sábado, 13 de agosto de 2011

MÉXICO SIN POLVORA

Jorge A. Chávez Presa / El Universal
El común denominador de la hacienda pública y la seguridad pública es su escaso margen de maniobra. Ambos instrumentos carecen del “poder de fuego” requerido para hacerle frente a los enemigos del Estado mexicano. Estos son de los grandes problemas estructurales que habrá que superar a fin de recobrar soberanía en un mundo globalizado que complica y amplifica las perturbaciones externas al afectar el interior de un país.
Hay que tenerlo presente y reiterarlo: la hacienda pública mexicana es muy débil en dos de sus ámbitos de aplicación. En el aspecto macroeconómico sólo ha avanzado para no convertirse en un factor de inestabilidad, y, de hecho, está muy bien preparada para ajustar el gasto cuando los ingresos disminuyen. Sin embargo, en lo que se refiere a tener la capacidad para impulsar políticas públicas contracíclicas relevantes, su efecto es mínimo.
Para ilustrar lo anterior pongo en contexto estos componentes: el gasto público medido por su consumo e inversión representa en promedio tan sólo 13% de lo que el sector privado nacional y extranjero demanda en bienes y servicios en la economía nacional. Tan sólo el consumo privado es casi cuatro veces mayor al gasto total del gobierno. Significa que caídas en el consumo o las exportaciones, que en promedio han representado 45% del consumo, sólo pueden mitigarse de manera marginal.
Lo vimos en 2009, la política contracíclica que se materializó con un aumento del gasto, una reducción involuntaria de la recaudación ocasionada por la reducción de la actividad económica, volvió en déficit un superávit primario (la diferencia entre los ingresos y el gasto público que excluye intereses y amortizaciones). Esta expansión fiscal resultó pequeñísima y no pudo evitar que el producto interno bruto (PIB) cayera en 6% y se perdieran más de 701 mil empleos medidos por los trabajadores asegurados del IMSS, entre el punto más alto previo a la crisis (octubre 2008), y el más bajo durante ésta (mayo de 2009).
En consecuencia, tener una hacienda pública sólida es una necesidad. Significa que el Estado tiene a su alcance un instrumento macroeconómico más efectivo en el que los contribuyentes aportan los recursos para cubrir el costo de las funciones básicas del Estado.
Los servicios públicos y el estado de bienestar, con sus iniquidades y costos, no se están cubriendo en su totalidad con las contribuciones. Se están sufragando con ingresos petroleros. ¡Qué mayor perversidad estamos permitiendo a costa de las futuras generaciones! Usar un activo para pagar consumo.
Hoy día, cuando el gasto programable por habitante es el más alto de la historia — supera incluso al que se alcanzó en la administración del presidente López Portillo—, éste no se traduce en los servicios públicos que las actividades productivas y sociales requieren para elevar su productividad. Desde que distraen recursos valiosos para compensar la falta de seguridad, o encarecen los contratos o incluso inhiben transacciones por la falta de seguridad jurídica, hasta los millones de horas-persona que se pierden por la falta de un transporte público digno y eficiente para toda la población. Ni qué decir de la ausencia de autoridades efectivas en las telecomunicaciones, las cuales han sido incapaces de que los concesionarios de un servicio público nos aseguren la banda ancha que merecemos, sino que han carecido de la voluntad para evitar que estos últimos nos esquilmen.
Un sistema de seguridad pública no se construye en un sexenio, pero va a ser imposible llegar al que necesitamos. Las amenazas internas y externas del crimen organizado requerirán una fuerte inversión en la formación de capital humano.
Si hemos logrado que la política monetaria se constituya en un instrumento importante para la estabilidad, lo cual comenzó desde que se le confirió al Banco de México la autonomía, lo podremos hacer con otras herramientas que necesita el Estado mexicano, nuestra casa en la aldea global. Nuestro destino está en manos de quienes hacen la política, esto es, de quienes inciden en la distribución del poder público.
Economista

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