Jorge A. Chávez Presa / El Universal
La violencia generada alrededor del crimen organizado le está resultando sumamente costosa al país. Los costos directos son vidas perdidas, la destrucción de activos y empleos.
Se refleja también por las inversiones que se dejan de hacer y las nuevas fuentes de trabajo que no se crean. Al hablar de cifras, se calcula que el costo en términos de producto interno bruto se ubica entre 1 y 1.5%, sin tomar en cuenta los costos indirectos en salud por lesiones físicas y mentales, policía, seguridad privada, ausentismo laboral y baja productividad, por citar algunos de los más importantes. Así, la violencia va empobreciendo a una comunidad, y al extenderse se lleva a una región, y hasta un país.
Sin embargo, es mucho más costoso no hacer nada. Y algo peor y lamentable sería no debatir con gran seriedad y profundidad este grave problema por el que atraviesa el país, y en particular varios estados de la República, sin menoscabo del sufrimiento de miles de familias.
Por ello llama mucho la atención la escasa difusión y discusión que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 “Conflicto, seguridad y desarrollo”, publicado por el Banco Mundial en abril pasado, tuvo en la vida pública nacional.
Como ahí se expone, las reformas para crear las instituciones de seguridad y justicia que permiten devolver la confianza a la ciudadanía toman mucho tiempo, lo cual debiera ser causa de indignación para todos los mexicanos, pues la demora de la clase política (partidos políticos, Congreso de la Unión y congresos estatales, Ejecutivos federal y estatales, y poderes fácticos, entre líderes sindicales y empresarios) está causando un gran daño. La estadística recopilada para documentar la experiencia de los países que más rápido introdujeron reformas en el siglo XX para fortalecer la capacidad de gobernar, y con ello superar la fragilidad de las instituciones para reducir entre otros males la corrupción, llevó en promedio 17 años.
La consolidación de sistemas de justicia imparciales y autónomos, corporaciones policiacas, burocracias de alta efectividad, diseño y aplicación de normatividad para el combate a la corrupción, no suceden por generación espontánea. Requieren de un trabajo arduo, continuo y comprometido. Por un lado, podríamos decir que en México hemos avanzado en algunos rubros. Esto, desde luego, no es reciente, sino de mediados de la década de los 80 del siglo pasado para acá. Lo que sí es definitivo es que no es suficiente y no es generalizado. Hay avances, pero prevalecen los rezagos.
De ahí que el país necesita que la política reoriente su atención a proteger al ciudadano, protegerlo de la corrupción y darle acceso a la justicia. Necesitamos facilitar a las actividades económicas la creación de fuentes de trabajo, y recuperar el sentido de comunidad. De lo contrario, aumentan los factores que propician violencia, y si ésta no es detenida y castigada, se entra a un círculo perverso difícil de contener. Ahora que nos acercamos nuevamente a discutir el presupuesto de egresos, valdrían la pena debates serios de cómo gastar mejor nuestros escasos impuestos para que la seguridad, justicia y la creación de empleos dejen de ser sólo enunciados de buenas intenciones en campañas electorales.
Nos tenemos que convencer de una de las recomendaciones centrales de este informe: para romper ciclos de violencia, se requiere de instituciones legítimas que aseguren la gobernanza para proveer a las personas de seguridad, justicia y empleos. Agrega que la aplicación de emplear sólo el enfoque de uso de la fuerza militar, o de sólo justicia, o de sólo desarrollo, fallan. Se requiere de programas integrales que involucren a las comunidades afectadas para dotarlas con estas instituciones que no son sólo organizaciones y funcionarios que las dirigen, sino un conjunto de reglas que establecen límites que una comunidad decide y hace respetar, las cuales resultan en una mejor convivencia y desarrollo económico.
La vida institucional del país se ve seriamente afectada con incidentes en los que se emplea al Ejército o a cualquier instancia del poder público para hacer detenciones espectaculares fuera del Estado de derecho y el debido proceso, o ¿qué no se aprendió de la lección del caso Cassez?
