Alberto
Barranco / El Universal
La
interpretación a la letra por parte de la Secretaría de Salud de una de las
ocurrencias demagógicas del ex presidente Vicente Fox mantiene en el limbo
salarial a funcionarios e investigadores de alto nivel de los Institutos
Nacionales de Salud, con el consiguiente freno a la posibilidad de integrar
nuevos cuadros
Del
tamaño del despropósito habla el que los mandos superiores perciban un sueldo
base tabular de nivel menor al de los mandos inferiores. Un director general o
un subdirector, pues, gana menos que un jefe de departamento, afectándose la
posibilidad de un retiro digno.
En ningún
caso los salarios de los altos jefes exceden a 10 percepciones mínimas, a
contrapelo de los galones exigidos para ocupar los cargos.
A mayor
prestigio mayor castigo.
La historia
se inicia en 2004, cuando el gobierno foxista implanta un programa denominado
"Medidas de racionalidad y austeridad en la administración pública
federal", que en el papel permitiría ahorrar en el gasto corriente para
canalizar más recursos hacia los programas sociales.
El
problema es que el sano propósito, la antesala de la república de Benito
Juárez, se quedó, como todas las acciones del foxismo, en buenas intenciones...
por más que llevó de carambola a los que le creyeron al al ex presidente.
La llamarada
de petate se plasmó en un Decreto que en su Artículo 18 establecía que
"las dependencias y entidades no autorizarán incrementos salariales en
términos reales (es decir, descontada la inflación) para mandos medios y
superiores ni para personal de enlace".
Burlada
la disposición por la mayor parte del aparato, ésta se mantiene firme en
Institutos Nacionales como el de Nutrición, Cardiología, Enfermedades
Pulmonares, Medicina Genómica y demás etcéteras, con cargo, decíamos, a enlaces
con elevado rango de responsabilidad, subdirectores, directores de área,
directores generales e investigadores de alto nivel.
El saldo,
ocho años después, es una disminución del poder adquisitivo en 40.87%.
Más aún,
en el escenario de los esquemas utilizados por el gobierno para cubrir salarios
de los servidores públicos, se castigó el sueldo base tabular, pero se dejó
libre el capítulo de compensaciones, en un escenario en que en el primer caso
jamás se alcanza más allá de 10 salarios mínimos del Distrito Federal.
Y aunque
pudiera pensarse que en la simulación gubernamental lo que no entra por un
capítulo se compensa con el otro, el problema es que el sueldo tabular se
utiliza como base de cálculo para las prestaciones de ley.
Dicho con
todas las letras, los mandos superiores y los investigadores de alto nivel de
los institutos están condenados a una jubilación raquítica coartándose, en
paralelo, la posibilidad de obtener un crédito medio del Fovissste o un
préstamo considerable del ISSSTE.
En la
paradoja, resulta, además, que los únicos con posibilidad de obtener un sueldo
básico superior a 10 salarios son los jefes de departamento, lo que
necesariamente genera roces en el manejo de los recursos humanos.
A quién
le interesa ascender cuando nominalmente va a ganar menos.
Naturalmente,
el absurdo coloca en franca desventaja a los Institutos Nacionales de Salud no
sólo frente a instancias similares de corte privado, sino de cara al resto del
aparato público.
Los
organismos que han realizado las más espectaculares operaciones quirúrgicas en
el país y ubicado los descubrimientos científicos más notables, cuyo prestigio
rebasa las fronteras, reciben en el capítulo mil del presupuesto
("Servicios Personales") una ministración ajustada la política
salarial implantada.
El trato,
pues, es de empleados de segunda en organizaciones de primera.
La
distancia entre la posibilidad de frenar la investigación científica en el país
y estimularla depende de un simple acto de justicia: La derogación de un
decreto al que pisotean todos… menos los Institutos Nacionales de Salud.
En lo que
pareciera el destape frontal de su "estrategia" para alargar o de
plano cancelar la posibilidad de un eventual rescate de Mexicana de Aviación,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un inédito en la historia jurídica
del país, está planteando un amparo contra el juez del concurso mercantil de la
línea aérea, Felipe Consuelo Soto.
La medida
apunta, más que a lograr la transparencia de las medidas dictadas por éste, a
desprestigiarlo para asegurar su remoción.
Como
usted sabe, anteriormente se había planteado una queja ante el Consejo de la
Judicatura contra el togado, acusándolo de tomar parte en favor de la causa de
los trabajadores.
La
dependencia, en paralelo, hizo pública la exigencia de retirar del cargo al
administrador y conciliador de la compañía, Gerardo Badín, acusándolo de inepto
al no llegar a un acuerdo con los acreedores que permita levantar el concurso
mercantil.
El
problema es que a la propia SCT ha engordado la carrera de obstáculos.
MIL
VAROS
Con una
caución de mil pesos el presidente y director general del banco BBVA/Bancomer,
Ignacio Deschamps, evitó que la policía judicial capitalina lo llevara de
"palomita" al bote para un arresto de 36 horas inconmutables.
La
sentencia la emitió el juez Noveno de Distrito en Materia Civil, Rodolfo
Sánchez Zepeda, ante el desacato de una orden judicial que obligaba a la
intermediaria a resarcirle a una usuaria de tarjeta de crédito 10 mil 353 pesos
cargados indebidamente.
El caso
desnuda la fragilidad de las leyes y la inoperancia de las instituciones. ¿No
existe obligación de los bancos de mantener un ombudsman que intermedie los
conflictos con la clientela? ¿Dónde se escondió la Condusef? ¿No hay un
departamento jurídico en Bancomer?
UNA
MÁS PARA MRO
Colocada
como la única filial del Nuevo Grupo Aeroportuario (léase Mexicana de Aviación)
que se mantiene como negocio en marcha, la empresa de mantenimiento de aviones
MRO Services acaba de realizar otra hazaña de tecnología.
A
petición de la aerolínea chilena LAN, se logró una modificación estructural,
con los más altos estándares de calidad, de un equipo Boeing 763-300.
El
trabajo se realizó en sólo 21 días.
La
empresa tiene el aval del fabricante Avisten Partner Boeing, además,
naturalmente, de la autoridad aeronáutica de Chile.
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