Salvador García Soto / 24 Horas El Diario sin Límites
En el duelo de acusaciones mutuas que se ha vuelto
el caso MVS, asistimos, entre asombrados y asqueados, a una exhibición, en vivo
y a todo color, de cómo se manejan los asuntos de las millonarias concesiones
del estratégico sector de telecomunicaciones en nuestro país. Amenazas,
chantajes, mentiras, presiones y traiciones. Gobierno y empresarios aparecen
embarrados en las más bajas prácticas de un millonario negocio donde lo que
menos importa, en el caso del gobierno, es el interés público, y en el caso de
los empresarios el servicio y el buen uso al que estarían obligados con esas
concesiones públicas.
Ahora que una parte y la otra han empezado a
mostrar documentos y pruebas de sus dichos contrapuestos, también empiezan a
aflorar inconsistencias e incongruencias de los dos lados. Por un lado, el
reservado Joaquín Vargas, convertido hoy en fajador contra el gobierno en
defensa de su interés económico, y por el otro los miembros del gabinete del
presidente Calderón señalados por participar en una intriga que los identifica
como represores y viles negociantes de los bienes públicos.
La primer
incongruencia la cometió Joaquín Vargas. El empresario que dice haber sido
objeto de chantaje del gobierno, envío una carta a los socios de MVS, en
febrero del 2011, donde reconoce que fue su decisión despedir a Carmen
Aristegui por considerar que había violado el Código de Etica de su empresa.
Les dice también en esa carta, publicada ayer por 24 Horas, que ante la
negativa de Carmen a disculparse o sólo hacerlo parcialmente, había decidido el
despido.
Nunca
dice Joaquín en esa carta, que él mismo redactó y envío a sus socios, que haya
sido el gobierno quien pidió despedir a la periodista, como diría la semana
pasada. ¿No será que él decidió correrla para quedar bien con el gobierno y
luego venderle el favor del despido a cambio de que le arreglaran su asunto de
MVS? Cuando decide recontratarla, sí había habido ya una serie de
comunicaciones con los funcionarios de Calderón y ahí sí puede entenderse que
haya habido presiones para que no la recontratara, pero del despido y de la
petición de disculpa él nunca dice en aquella carta que hayan sido solicitadas
por el gobierno.
Pero, del
lado de la administración de Calderón también hay una gran incongruencia que
exhibe que no fueron los intereses públicos los que los movieron en esta
decisión de “rescatar” la codiciada banda 2.5. El principal argumento del
gobierno es que Joaquín Vargas no quiso pagar el precio de 27 mil millones de
pesos en el que fue valuada por expertos la banda de espectro radioeléctrico.
Y
no tenían por qué regalársela, pero el argumento oficial queda en entredicho si
se recuerda el caso de la famosa Licitación 21, en la que el gobierno entregó
en su momento a las empresas Televisa y Nextel una banda radioeléctrica en 180
millones de pesos, cuando los expertos la habían valuado en 5 mil millones de
pesos. Cuando se hizo el escándalo y el Grupo Iusacell –entonces
competidor de Televisa y hoy socio– impugnó la decisión en tribunales, el
gobierno explicó que si estaba sacrificando el precio de la banda era en aras
“de fomentar la competencia”. Finalmente Televisa dejó la sociedad ante las
fuertes críticas por lo que se llamó “la ganga”, pero la SCT y la Cofetel
autorizaron entregar esas frecuencias a Nextel en un precio infinitamente menor
al valor real del espectro público.
¿En qué
se diferencia el caso MVS y la codiciada banda 2.5 de aquella “ganga”? ¿Por qué
en aquel caso las autoridades sí bajaron el precio de manera tan notoria en
aras de “fomentar la competencia” y en éste se pusieron tan feroces y rigurosos
en exigir que pagaran el valor real de la concesión? ¿Tiene que ver con la
presencia en ambos casos de Televisa como actor interesado? Porque
Calderón en este sexenio le dio todo a la empresa de Emilio Azcarraga Jean,
todo cuanto quiso y pidió, a cambio de su apoyo. No sería raro que se despidiera
ofreciéndoles otra “ganga”.
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