ESTRATEGIAS ECONÓMICAS PARA EL OTOÑO

Una nueva ayuda financiera europea para España parece ya solo cuestión de tiempo

Aligerar la estructura administrativa del Estado es ya una obligación

España debe mostrar un cumplimiento estricto de los plazos para lograr el equilibrio financiero

Es necesario asumir la inevitabilidad de un rescate financiero (o ayuda, como quiera llamarse)

Santiago Carbó Valverde / El País  

El verano pasa para la economía española con una cierta sensación de inevitabilidad e inercia, como si tocara un cierto descanso antes de un acontecimiento muy importante. Se trata del asalto del otoño, en el que una nueva ayuda financiera europea para España parece ya solo cuestión de tiempo y concentra casi toda la atención, como si no pudiera hacerse nada mientras tanto. Se puede y debe. Para empezar, es importante plantear una comunicación coherente y sólida que se ha echado demasiadas veces de menos desde el comienzo de la crisis. Las voces deben concentrarse cuando las estrategias son tan duras como complejas, y la pluralidad de mensajes genera confusión y zozobra. Esperar tampoco es bueno porque las circunstancias no solo están difíciles para España, sino que van a empeorar para el conjunto de la Eurozona, entrando en una triste pero estratégicamente interesante situación macroeconómica que hará obvio el fracaso de la estrategia europea actual de austeridad y puede abrir paso a otras alternativas.

¿Qué podría hacerse en estos próximos meses de otoño a la luz de lo que está pasando? Permítanme una primera reflexión general. Desde el comienzo de la crisis, y esta semana no ha sido excepción, se nos ha acusado a los economistas de prestar mayor atención a la crítica que a aportar posibles soluciones a la crisis. En mi opinión, esto no es cierto. Discrepantes o no, se han aportado ya muchas ideas y casi todas ellas se refieren a medidas y reformas que, lejos de ser fórmulas mágicas, asumen la única vía de una salida lenta pero progresiva de la situación de la economía española que tiene que corregir un fortísimo endeudamiento privado y, en menor medida, público.

Desde esta perspectiva, en la estrategia económica de este otoño habría que asentar algunos principios muy importantes, entre los que quisiera destacar cuatro. El primero es que todos los Gobiernos que afrontan crisis financieras lo hacen con un coste político a corto plazo. El Gobierno de España cuenta con un margen parlamentario casi inédito en el conjunto de la Eurozona. Asumido por lo tanto el lógico coste electoral, para la salida de la crisis en España la dificultad estriba, sin duda, en cómo combinar la necesaria recuperación de un equilibrio financiero público y privado —lo que implica austeridad— con un impulso a la recuperación.

Cierto es que parece necesario que se concedan a nuestro país plazos más prolongados para la reducción de ese apalancamiento, pero también es justo reconocer que España debe mostrar a la vez un cumplimiento estricto de los mismos, algo que hasta ahora no se ha logrado y que ha generado muchas dudas a nuestros socios europeos. Tampoco tiene mucho sentido aplicar austeridad y recortes únicamente allí donde se podría establecer un sistema de incentivos más adecuado, como en muchos aspectos de la función pública y, en particular, en sanidad y educación. Y en este capítulo de dónde meter tijera no parece conveniente el recorte en innovación, cuyo retorno compensa con creces la inversión. Asimismo, aligerar la estructura administrativa del Estado es ya una obligación, habida cuenta de la evidencia de solapamientos, sobredimensionamiento y falta de eficiencia. Parece también que va siendo hora de asumir qué empresas y activos públicos pueden enajenarse para generar ingresos, como hace cualquier familia ante situaciones de precariedad. Y aunque también puede tener su coste electoral y el entorno social es delicado, no resulta de recibo asumir todas las noticias que se van produciendo sobre el alarmante aumento del fraude fiscal en el momento en que más necesario es generar ingresos para las arcas del Estado. Estas son cuestiones urgentes que no deberían esperar.
En segundo lugar, salir de la recesión será tan importante como alcanzar un crecimiento sostenible, y la sostenibilidad solo la pueden aportar las reformas. En este punto, habría que alcanzar una mayor completitud de la reforma laboral donde no caben los términos medios. La reforma actual no acaba con la dualidad de los contratos ni mejora la eficiencia de las políticas activas. El sector público debe colaborar activamente en la creación de empleo privado con sistemas de formación, orientación y reciclaje más exigentes que los actuales. Además, habría que poner algo de orden, estrategia y visión de largo plazo con otras reformas, como la de las pensiones, estableciendo sistemas proporcionales a la cotización (modelo sueco, por ejemplo).

