ALFONSO ZÁRATE / El Universal
La libertad del hijo del profesor, otorgada por la jueza federal Blanca Evelia Parra Meza, confirmó lo que se veía venir desde la detención del exalcalde de Tijuana: las graves fallas legales de la maniobra militar; la supuesta "flagrancia" no parecía sostenerse, y un vicio de origen -la irrupción en domicilio particular sin órdenes de cateo y detención- terminaría por dar al traste con el operativo.
El documento de la jueza concluye que "[...] los eventos suscitados el día 4 de junio, en el interior del inmueble, acontecieron de manera diversa en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército en su denuncia de hechos". Con las pruebas aportadas por la PGR "quedaron evidenciadas diversas inconsistencias con relación a las circunstancias de horarios, distancias y lugares que los militares refieren".
Así se explica, quizá, que la juez no hiciera referencia alguna al tema clave del asunto: el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la posesión de algunas de uso permitido, pero sin licencia, y la presunta vinculación de dos de ellas con actos criminales. El aparente hilo suelto ha sido puesto en evidencia por la titular de la SIEDO, subprocuradora Patricia Bugarín; un tribunal de apelación estudiará los argumentos de la PGR y resolverá la apelación.
La maniobra policiaca ejecutada por militares revela el grado de discrecionalidad, indiferencia o irresponsabilidad jurídica (al filo de la ilegalidad) con que se despliegan algunos operativos del Ejército; no puede afirmarse que sea la norma, pero pone de manifiesto serios riesgos y enormes deficiencias en la estrategia de seguridad y lucha contra el crimen. Si los militares actuaron al margen de la ley y luego mintieron en sus declaraciones ministeriales, ¿quién asume la responsabilidad?
Asimismo, el episodio reitera la incompetencia del Ministerio Público federal para sustentar casos conforme a derecho y en estricto apego a la ley -o su escaso criterio para desistirse cuando no cuente con elementos suficientes y ahorrarse vergüenzas. Lo del Michoacanazo fue el primer ejemplo: todos los detenidos fueron puestos en libertad (un año después) porque no hubo una sola prueba convincente del presunto involucramiento con el crimen organizado. Lo de Jorge Hank Rhon ratifica el perfil institucional: ineptitud en la investigación, inconsistencia en la integración de expedientes y uso faccioso de la "procuración" de justicia, para no hablar de la profunda indiferencia que parece provocar a la procuradora Morales y subordinados la estricta aplicación de la ley.
En términos puramente jurídicos, es la PGR quien cultiva y promueve la impunidad: el MP federal no es capaz de probar acusaciones y garantizar el debido proceso, legalidad elemental en un Estado de Derecho.
Por otro lado, la resolución judicial compromete al gabinete de seguridad, especialmente al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y al vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, quienes justificaron la acción de los militares. Ya sea por reacción automática (espíritu de cuerpo) o por contar con información imprecisa, el hecho es que no parece haber quien controle los hilos en un área clave del Gobierno Federal.
Finalmente, el ridículo se extiende al Gobierno de Baja California y su Procuraduría de Justicia. Quisieron aprovechar el viaje y agotar sus recursos para mantener en prisión al enemigo y probable aspirante priista a la gubernatura, pero sus recursos eran mínimos. Solicitaron el arraigo de Hank -se dice que por instrucciones de Blake- para ampliar investigaciones a partir de una denuncia frágil sobre el asesinato de una mujer relacionada con uno de los hijos de Hank. El juez del fuero común negó el arraigo y otorgó la segunda libertad.
Si fue un operativo diseñado para golpear políticamente al PRI y a Peña Nieto, el tiro salió por la culata. Los panistas siguen sin dominar el arte de la guerra sucia y su despliegue hasta las últimas consecuencias.
Si el propósito era más simple y electorero: mandar una señal a la sociedad sobre el "fin de la impunidad" y la certeza de que en el gobierno de Calderón "no hay intocables", entonces la torpeza jurídica y política de los operadores del Gobierno Federal simplemente convirtió la gran maniobra propagandística en una tragicomedia de equivocaciones.
