Jorge Chavez Presa / El Universal
Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue obligado a dejar la jefatura del gobierno del DF. La Cámara de Diputados, previo juicio de procedencia, le quitó el 7 de abril de 2005 la inmunidad contra procesos judiciales por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia.
En su defensa, Manuel Camacho Solís convenció a la opinión pública y a instancias internacionales de gran influencia, que al más alto nivel se promovió el desafuero para sacar a AMLO de la carrera presidencial, lo cual confirmaba la hipótesis del “complot”. Con la efectividad de esta acción no le quedó alternativa a la Procuraduría General de la República que poner el asunto en la congeladora. Todo este affair combinado con los videos de las ligas y Las Vegas motivaron a AMLO a pronunciar su famosa frase “al diablo con las instituciones”. Esta expresión y la de “cállate chachalaca” facilitaron la campaña en su contra de un “peligro para México”.
Es un hecho, cualquiera que ejerza un cargo público y no cumpla con la ley es definitivamente un peligro para México. De ser así el caso, algo peligroso está pasando en el país. No es reciente, pero viene acentuándose desde hace algunos lustros, si no es que décadas, que nuestra tolerancia a aceptar que no se cumpla con lo que marca la Constitución, ya no decir las leyes que de ella han emanado, ha aumentado. El no-pasa-nada, el que no haya consecuencias por romper consistente y continuamente las reglas de juego que una sociedad ha establecido para tener y promover una vida en la civilidad, es algo delicado.
Por ello no deba extrañarnos el aumento de la violencia, y reconocer que su incremento responde más que nada a la impunidad. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial expone que para romper “los ciclos repetidos de violencia política y criminal que causan miseria humana y obstaculizan el desarrollo… es crucial fortalecer las instituciones nacionales legítimas y mejorar la gestión de gobierno, a fin de brindar a la población seguridad, justicia y el empleo…”. Agrega: “la fragilidad e ilegitimidad de las instituciones que no están en condiciones de brindar seguridad ciudadana, justicia y empleo pueden suscitar crisis en países aparentemente estables… La violencia se produce en los casos en que Estados y gobiernos subnacionales no brindan seguridad y acceso a la justicia…”.
Sí, nos debe preocupar que quienes tienen la responsabilidad del poder público no respeten el marco jurídico. Sirvan de evidencia los siguientes ejemplos recientes: uno, la Constitución establece con todas sus letras (fracción III, inciso C del artículo 37) que se requiere permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente para aceptar o usar condecoraciones extranjeras a riesgo de perder la ciudadanía mexicana. Dos, la Cámara de Diputados de la Unión aún no elige a los consejeros electorales que concluyeron su periodo el año pasado (fracción V, apartado D, párrafo III, artículo 41 de la CPEUM), y estamos a cerca de 395 días de las elecciones para presidente de la república y la renovación de los 128 senadores y 500 diputados federales. Tres, los largos retrasos en el envío de las propuestas del Presidente de la República al Senado o a la Comisión Permanente, de ministro a la Suprema Corte de Justicia (fracción VIII, artículo 76 de la CPEUM) y de subgobernador al Banco de México (Ley del Banco de México). Cuatro, dejar en el limbo o en la incertidumbre constitucional a las Fuerzas Armadas para usarlas en el combate a la delincuencia en el territorio. Lo anterior son sólo los casos recientes que se suman a los de años y administraciones anteriores. No importa el partido, el poder o nivel de gobierno, la realidad actual es que en un país laico no hay devoción por cumplir en todo momento con lo que marca la ley.
Nos conviene recordar que las ocasiones en las que se hace cumplir la ley nos fortalecen. El ejemplo lo tenemos en la expropiación petrolera, al no cumplir las compañías petroleras extranjeras el laudo emitido por la Suprema Corte.
Está en nuestras manos recobrar la paz y tranquilidad que la delincuencia organizada nos ha robado. Exijamos que para empezar todas nuestras autoridades, de todos los poderes u órganos autónomos, y niveles de gobierno, respeten el marco jurídico. De lo contrario serán un peligro para México. Tan malo es decir “al diablo con las instituciones”, como practicarlo sin decirlo.
Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue obligado a dejar la jefatura del gobierno del DF. La Cámara de Diputados, previo juicio de procedencia, le quitó el 7 de abril de 2005 la inmunidad contra procesos judiciales por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia.
En su defensa, Manuel Camacho Solís convenció a la opinión pública y a instancias internacionales de gran influencia, que al más alto nivel se promovió el desafuero para sacar a AMLO de la carrera presidencial, lo cual confirmaba la hipótesis del “complot”. Con la efectividad de esta acción no le quedó alternativa a la Procuraduría General de la República que poner el asunto en la congeladora. Todo este affair combinado con los videos de las ligas y Las Vegas motivaron a AMLO a pronunciar su famosa frase “al diablo con las instituciones”. Esta expresión y la de “cállate chachalaca” facilitaron la campaña en su contra de un “peligro para México”.
Es un hecho, cualquiera que ejerza un cargo público y no cumpla con la ley es definitivamente un peligro para México. De ser así el caso, algo peligroso está pasando en el país. No es reciente, pero viene acentuándose desde hace algunos lustros, si no es que décadas, que nuestra tolerancia a aceptar que no se cumpla con lo que marca la Constitución, ya no decir las leyes que de ella han emanado, ha aumentado. El no-pasa-nada, el que no haya consecuencias por romper consistente y continuamente las reglas de juego que una sociedad ha establecido para tener y promover una vida en la civilidad, es algo delicado.
Por ello no deba extrañarnos el aumento de la violencia, y reconocer que su incremento responde más que nada a la impunidad. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 del Banco Mundial expone que para romper “los ciclos repetidos de violencia política y criminal que causan miseria humana y obstaculizan el desarrollo… es crucial fortalecer las instituciones nacionales legítimas y mejorar la gestión de gobierno, a fin de brindar a la población seguridad, justicia y el empleo…”. Agrega: “la fragilidad e ilegitimidad de las instituciones que no están en condiciones de brindar seguridad ciudadana, justicia y empleo pueden suscitar crisis en países aparentemente estables… La violencia se produce en los casos en que Estados y gobiernos subnacionales no brindan seguridad y acceso a la justicia…”.
Sí, nos debe preocupar que quienes tienen la responsabilidad del poder público no respeten el marco jurídico. Sirvan de evidencia los siguientes ejemplos recientes: uno, la Constitución establece con todas sus letras (fracción III, inciso C del artículo 37) que se requiere permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente para aceptar o usar condecoraciones extranjeras a riesgo de perder la ciudadanía mexicana. Dos, la Cámara de Diputados de la Unión aún no elige a los consejeros electorales que concluyeron su periodo el año pasado (fracción V, apartado D, párrafo III, artículo 41 de la CPEUM), y estamos a cerca de 395 días de las elecciones para presidente de la república y la renovación de los 128 senadores y 500 diputados federales. Tres, los largos retrasos en el envío de las propuestas del Presidente de la República al Senado o a la Comisión Permanente, de ministro a la Suprema Corte de Justicia (fracción VIII, artículo 76 de la CPEUM) y de subgobernador al Banco de México (Ley del Banco de México). Cuatro, dejar en el limbo o en la incertidumbre constitucional a las Fuerzas Armadas para usarlas en el combate a la delincuencia en el territorio. Lo anterior son sólo los casos recientes que se suman a los de años y administraciones anteriores. No importa el partido, el poder o nivel de gobierno, la realidad actual es que en un país laico no hay devoción por cumplir en todo momento con lo que marca la ley.
Nos conviene recordar que las ocasiones en las que se hace cumplir la ley nos fortalecen. El ejemplo lo tenemos en la expropiación petrolera, al no cumplir las compañías petroleras extranjeras el laudo emitido por la Suprema Corte.
Está en nuestras manos recobrar la paz y tranquilidad que la delincuencia organizada nos ha robado. Exijamos que para empezar todas nuestras autoridades, de todos los poderes u órganos autónomos, y niveles de gobierno, respeten el marco jurídico. De lo contrario serán un peligro para México. Tan malo es decir “al diablo con las instituciones”, como practicarlo sin decirlo.
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