Ciro Murayama / El Universal
Uno de los asuntos nodales de la disputa política de los últimos años ha tenido que ver con la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Es un tema que incluso ha evidenciado la debilidad del Estado mexicano frente a los poderes fácticos. La llamada “Ley Televisa”, finalmente dictaminada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la reforma electoral que prohibió la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión que desató la respuesta iracunda de las empresas mediáticas, la incapacidad del Legislativo para avanzar hacia una ley de medios moderna y las estrategias de gasto publicitario de distintos gobernantes para aparecer en las pantallas en aras de posicionarse de cara a la elección presidencial (en 2006 y 2012) son ejemplos de la inescapable y tensa relación estructural entre medios y poder.
En el primer debate presidencial, las acusaciones mutuas entre Peña Nieto y López Obrador versaron acerca de quién de los dos como mandatario local había entregado más dinero público a las televisoras. Y uno de los flancos por los que más se ha atacado la nominación y el triunfo del ex gobernador del Estado de México es el favorable trato que durante años le dispensó Televisa.
La opacidad en el trato entre servidores públicos y medios de comunicación empieza a cuestionar la legitimidad y la honestidad de los gobernantes. Tan es así que el PRI y Enrique Peña Nieto han colocado el tema de la compra de publicidad de los gobiernos en la cúspide de su agenda política (junto con el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción), por lo que impulsarán una reforma constitucional para definir los principios bajo los cuales los gobiernos pueden comprar publicidad en los medios y la creación de un consejo ciudadano que vigile tal gasto.
Aunque esa iniciativa es un paso adelante frente a la situación actual, es necesario hacer una pregunta previa: ¿por qué el Estado mexicano debe comprar publicidad en radio y televisión? Aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el Estado dispone de 48 minutos diarios en toda estación de radio y canal de televisión. Hay la posibilidad de pasar 96 anuncios de 30 segundos o 144 anuncios de 20 segundos al día, sin costo alguno.
De acuerdo con una investigación de Fundar y Artículo 19, el gasto de las entidades federativas en comunicación se duplicó entre 2005 y 2010, pasando de mil 170 millones de pesos a 2 mil 518 millones, con un gasto total en el periodo de más de 10 mil millones de pesos. Por su parte, el gobierno federal gastó sólo en 2011 más de 5 mil millones de pesos en publicidad oficial.
Y no sólo es un tema de gasto, sino de contenidos. Cuando colegas universitarios o amigos del extranjero visitan nuestro país resulta embarazoso explicarles por qué el gobierno anuncia en radio y televisión que hace hospitales donde se hacen consultas médicas o construye carreteras por las que fluye el transporte vehicular. Es oneroso y hasta ridículo el uso de la publicidad oficial.
Siendo así, más que crear un comité ciudadano (otro) que vigile si los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente u otros funcionarios gastan bien en radio y televisión, lo que correspondería es vetar toda erogación pública en los medios electrónicos y distribuir entre los distintos poderes y niveles de gobierno, con la reglamentación adecuada, los llamados tiempos del Estado. Lo otro es continuar con el desperdicio de dinero público convertido en regalo a las empresas mediáticas.
Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM
Uno de los asuntos nodales de la disputa política de los últimos años ha tenido que ver con la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Es un tema que incluso ha evidenciado la debilidad del Estado mexicano frente a los poderes fácticos. La llamada “Ley Televisa”, finalmente dictaminada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la reforma electoral que prohibió la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión que desató la respuesta iracunda de las empresas mediáticas, la incapacidad del Legislativo para avanzar hacia una ley de medios moderna y las estrategias de gasto publicitario de distintos gobernantes para aparecer en las pantallas en aras de posicionarse de cara a la elección presidencial (en 2006 y 2012) son ejemplos de la inescapable y tensa relación estructural entre medios y poder.
En el primer debate presidencial, las acusaciones mutuas entre Peña Nieto y López Obrador versaron acerca de quién de los dos como mandatario local había entregado más dinero público a las televisoras. Y uno de los flancos por los que más se ha atacado la nominación y el triunfo del ex gobernador del Estado de México es el favorable trato que durante años le dispensó Televisa.
La opacidad en el trato entre servidores públicos y medios de comunicación empieza a cuestionar la legitimidad y la honestidad de los gobernantes. Tan es así que el PRI y Enrique Peña Nieto han colocado el tema de la compra de publicidad de los gobiernos en la cúspide de su agenda política (junto con el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción), por lo que impulsarán una reforma constitucional para definir los principios bajo los cuales los gobiernos pueden comprar publicidad en los medios y la creación de un consejo ciudadano que vigile tal gasto.
Aunque esa iniciativa es un paso adelante frente a la situación actual, es necesario hacer una pregunta previa: ¿por qué el Estado mexicano debe comprar publicidad en radio y televisión? Aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el Estado dispone de 48 minutos diarios en toda estación de radio y canal de televisión. Hay la posibilidad de pasar 96 anuncios de 30 segundos o 144 anuncios de 20 segundos al día, sin costo alguno.
De acuerdo con una investigación de Fundar y Artículo 19, el gasto de las entidades federativas en comunicación se duplicó entre 2005 y 2010, pasando de mil 170 millones de pesos a 2 mil 518 millones, con un gasto total en el periodo de más de 10 mil millones de pesos. Por su parte, el gobierno federal gastó sólo en 2011 más de 5 mil millones de pesos en publicidad oficial.
Y no sólo es un tema de gasto, sino de contenidos. Cuando colegas universitarios o amigos del extranjero visitan nuestro país resulta embarazoso explicarles por qué el gobierno anuncia en radio y televisión que hace hospitales donde se hacen consultas médicas o construye carreteras por las que fluye el transporte vehicular. Es oneroso y hasta ridículo el uso de la publicidad oficial.
Siendo así, más que crear un comité ciudadano (otro) que vigile si los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente u otros funcionarios gastan bien en radio y televisión, lo que correspondería es vetar toda erogación pública en los medios electrónicos y distribuir entre los distintos poderes y niveles de gobierno, con la reglamentación adecuada, los llamados tiempos del Estado. Lo otro es continuar con el desperdicio de dinero público convertido en regalo a las empresas mediáticas.
Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM
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