La política neoliberal no está promoviendo ni crecimiento ni empleo, solo recortes laborales y sociales
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO / EL PAÍS
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
Ignacio Fernández Toxo es secretario General de CC OO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos.
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO / EL PAÍS
Hoy y mañana concluirá el debate en el Parlamento Europeo sobre las directivas que concretan el Plan de Gobernanza Económica. La cumbre del Consejo Europeo, un día después, debería cerrar algunos de los temas pendientes del Pacto por el Euro, entre ellos el futuro instrumento para la estabilidad financiera. Mientras, las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, practicadas desde la tristemente célebre reunión del Ecofin del 9 de mayo de 2010 -y que han sido consagradas por el Plan y el Pacto- ya han mostrado sobrados signos de fracaso.
Establecidas para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas, la inestabilidad financiera continúa cuando al cabo de más de año y medio de los primeros síntomas de la crisis griega, el país heleno parece abocado a la temida reestructuración de su deuda. Al fracaso financiero se une el económico: los Estados más afectados por las prescripciones de la Comisión y el Consejo prolongan su recesión o recaen en ella (Portugal), o no salen del estancamiento (España), mientras ven aumentar el desempleo como consecuencia del desplome de la demanda interna y la falta de financiación para la inversión. El fracaso social está propiciando el incremento de la desigualdad, consecuencia del más extenso ataque a las instituciones básicas del modelo social europeo que hemos conocido desde el fin de la II Guerra Mundial, esta vez directamente propiciado desde las instituciones europeas. El Pacto por el Euro pretende cimentar la competitividad de las economías periféricas -en el fondo solo está pensado para ellas-, en la disminución de los costes laborales y en el debilitamiento de la negociación colectiva, es decir en campos en donde la UE no tiene competencias. Es la antítesis de la apuesta por la economía del conocimiento de la que hablaba la estrategia de Lisboa.
No es sostenible por más tiempo que políticas tan injustas como fracasadas se nos presenten como la única alternativa posible, en contra de muchas voces razonables. Es lamentable que cuando se refuerza la coordinación de las políticas económicas, objetivo que compartimos, se haga para implementar tan malas políticas.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su XII Congreso que se celebró el pasado mes de mayo en Atenas, ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro,estableciendo al tiempo las grandes líneas de una política alternativa.
El sindicalismo europeo está luchando fuertemente contra estas políticas. A mediados de mayo de 2009, cientos de miles de trabajadores de todos los países de la UE, convocados por la CES, se manifestaban por las calles de Madrid, Berlín, Bruselas y Praga para demandar que las políticas para salir de la crisis tuvieran como objetivo principal la creación de empleo y la protección de los parados y fueran coherentes con el modelo social europeo.
Desde entonces, la CES ha convocado seis jornadas de acción europeas por objetivos similares, a partir de mayo de 2010, ya directamente confrontados con las decisiones de la Comisión y el Consejo europeos. La última se celebró ayer con una euromanifestación en Luxemburgo, que será acompañada de asambleas y manifestaciones en diversos países. En España se celebrarán hoy en Madrid y otras ciudades. Los objetivos de la jornada son expresar el rechazo al Plan de Gobernanza Económica y al Pacto por el Euro, al tiempo que se formulan diversas reivindicaciones concretas sobre los mismos.
Al lado de estas acciones de carácter transnacional, se han producido movilizaciones sindicales nacionales, incluidas huelgas generales, en una veintena de países, en las que han participado muchos millones de trabajadores. No se puede decir que el sindicalismo europeo no se haya enfrentado a las políticas de recortes presupuestarios y sociales. Hay que reconocer, tal vez, que todavía no está maduro para utilizar un instrumento acorde con las circunstancias: la huelga general europea.
Las instituciones europeas y la mayor parte de los Gobiernos nacionales, no han escuchado las demandas del movimiento sindical europeo. Por el contrario, han perseverado en unas políticas que además de injustas, en lo social, y erróneas, en lo económico, están erosionando el pegamento básico de la integración europea que es la solidaridad entre naciones en torno a un proyecto compartido.
Hoy ese proyecto está desdibujado y es irreconocible en sus aspectos sociales. El desapego de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas y el auge del euroescepticismo, de la extrema derecha y del populismo, en muchos países, forman parte de la cosecha que se ha sembrado con tan malas políticas.
La CES ha resistido bien la tentación euroescéptica y populista en su XII Congreso. Frente a unas instituciones europeas que han reforzado la coordinación económica solo para reducir los déficits públicos, en plazos muy cortos, promover recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales y debilitar la negociación colectiva, la reacción del sindicalismo europeo no ha sido oponerse a la "gobernanza económica" o reclamar "menos Europa". Al contrario, se ha pronunciado por "más Europa", también en el campo del gobierno económico. Pero también ha expresado un rotundo: "Así no". No con estas políticas.
Para la CES, más Europa significa que el gobierno económico incluya la armonización fiscal, la promoción del crecimiento económico y del empleo de calidad y las políticas industriales, energéticas, medioambientales, de I+D+i, etcétera.
Más Europa es construir los instrumentos necesarios para cambiar el modelo económico en torno a dos paradigmas: la economía del conocimiento y la economía verde (con una "transición justa"); la productividad y la competitividad saldrán así sólidamente reforzadas.
Más Europa significa afrontar la crisis de las deudas soberanas de forma radicalmente distinta: con eficacia y desde la solidaridad, mediante instrumentos como la emisión de eurobonos y otros más de regulación financiera que hagan que los mercados sean gobernados desde el interés público por los Gobiernos y no al revés, como sucede ahora. La creación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales deberían ser medidas fundamentales de cualquier nueva regulación financiera.
Más Europa significa aumentar los presupuestos de la UE con impuestos y tasas propias. Más Europa significa necesariamente adoptar políticas sociales que preserven y refuercen el modelo social europeo, basado en servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.
Lo que parecen no comprender la mayoría de los políticos europeos, que aplican las políticas más conservadoras y neoliberales, como si fueran las únicas posibles, es que deteriorando el pilar social de la UE están minando todo el proyecto político europeo.
Más Europa significa revitalizar un diálogo social europeo, hoy casi moribundo, empezando sobre el modo de hacer frente a los serios problemas fiscales de los Estados con medidas que permitan salir de la crisis.
El sindicalismo europeo también considera necesario, por supuesto, reducir los niveles de deuda y déficit públicos: la diferencia estriba en los plazos, los instrumentos y en el reparto social de las cargas que hay que hacer para lograrlo. Es inaceptable que toda la carga recaiga en los trabajadores y las capas sociales de menor renta. A este inaceptable modo de actuar de los responsables políticos de la UE es al que, desde nuestras propuestas, el sindicalismo europeo dice rotundamente: así no.
Ignacio Fernández Toxo es secretario General de CC OO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos.
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