CULTURA DE LA ILEGALIDAD

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA / REFORMA
PLAZA PÚBLICA
Desde Los Pinos se promueve la ilegalidad. El jueves tomó posesión de su cargo: comisionado de la Cofetel, una persona que manifiestamente no cumple uno de los requisitos, acaso el principal, reclamados por la Ley federal de telecomunicaciones.
Vacante desde el diez de mayo el lugar de Rafael del Villar, al concluir el plazo para el que fue designado, el Ejecutivo dejó pasar tres semanas sin cubrir el cargo, que es de su directa incumbencia. Ya no tiene que someter ese nombramiento en la Comisión Federal de Telecomunicaciones al Senado de l república, que podía objetarlos. La Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas que sintética y popularmente fueron llamadas "ley Televisa", anuló esa facultad senatorial. La razón es que la Cofetel no es un organismo autónomo, sino dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por ello se encuentra en el área de competencia del Ejecutivo.
De esa suerte, el nombramiento del comisionado surtió efectos sin posibilidad alguna de revisión. El funcionario es Alexis Milo Caraza, un economista graduado en el ITAM y doctorado en Yale. Ejercíó una responsabilidad técnica en la Oficina de la Presidencia y el 18 de febrero se le nombró coordinador de asesores del propio Presidente de la República. Reemplazó a Antonio Vivanco, también egresado del ITAM y desde esa fecha director general de la CFE.
Milo Caraza no debió ser designado por el Presidente porque no satisface una de las condiciones de elegibilidad. El artículo 9-C de la Ley federal de telecomunicaciones es inequívoco al señalar que los comisionados deben "haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones". (Soy yo quien pone las cursivas). No basta que se afirme que el nombrado sabe de esa materia, como pretende la SCT al informar que Milo Caraza ha sido "responsable de dar seguimiento a la política de telecomunicaciones" y ha sido igualmente "un activo impulsor de la Agenda Digital Nacional". Pero esas actividades, si las hubo, no trascendieron al público; por lo tanto no actuó de manera destacada. Es decir, los comisionados de la Cofetel no sólo han de conocer su materia y tener experiencia en ella, sino que han de haberse desempeñado no en el silencio de los gabinetes, no es la penumbra administrativa sino de manera notoria y sobresaliente entre los demás. Si no fuera bastante con ese elemento de la definición que falta en el talante profesional de Milo Caraza, añádase que su aproximación a la materia fue marginal, por lo que sus actividades no se realizaron sustancialmente ligadas al sector de las telecomunicaciones.
En la Presidencia de la república esa carencia no importa. Porque es la segunda vez que se pasa por alto, en esta administración, ese requisito legal. Se incurrió en infracción a la ley el año pasado al nombrar a Mony de Swan, permanente asesor de Juan Molinar Horcasistas en cuanto desempeño profesional le fue asignado. Aun si fuera verdad, como se arguyó entonces de modo semejante al caso de hoy, que tuvo a su cargo estudios sobre telecomunicaciones, su tarea no estuvo jamás relacionada sustancialmente al campo de las telecomunicaciones. No fue -como tampoco Milo Caraza-funcionario en ese territorio administrativo, ni escribió o enseñó sobre esa materia ni fue director de empresa alguna dedicada a dicho servicio público.
Así pues, las dos designaciones de miembros del órgano directivo de la Cofetel entrañaron sendas violaciones a la ley. En un ámbito caracterizado por la inclinación a objetar jurídicamente diversas medidas, no será extraño que alguna vez se aduzca, para tener por ilegales decisiones del órgano regulador, esa carencia de los comisionados arribistas en el sector. Es como si se descubriera que un juez o magistrado carece del título de licenciado en derecho: las resoluciones en que participe pueden ser redargüidas de nulas de pleno derecho, por ese defecto de origen.
El 21 de agosto de 2008 fue firmado en un escenario espectacular el Acuerdo nacional sobre seguridad, justicia y legalidad. Uno de los compromisos que las autoridades y sectores firmantes adoptaron fue promover una cultura de la legalidad, una de cuyas primeras manifestaciones debe ser el acatamiento de la ley, y la equidistante denuncia del incumplimiento respectivo. Es grave que ese ofrecimiento no sea respetado por el Presidente mismo, como lo muestran los dos casos aducidos. Pero podrían agregarse otras situaciones en que pasar por alto una violación a la norma, incluso la expresada en la Constitución, enseña un riesgoso desdén por la legalidad, opuesto a la creación de una cultura en esa materia.
El jueves pasado Calderón alabó las virtudes de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No le estorbó para hacerlo, y generar con ello la confirmación de su nombramiento, el que ese alto funcionario haya quedado en entredicho por burlar un requisito constitucional que, de aplicarse en sus consecuencias lógicas, le harían perder la ciudadanía y por consiguiente incumplir uno de los requisitos para ser secretario del despacho.
No se trata, como se pretende en las esferas oficiales -en la propia Secretaría de Gobernación se argumenta en tal sentido-de una nimiedad, de la falta de un sello. García Luna aceptó una condecoración sin recabar la autorización del Congreso prevista en la Constitución. La vulneró y no le importa al Presidente.