JAVIER GUZMÁN / EL PAÍS
Los días 22 y 23 ha tenido lugar en París la reunión sobre Agricultura del G-20 para discutir qué hacer con la volatilidad de precios y la gran crisis alimentaria a la que asistimos. Cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo movimientos campesinos, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, hicieron llegar un llamamiento internacional contra el acaparamiento de tierras por las inversiones de transnacionales, especialmente dirigidas a agrocombustibles, una de las causas principales de la crisis alimentaria, así como de cientos de desalojos de comunidades campesinas. Pero los resultados de esta primera cumbre de ministros de Agricultura no han podido ser más decepcionantes.
Por un lado, los países reunidos, entre los que está el nuestro, asumen que los agrocombustibles han contribuido a la subida de los precios al desviar enormes cantidades de cultivos de alimentos para combustible. Es un argumento convincente y ampliamente aceptado: alrededor del 40% de la cosecha de maíz de Estados Unidos ahora pasa a los tanques de gasolina. Pero los dos grandes productores de etanol -Estados Unidos y Brasil- bloquearon un acuerdo. En cuanto a la esperada regulación de los mercados alimentarios, no ha llegado a nada, tan solo una pírrica comunicación para mejorar la transparencia que de nada sirve.
Tampoco se logró un acuerdo para el control de precios en los Estados con el fin de evitar situaciones de crisis alimentarias, ni se adoptaron medidas destinadas a evitar los dramáticos efectos que provoca en el cambio climático el sistema alimentario industrializado. Los Estados han vuelto a torcer su brazo frente a los poderes del agronegocio y la banca, y los campesinos y resto de ciudadanos volvemos a perder.
Los días 22 y 23 ha tenido lugar en París la reunión sobre Agricultura del G-20 para discutir qué hacer con la volatilidad de precios y la gran crisis alimentaria a la que asistimos. Cientos de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo movimientos campesinos, grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, hicieron llegar un llamamiento internacional contra el acaparamiento de tierras por las inversiones de transnacionales, especialmente dirigidas a agrocombustibles, una de las causas principales de la crisis alimentaria, así como de cientos de desalojos de comunidades campesinas. Pero los resultados de esta primera cumbre de ministros de Agricultura no han podido ser más decepcionantes.
Por un lado, los países reunidos, entre los que está el nuestro, asumen que los agrocombustibles han contribuido a la subida de los precios al desviar enormes cantidades de cultivos de alimentos para combustible. Es un argumento convincente y ampliamente aceptado: alrededor del 40% de la cosecha de maíz de Estados Unidos ahora pasa a los tanques de gasolina. Pero los dos grandes productores de etanol -Estados Unidos y Brasil- bloquearon un acuerdo. En cuanto a la esperada regulación de los mercados alimentarios, no ha llegado a nada, tan solo una pírrica comunicación para mejorar la transparencia que de nada sirve.
Tampoco se logró un acuerdo para el control de precios en los Estados con el fin de evitar situaciones de crisis alimentarias, ni se adoptaron medidas destinadas a evitar los dramáticos efectos que provoca en el cambio climático el sistema alimentario industrializado. Los Estados han vuelto a torcer su brazo frente a los poderes del agronegocio y la banca, y los campesinos y resto de ciudadanos volvemos a perder.
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