Junto a estos aspectos, todas las administraciones públicas, en sus jurisdicciones respectivas, deben estimular la actividad industrial y de servicios del país, alejándose del modelo tradicional casi exclusivamente volcado en la oferta de suelo urbanizable. Hay que pensar en otros usos del suelo y de los recursos que el sector público puede propiciar. Adicionalmente, sería necesario acometer una reforma energética, sector donde existe bastante confusión y donde lo principal sería establecer qué energía se quiere a largo plazo para España, antes de establecer extraños sistemas de imposición o de compensación del déficit de tarifa. Por su posición geográfica, sus capacidades logísticas y su infraestructura, España puede jugar un papel central en la distribución de la energía desde el Norte de África a Europa, que sería una actividad económica muy prometedora. También es necesaria una mayor liberalización de los servicios, que debería extenderse al resto de Europa, donde en algunos países (Alemania, sin ir más lejos) existe una elevada protección a la entrada exterior de servicios profesionales en los que otros (como España) son más competitivos. Debe tenerse en cuenta que en España hay empresas muy consolidadas que han propiciado un mantenimiento de la cuota de exportación, pero es necesario más volumen y, por lo tanto, incentivos para empresas exportadoras e innovadoras.

La tercera cuestión estratégica es asumir la inevitabilidad de algún nuevo tipo de rescate financiero (o ayuda, como quiera llamarse) y que es mejor diseñar cuanto antes para que a su lógico impacto negativo inicial —en cuanto a rescate— le siga una cierta sensación de camino de salida para España, que pueda servirle de impulso. A falta de conocer todos los detalles, el Banco Central Europeo parece haber marcado ya una línea de disciplina. Al parecer, su acción se centrará en operaciones de liquidez de corto plazo, esperando que sean los países en dificultades los que decidan sobre mecanismos de ayuda europeos para el largo plazo.

El cuarto y último principio consiste en recordar las bases tradicionales de resolución de una crisis financiera. En lo que a España se refiere, esto requeriría adelantar el saneamiento bancario —donde ya se ha avanzado de forma muy importante en términos de reestructuración y provisiones— e impulsar el ajuste inmobiliario aún pendiente que permita reequilibrar el valor de los activos, cuyo desajuste es el gran talón de Aquiles de España en esta crisis. Los inversores no perciben que ese ajuste —y, en general, el de la necesaria reducción del endeudamiento privado— se esté produciendo a la velocidad adecuada hasta ahora y, por lo tanto, repliegan posiciones en España, con importantes salidas de capitales. Y lo hacen sobre la base de que nuestro país e Italia marcan la línea de ruptura del euro.

Precisamente la combinación de estas estrategias de corto y largo plazo tienen como misión fundamental proporcionar estabilidad y credibilidad a España como proyecto económico y social. Es urgente atajar esa sobrerreacción por parte de estos inversores (en parte, ante esa sensación de movimiento inercial del país), y un marco de mayor estabilidad podría hacer que, aunque fuera parcialmente, se retomaran parte de las posiciones perdidas por nuestro país como destino de inversión. En este terreno puede ayudar el ejemplo de grandes empresas y entidades financieras que siguen siendo una referencia internacional respetada y cuya proyección debe aprovecharse al máximo. España precisa de un nuevo modelo de crecimiento que consiste en no despreciar lo que funciona, impulsar lo que destaca y crear nuevas capacidades.