Pero no todo es malo. La buena noticia es que ya no se puede realizar un Quinazo impunemente: sembrar un muertito y armas, meter a la cárcel a toda la dirección de un poderoso sindicato y sentenciarlos contando con jueces de consigna.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
La libertad del hijo del profesor, otorgada por la jueza federal Blanca Evelia Parra Meza, confirmó lo que se veía venir desde la detención del exalcalde de Tijuana: las graves fallas legales de la maniobra militar; la supuesta "flagrancia" no parecía sostenerse, y un vicio de origen -la irrupción en domicilio particular sin órdenes de cateo y detención- terminaría por dar al traste con el operativo.
El documento de la jueza concluye que "[...] los eventos suscitados el día 4 de junio, en el interior del inmueble, acontecieron de manera diversa en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército en su denuncia de hechos". Con las pruebas aportadas por la PGR "quedaron evidenciadas diversas inconsistencias con relación a las circunstancias de horarios, distancias y lugares que los militares refieren".
Así se explica, quizá, que la juez no hiciera referencia alguna al tema clave del asunto: el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la posesión de algunas de uso permitido, pero sin licencia, y la presunta vinculación de dos de ellas con actos criminales. El aparente hilo suelto ha sido puesto en evidencia por la titular de la SIEDO, subprocuradora Patricia Bugarín; un tribunal de apelación estudiará los argumentos de la PGR y resolverá la apelación.
La maniobra policiaca ejecutada por militares revela el grado de discrecionalidad, indiferencia o irresponsabilidad jurídica (al filo de la ilegalidad) con que se despliegan algunos operativos del Ejército; no puede afirmarse que sea la norma, pero pone de manifiesto serios riesgos y enormes deficiencias en la estrategia de seguridad y lucha contra el crimen. Si los militares actuaron al margen de la ley y luego mintieron en sus declaraciones ministeriales, ¿quién asume la responsabilidad?
Asimismo, el episodio reitera la incompetencia del Ministerio Público federal para sustentar casos conforme a derecho y en estricto apego a la ley -o su escaso criterio para desistirse cuando no cuente con elementos suficientes y ahorrarse vergüenzas. Lo del Michoacanazo fue el primer ejemplo: todos los detenidos fueron puestos en libertad (un año después) porque no hubo una sola prueba convincente del presunto involucramiento con el crimen organizado. Lo de Jorge Hank Rhon ratifica el perfil institucional: ineptitud en la investigación, inconsistencia en la integración de expedientes y uso faccioso de la "procuración" de justicia, para no hablar de la profunda indiferencia que parece provocar a la procuradora Morales y subordinados la estricta aplicación de la ley.
En términos puramente jurídicos, es la PGR quien cultiva y promueve la impunidad: el MP federal no es capaz de probar acusaciones y garantizar el debido proceso, legalidad elemental en un Estado de Derecho.
Por otro lado, la resolución judicial compromete al gabinete de seguridad, especialmente al secretario de Gobernación, Francisco Blake, y al vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, quienes justificaron la acción de los militares. Ya sea por reacción automática (espíritu de cuerpo) o por contar con información imprecisa, el hecho es que no parece haber quien controle los hilos en un área clave del Gobierno Federal.
Finalmente, el ridículo se extiende al Gobierno de Baja California y su Procuraduría de Justicia. Quisieron aprovechar el viaje y agotar sus recursos para mantener en prisión al enemigo y probable aspirante priista a la gubernatura, pero sus recursos eran mínimos. Solicitaron el arraigo de Hank -se dice que por instrucciones de Blake- para ampliar investigaciones a partir de una denuncia frágil sobre el asesinato de una mujer relacionada con uno de los hijos de Hank. El juez del fuero común negó el arraigo y otorgó la segunda libertad.
Si fue un operativo diseñado para golpear políticamente al PRI y a Peña Nieto, el tiro salió por la culata. Los panistas siguen sin dominar el arte de la guerra sucia y su despliegue hasta las últimas consecuencias.
Si el propósito era más simple y electorero: mandar una señal a la sociedad sobre el "fin de la impunidad" y la certeza de que en el gobierno de Calderón "no hay intocables", entonces la torpeza jurídica y política de los operadores del Gobierno Federal simplemente convirtió la gran maniobra propagandística en una tragicomedia de equivocaciones.
Pero no todo es malo. La buena noticia es que ya no se puede realizar un Quinazo impunemente: sembrar un muertito y armas, meter a la cárcel a toda la dirección de un poderoso sindicato y sentenciarlos contando con jueces de consigna.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario
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