La violencia generada alrededor del crimen organizado le está resultando sumamente costosa al país. Los costos directos son vidas perdidas, la destrucción de activos y empleos.
Se refleja también por las inversiones que se dejan de hacer y las nuevas fuentes de trabajo que no se crean. Al hablar de cifras, se calcula que el costo en términos de producto interno bruto se ubica entre 1 y 1.5%, sin tomar en cuenta los costos indirectos en salud por lesiones físicas y mentales, policía, seguridad privada, ausentismo laboral y baja productividad, por citar algunos de los más importantes. Así, la violencia va empobreciendo a una comunidad, y al extenderse se lleva a una región, y hasta un país.
Sin embargo, es mucho más costoso no hacer nada. Y algo peor y lamentable sería no debatir con gran seriedad y profundidad este grave problema por el que atraviesa el país, y en particular varios estados de la República, sin menoscabo del sufrimiento de miles de familias.
Por ello llama mucho la atención la escasa difusión y discusión que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011 “Conflicto, seguridad y desarrollo”, publicado por el Banco Mundial en abril pasado, tuvo en la vida pública nacional.
Como ahí se expone, las reformas para crear las instituciones de seguridad y justicia que permiten devolver la confianza a la ciudadanía toman mucho tiempo, lo cual debiera ser causa de indignación para todos los mexicanos, pues la demora de la clase política (partidos políticos, Congreso de la Unión y congresos estatales, Ejecutivos federal y estatales, y poderes fácticos, entre líderes sindicales y empresarios) está causando un gran daño. La estadística recopilada para documentar la experiencia de los países que más rápido introdujeron reformas en el siglo XX para fortalecer la capacidad de gobernar, y con ello superar la fragilidad de las instituciones para reducir entre otros males la corrupción, llevó en promedio 17 años.
La consolidación de sistemas de justicia imparciales y autónomos, corporaciones policiacas, burocracias de alta efectividad, diseño y aplicación de normatividad para el combate a la corrupción, no suceden por generación espontánea. Requieren de un trabajo arduo, continuo y comprometido. Por un lado, podríamos decir que en México hemos avanzado en algunos rubros. Esto, desde luego, no es reciente, sino de mediados de la década de los 80 del siglo pasado para acá. Lo que sí es definitivo es que no es suficiente y no es generalizado. Hay avances, pero prevalecen los rezagos.
De ahí que el país necesita que la política reoriente su atención a proteger al ciudadano, protegerlo de la corrupción y darle acceso a la justicia. Necesitamos facilitar a las actividades económicas la creación de fuentes de trabajo, y recuperar el sentido de comunidad. De lo contrario, aumentan los factores que propician violencia, y si ésta no es detenida y castigada, se entra a un círculo perverso difícil de contener. Ahora que nos acercamos nuevamente a discutir el presupuesto de egresos, valdrían la pena debates serios de cómo gastar mejor nuestros escasos impuestos para que la seguridad, justicia y la creación de empleos dejen de ser sólo enunciados de buenas intenciones en campañas electorales.
Nos tenemos que convencer de una de las recomendaciones centrales de este informe: para romper ciclos de violencia, se requiere de instituciones legítimas que aseguren la gobernanza para proveer a las personas de seguridad, justicia y empleos. Agrega que la aplicación de emplear sólo el enfoque de uso de la fuerza militar, o de sólo justicia, o de sólo desarrollo, fallan. Se requiere de programas integrales que involucren a las comunidades afectadas para dotarlas con estas instituciones que no son sólo organizaciones y funcionarios que las dirigen, sino un conjunto de reglas que establecen límites que una comunidad decide y hace respetar, las cuales resultan en una mejor convivencia y desarrollo económico.
La vida institucional del país se ve seriamente afectada con incidentes en los que se emplea al Ejército o a cualquier instancia del poder público para hacer detenciones espectaculares fuera del Estado de derecho y el debido proceso, o ¿qué no se aprendió de la lección del caso Cassez?
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