Aumenta en un 60% el número de planes de pensiones privados que se rescatan por las dificultades económicas
Joaquin Estefanía / El País
La misión del FMI ha terminado de diagnosticar in situ la situación de la economía española. A partir de este momento sus componentes analizarán, ya en sus laboratorios, la capacidad de crecimiento en el futuro y el grado de corrección de los desequilibrios actuales. Recemos, por el bien de todos, para que esta vez el Fondo acierte más que en las anteriores, pues con la nerviosa sensibilidad que han adquirido los mercados, una mala nota para España significaría otro aumento de la prima de riesgo: más dinero para pagar deudas y menos para inversión pública o gasto social.
El FMI ha elaborado su trabajo sin interferencias de la opinión pública. En silencio. Los funcionarios que han venido a Madrid habrán tenido ocasión de observar en directo el dañino efecto contagio de la crisis griega en las cuentas del Reino de España, y las consecuencias del mismo en quienes se sienten más concernidos por los sacrificios impuestos: en unas semanas, el silencio de las víctimas ha devenido en el movimiento de los indignados, que tiene mucho más recorrido que las acampadas, las manifestaciones o los bloqueos a las instituciones representativas. Los que hasta ahora han protestado y manifestado tan fuerte desapego hacia los políticos, no se representan solo a ellos, sino que prestan su voz a muchos otros que todavía no han salido a las calles.
Este es el contexto en el que habrá trabajado la misión del FMI. Pero ello es solo una parte de la realidad. Hay otra en la que los representantes de los organismos multilaterales no suelen profundizar. Ni visitar. En las crisis largas y profundas, como la actual, se da una separación creciente entre una categoría central de asalariados, protegidos por el Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, seguro de desempleo...) y abundantes categorías de excluidos, desarraigados o marginales: esos a quienes Robert Castel ha denominado los desafiliados al sistema.
La Memoria del Consejo Económico Social (CES) correspondiente a 2010, recién publicada, proporciona abundante información para cuantificar esta última categoría. Reproduzcamos tres de las tendencias que analiza:
- El porcentaje de población en riesgo de pobreza es del 23,4%, casi la cuarta parte del total, con el aumento más importante en un solo año (un 1,3%), el último, desde que existen registros relativos a esta magnitud. El incremento de la pobreza produce en paralelo un aumento de la desigualdad, bastante pronunciado desde 2008. No en vano la renta de la población con mayores ingresos en España fue seis veces superior a la de la población con ingresos más bajos, mientras que en la UE esa diferencia se reduce a 4,9.
- La protección por desempleo alcanzó a poco más de tres millones de personas, habiendo entonces más de un millón de desempleados que no recibió ninguna prestación. Por tanto, la tasa de cobertura retrocedió desde el 80% registrado en diciembre de 2009 al 77,4% un año después. El seguro de paro, que ha sido la vertiente de la protección social que mayor esfuerzo ha desplegado para amortiguar la pérdida de rentas que acarrea el paro, "ha comenzado a dar señales de no ser suficiente para alcanzar a todas las situaciones, con un protagonismo cada vez mayor de la vertiente asistencial".
- Como consecuencia de las crecientes dificultades económicas de los ciudadanos hay un importante aumento de los rescates anticipados de las aportaciones realizadas a los planes de pensiones, desde que se amplió esta posibilidad. En 2010 aumentó un 62% el número de beneficiarios que se acogió a esta posibilidad. Los planes de pensiones agrupan en España más de 10 millones de cuentas de partícipes, aunque sus aportaciones son escasas (la mayoría por debajo de los 900 euros).
La misión del FMI debería atender a la Memoria del CES para elaborar su descripción equilibrada de la economía española: el desempleo, el descenso de los ingresos, la riqueza y la renta disponible de los hogares siguen marcando el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. La crisis hace recobrar importancia a las redes de solidaridad familiares e informales, para atenuar las consecuencias más graves de la recesión. Y ello, concluye el CES, "trasluce la pérdida progresiva de la capacidad de las políticas sociales para afrontar una situación como la actual".
