debate propuesto se trata sobre políticas alternativas para las drogas (entre las que se mencionó la legalización, aunque no es la única posible), conviene también enumerar algunas limitaciones de este debate en lo particular, con el fin de no generar falsas expectativas entre la sociedad, y especialmente porque la oportunidad de la discusión pública se abre en estos momentos, no por las drogas, sino por los efectos en la seguridad pública de las políticas hacia ellas:
1. La legalización o regulación de las drogas no terminará por sí misma con el crimen organizado, ya que éste se ha expandido a otros negocios.
2. Esto no implica que no sea posible realizar muchas más cosas, y más efectivas, en contra del negocio ilegal de las drogas y en beneficio de la seguridad pública.
3. La legalización o regulación de las drogas se encamina a limitar su disponibilidad en la sociedad aun más que la prohibición, y ayudan a disminuir la violencia asociada a sus mercados ilegales.
4. Es preciso entender que las drogas no se limitan a los aspectos de seguridad o de salud pública. Las drogas significan también construcciones culturales e históricas milenarias, y muchas de ellas son también medicinas esenciales plenamente reconocidas por los tratados y la ONU.
5. Un debate constructivo sobre drogas implica la voluntad de las partes por abandonar posiciones de tipo maximalista, y por entender las razones del otro. Entre prohibicionistas y liberales-reguladores, hay muchas coincidencias. Las diferencias estriban en el lenguaje y los métodos para lograr objetivos.
Presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas
Aun cuando tarde, siempre será bienvenida la disposición presidencial para admitir la necesidad de un debate largamente pospuesto en su administración: la de los verdaderos resultados de su “guerra contra las drogas”, en el marco de su estrategia contra el crimen organizado.
En efecto. El progresivo reconocimiento del fracaso de su gobierno en relación a ellas, llevó apenas ayer al Presidente a dar un giro —más forzado que radical— en su, hasta el momento, inflexible posición de “no hay alternativas”, para pasar a otra, “es necesario una discusión nacional seria sobre el asunto”. Las propias cifras del Cisen, dadas a conocer un día antes, de 28 mil muertos en cuatro años, sin que pueda hablarse de mejora alguna en la vida de los mexicanos por los conceptos de seguridad pública, presencia del narcotráfico y consumo de drogas, lo orillaron a encajar un tema en el que claramente está incómodo, y del que entiende en realidad poco o muy poco, aunque es muy patente que tiene muchos prejuicios.
Por ejemplo, nuestro Presidente declaró que “hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”.
Y manifiesta así sus prejuicios, porque son más dudosos los supuestos que da por sentados: la correlación entre regulación y consumo versus prohibición, está documentada con ejemplos concretos: Holanda y Portugal, países que optan modelos más regulatorios, están entre los países con menor incidencia de consumo de cannabis en la Unión Europea y, especialmente, entre los menos consumidores de drogas más duras y peligrosas, como la heroína y las metanfetaminas. Sus jóvenes, contrariamente a la afirmación de Calderón, están mucho más protegidos e informados que los nuestros ante las drogas consideradas ilegales, y además no corren tantos riesgos por la proliferación social del narcotráfico.
Pero el resto de su afirmación es de notarse: pareciera que para nuestro Presidente es mejor 28 mil muertos y la destrucción del país, que aceptar que el consumo puede ser tolerado y regulado culturalmente (como sucede con el alcohol, el tabaco y otras drogas legales), y no sólo mediante el ejercicio de la fuerza, y que algunas drogas también son medicinas.
Pero el debate apenas empieza, y para que éste tenga lugar de manera constructiva y no meramente ideológica, es preciso contar con una base metodológica y temática común, lo que implica, en primer lugar, el compromiso de las partes para evaluar de manera conjunta la eficacia de lo ya realizado en materia de salud, seguridad pública y crimen organizado, por medio de indicadores comunes para todos los participantes.
Dado que el debate propuesto se trata sobre políticas alternativas para las drogas (entre las que se mencionó la legalización, aunque no es la única posible), conviene también enumerar algunas limitaciones de este debate en lo particular, con el fin de no generar falsas expectativas entre la sociedad, y especialmente porque la oportunidad de la discusión pública se abre en estos momentos, no por las drogas, sino por los efectos en la seguridad pública de las políticas hacia ellas:
1. La legalización o regulación de las drogas no terminará por sí misma con el crimen organizado, ya que éste se ha expandido a otros negocios.
2. Esto no implica que no sea posible realizar muchas más cosas, y más efectivas, en contra del negocio ilegal de las drogas y en beneficio de la seguridad pública.
3. La legalización o regulación de las drogas se encamina a limitar su disponibilidad en la sociedad aun más que la prohibición, y ayudan a disminuir la violencia asociada a sus mercados ilegales.
4. Es preciso entender que las drogas no se limitan a los aspectos de seguridad o de salud pública. Las drogas significan también construcciones culturales e históricas milenarias, y muchas de ellas son también medicinas esenciales plenamente reconocidas por los tratados y la ONU.
5. Un debate constructivo sobre drogas implica la voluntad de las partes por abandonar posiciones de tipo maximalista, y por entender las razones del otro. Entre prohibicionistas y liberales-reguladores, hay muchas coincidencias. Las diferencias estriban en el lenguaje y los métodos para lograr objetivos.
Presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas
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