Francisco Suárez Dávila / El Universal
La reforma estructural olvidada es el fortalecimiento de la Banca Nacional de Desarrollo, tan necesaria como alguna de las que están en boga. Esta banca se creó como una aportación original mexicana al instrumental de políticas económicas. Durante nuestro periodo de más rápido crecimiento (1940-1970) fue uno de los mecanismos más poderosos y eficaces. Fomentó programas, financió proyectos, creó empresas públicas y privadas, y captó ahorro de los mercados internacionales y nacionales.
A partir de mediados de los 90 fue objeto del embate dogmático liberal para desmantelarla o reducirla a su mínima expresión, pensando que la banca privada podía hacerlo todo.
La administración del presidente Felipe Calderón se inició con un loable intento de fortalecerla. La crisis financiera la hizo indispensable. “Salió del clóset” junto con el concepto de políticas contracíclicas. También volvió a sus peores usos: el rescate de las empresas, como fue el caso de Mexicana de Aviación.
El problema es que la banca de desarrollo, que se quiere revivir, todavía tiene amarres ideológicos. Se relega al segundo piso, limitada a redescontar los créditos de la banca privada o garantizarlos.
Legisladores del PRI y PRD de ambas cámaras, apoyados por la experiencia de ex secretarios de Hacienda y directores de las instituciones, han planteado una reforma estructural en una ley, objeto de sabotaje gubernamental.
¿Por qué la reforma? México requiere una banca de desarrollo fuerte, porque tenemos condiciones similares a las que dieron origen a su creación. Una banca extranjera que no responde a intereses nacionales y que no presta a la actividad productiva. Necesitamos lo que los chinos llaman policy banks, bancos que instrumentan políticas de Estado: Nafin, para la política industrial y de competitividad; Bancomext, como otra institución totalmente separada para impulsar la internacionalización del país, apoyando integralmente empresas mexicanas exportadoras, las que les compran y las que ya existen en el extranjero; Banobras, como instrumento para fomentar el desarrollo regional, la planeación y el transporte urbano, y financiar empresas mexicanas en infraestructura; Federal Hipotecaria, para vivienda; Financiera Rural, como banco pleno, no mera agencia, complementada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Este es un verdadero “sistema” que debe apoyar el desarrollo nacional en un sentido integral, a través de programas y proyectos.
¿Cómo hacerlo? Reponiéndole todas sus funciones: otorgar toda la gama de créditos, capital de riesgo, asistencia técnica, reconstruir la “especie en extinción” de evaluadores y ejecutores de proyectos. Tener fuentes de captación propias de bajo costo para colocar en los mercados financieros, entre las Afores y los fondos de inversión.
Esta reforma plantea corregir problemas de inconsistencia gubernamental.
¿El gobierno va a seguir solapando la ilegalidad? No puede tener a un director para dos instituciones: Nafin y Bancomext, realizando una fusión encubierta. Debe regresarle a Bancomext las funciones y los medios materiales para la promoción del comercio exterior, que deben ir junto con el financiamiento y que, violando una ley del Congreso, se le transfirieron a una entelequia ineficaz como ProMéxico.
¿Quiere realmente racionalizar el gobierno la Administración Pública? Hay fondos de financiamiento dispersos por todas las secretarías. Destacan ejemplos como Fondo Pyme, que es un seudobanco operado por una secretaría, una anomalía institucional y que responde a intereses clientelares. Si Banco de México tiene como único objetivo combatir la inflación, ¿por qué opera un fondo de desarrollo agrícola? Racionalizar es consolidar estos fondos en el banco del sector correspondiente.
Como se afectan intereses, se desvirtúa la reforma atacando puntos secundarios. Ésta proponía crear un Consejo, como lo creó Ortiz Mena en 1959 para coordinar la acción de las instituciones y que no debería tener funciones ejecutivas. Busca fortalecer a Hacienda, no debilitarla, ya que ésta presidiría el Consejo y sería su secretario técnico. El Gosplán soviético no está en la ley, sino en la realidad actual en que Hacienda y el pesado aparato de la Función Pública limitan la autonomía de gestión de los bancos.
Es volver al pasado. ¡No! Los países emergentes más exitosos tienen bancos de desarrollo fuertes. En Brasil, su BNDS financió en la crisis la mitad de la industria; India tiene tres bancos de desarrollo industrial. Casi todos los países, incluso Estados Unidos, tienen su Eximbank —lo que es Bancomext— que nosotros queremos desaparecer, y Brasil crear.