Joaquin Estefanía / El País
La misión del FMI ha terminado de diagnosticar in situ la situación de la economía española. A partir de este momento sus componentes analizarán, ya en sus laboratorios, la capacidad de crecimiento en el futuro y el grado de corrección de los desequilibrios actuales. Recemos, por el bien de todos, para que esta vez el Fondo acierte más que en las anteriores, pues con la nerviosa sensibilidad que han adquirido los mercados, una mala nota para España significaría otro aumento de la prima de riesgo: más dinero para pagar deudas y menos para inversión pública o gasto social.
El FMI ha elaborado su trabajo sin interferencias de la opinión pública. En silencio. Los funcionarios que han venido a Madrid habrán tenido ocasión de observar en directo el dañino efecto contagio de la crisis griega en las cuentas del Reino de España, y las consecuencias del mismo en quienes se sienten más concernidos por los sacrificios impuestos: en unas semanas, el silencio de las víctimas ha devenido en el movimiento de los indignados, que tiene mucho más recorrido que las acampadas, las manifestaciones o los bloqueos a las instituciones representativas. Los que hasta ahora han protestado y manifestado tan fuerte desapego hacia los políticos, no se representan solo a ellos, sino que prestan su voz a muchos otros que todavía no han salido a las calles.
Este es el contexto en el que habrá trabajado la misión del FMI. Pero ello es solo una parte de la realidad. Hay otra en la que los representantes de los organismos multilaterales no suelen profundizar. Ni visitar. En las crisis largas y profundas, como la actual, se da una separación creciente entre una categoría central de asalariados, protegidos por el Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, seguro de desempleo...) y abundantes categorías de excluidos, desarraigados o marginales: esos a quienes Robert Castel ha denominado los desafiliados al sistema.
La Memoria del Consejo Económico Social (CES) correspondiente a 2010, recién publicada, proporciona abundante información para cuantificar esta última categoría. Reproduzcamos tres de las tendencias que analiza:
- El porcentaje de población en riesgo de pobreza es del 23,4%, casi la cuarta parte del total, con el aumento más importante en un solo año (un 1,3%), el último, desde que existen registros relativos a esta magnitud. El incremento de la pobreza produce en paralelo un aumento de la desigualdad, bastante pronunciado desde 2008. No en vano la renta de la población con mayores ingresos en España fue seis veces superior a la de la población con ingresos más bajos, mientras que en la UE esa diferencia se reduce a 4,9.
- La protección por desempleo alcanzó a poco más de tres millones de personas, habiendo entonces más de un millón de desempleados que no recibió ninguna prestación. Por tanto, la tasa de cobertura retrocedió desde el 80% registrado en diciembre de 2009 al 77,4% un año después. El seguro de paro, que ha sido la vertiente de la protección social que mayor esfuerzo ha desplegado para amortiguar la pérdida de rentas que acarrea el paro, "ha comenzado a dar señales de no ser suficiente para alcanzar a todas las situaciones, con un protagonismo cada vez mayor de la vertiente asistencial".
- Como consecuencia de las crecientes dificultades económicas de los ciudadanos hay un importante aumento de los rescates anticipados de las aportaciones realizadas a los planes de pensiones, desde que se amplió esta posibilidad. En 2010 aumentó un 62% el número de beneficiarios que se acogió a esta posibilidad. Los planes de pensiones agrupan en España más de 10 millones de cuentas de partícipes, aunque sus aportaciones son escasas (la mayoría por debajo de los 900 euros).
La misión del FMI debería atender a la Memoria del CES para elaborar su descripción equilibrada de la economía española: el desempleo, el descenso de los ingresos, la riqueza y la renta disponible de los hogares siguen marcando el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. La crisis hace recobrar importancia a las redes de solidaridad familiares e informales, para atenuar las consecuencias más graves de la recesión. Y ello, concluye el CES, "trasluce la pérdida progresiva de la capacidad de las políticas sociales para afrontar una situación como la actual".
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