El Estado mexicano vuelve a mostrar lo endeble que siguen siendo sus instituciones. El reciente escándalo por la concesión de un bien de dominio público revela las perversiones que aún son posibles.
Esto además de los agravantes por los personajes involucrados: el Presidente de la República y un empresario de los medios de comunicación y las telecomunicaciones.
Las acusaciones de chantaje que se hacen respectivamente las partes son terribles: por un lado, concesionar frecuencias del radioespectro a cambio de coartar la libertad de expresión; por el otro, ofrecer una línea editorial en un medio electrónico de comunicación a cambio de preservar el privilegio de usufructuar una concesión del radioespectro que, por los avances tecnológicos, ahora permite ser explotada con mayor intensidad, y por lo cual aumenta de manera desmedida su valor económico. De paso, la autoridad afectó el interés público, expresado en términos de los usuarios de la banda ancha al excluir del mercado una opción para incrementar la competencia, y con ello mejorar el servicio y bajar el costo de, por ejemplo, internet. En un Estado democrático de derecho los escándalos de esta naturaleza son inadmisibles. Es inaceptable que la administración federal -responsable de concesionar y recaudar el valor económico de las frecuencias del radioespectro- use bienes del dominio público para buscar fines que se apartan de proteger y promover el interés público.
El radioespectro y los hidrocarburos tienen en común que ambos son bienes del dominio público y son finitos, con la diferencia de que el petróleo y el gas natural son recursos no renovables. Posiblemente porque el radioespectro no se menciona específicamente en la Constitución y no aporta la cuantía de recursos a la hacienda pública como lo hace el petróleo, la discusión y escrutinio de la administración del radioespectro han pasado inadvertidos. Sin embargo, su naturaleza de bien de dominio público obliga a darle el mismo lugar.
En este contexto, la revista de debate político Plataforma, de la Fundación Colosio, al dedicarle en una edición especial al tema Presidencia democrática, le cae como anillo al dedo a esta tragedia, muestra clara de que el Estado autoritario goza de cabal salud. Es un pleonasmo, pero el Estado democrático requiere de una Presidencia con actitud democrática.
Nuestra Constitución, al referirse en el artículo 3° al criterio que orientará a la educación que imparta el Estado, define a la democracia “… no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
A partir de esta definición es de trascendencia para la vida democrática la asignación que las autoridades hacen de los bienes del dominio público, especialmente si éstas llegan a ser monopolios. La transparencia obliga a que las concesiones de estos bienes sean licitadas, más si van a estar en posibilidades de ejercer prácticas monopolísticas.
En estos casos, la regulación y la supervisión son fundamentales, por lo que los responsables tienen la obligación de rendir cuentas de cómo, con las facultades a su disposición, pudieron proteger en todo momento el interés público.
Para lograr que una Presidencia sea considerada democrática desde una perspectiva económica, es imprescindible la transparencia con la que manejará la hacienda. Un avance del Estado mexicano en esta materia ha sido la obligación que tiene el Ejecutivo federal de revelar a cuánto ascienden las excepciones, regímenes especiales, tasas diferenciadas y otros subsidios que se otorgan a través de las leyes tributarias. Este conjunto de privilegios contribuye a explicar la concentración de la riqueza y del ingreso que prevalece en nuestro País.
En consecuencia, una Presidencia para mantenerse dentro de la disciplina democrática, y con ello evitar la tentación de otorgar privilegios a costa del interés público, requiere como leitmotiv transparencia y rendición de cuentas, en todos los campos, y de manera especial en la asignación de los bienes de dominio público. El otorgamiento de concesiones de bienes públicos a cambio de favores privados atenta contra el Estado democrático que todos queremos. Desterremos al Estado autoritario que tanto daño causa.
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