En suma, es deseable volver a tener una banca de desarrollo que nos ayudaría a salir del estancamiento, no la del “subdesarrollo” que ahora tenemos.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
La reforma estructural olvidada es el fortalecimiento de la Banca Nacional de Desarrollo, tan necesaria como alguna de las que están en boga. Esta banca se creó como una aportación original mexicana al instrumental de políticas económicas. Durante nuestro periodo de más rápido crecimiento (1940-1970) fue uno de los mecanismos más poderosos y eficaces. Fomentó programas, financió proyectos, creó empresas públicas y privadas, y captó ahorro de los mercados internacionales y nacionales.
A partir de mediados de los 90 fue objeto del embate dogmático liberal para desmantelarla o reducirla a su mínima expresión, pensando que la banca privada podía hacerlo todo.
La administración del presidente Felipe Calderón se inició con un loable intento de fortalecerla. La crisis financiera la hizo indispensable. “Salió del clóset” junto con el concepto de políticas contracíclicas. También volvió a sus peores usos: el rescate de las empresas, como fue el caso de Mexicana de Aviación.
El problema es que la banca de desarrollo, que se quiere revivir, todavía tiene amarres ideológicos. Se relega al segundo piso, limitada a redescontar los créditos de la banca privada o garantizarlos.
Legisladores del PRI y PRD de ambas cámaras, apoyados por la experiencia de ex secretarios de Hacienda y directores de las instituciones, han planteado una reforma estructural en una ley, objeto de sabotaje gubernamental.
¿Por qué la reforma? México requiere una banca de desarrollo fuerte, porque tenemos condiciones similares a las que dieron origen a su creación. Una banca extranjera que no responde a intereses nacionales y que no presta a la actividad productiva. Necesitamos lo que los chinos llaman policy banks, bancos que instrumentan políticas de Estado: Nafin, para la política industrial y de competitividad; Bancomext, como otra institución totalmente separada para impulsar la internacionalización del país, apoyando integralmente empresas mexicanas exportadoras, las que les compran y las que ya existen en el extranjero; Banobras, como instrumento para fomentar el desarrollo regional, la planeación y el transporte urbano, y financiar empresas mexicanas en infraestructura; Federal Hipotecaria, para vivienda; Financiera Rural, como banco pleno, no mera agencia, complementada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Este es un verdadero “sistema” que debe apoyar el desarrollo nacional en un sentido integral, a través de programas y proyectos.
¿Cómo hacerlo? Reponiéndole todas sus funciones: otorgar toda la gama de créditos, capital de riesgo, asistencia técnica, reconstruir la “especie en extinción” de evaluadores y ejecutores de proyectos. Tener fuentes de captación propias de bajo costo para colocar en los mercados financieros, entre las Afores y los fondos de inversión.
Esta reforma plantea corregir problemas de inconsistencia gubernamental.
¿El gobierno va a seguir solapando la ilegalidad? No puede tener a un director para dos instituciones: Nafin y Bancomext, realizando una fusión encubierta. Debe regresarle a Bancomext las funciones y los medios materiales para la promoción del comercio exterior, que deben ir junto con el financiamiento y que, violando una ley del Congreso, se le transfirieron a una entelequia ineficaz como ProMéxico.
¿Quiere realmente racionalizar el gobierno la Administración Pública? Hay fondos de financiamiento dispersos por todas las secretarías. Destacan ejemplos como Fondo Pyme, que es un seudobanco operado por una secretaría, una anomalía institucional y que responde a intereses clientelares. Si Banco de México tiene como único objetivo combatir la inflación, ¿por qué opera un fondo de desarrollo agrícola? Racionalizar es consolidar estos fondos en el banco del sector correspondiente.
Como se afectan intereses, se desvirtúa la reforma atacando puntos secundarios. Ésta proponía crear un Consejo, como lo creó Ortiz Mena en 1959 para coordinar la acción de las instituciones y que no debería tener funciones ejecutivas. Busca fortalecer a Hacienda, no debilitarla, ya que ésta presidiría el Consejo y sería su secretario técnico. El Gosplán soviético no está en la ley, sino en la realidad actual en que Hacienda y el pesado aparato de la Función Pública limitan la autonomía de gestión de los bancos.
Es volver al pasado. ¡No! Los países emergentes más exitosos tienen bancos de desarrollo fuertes. En Brasil, su BNDS financió en la crisis la mitad de la industria; India tiene tres bancos de desarrollo industrial. Casi todos los países, incluso Estados Unidos, tienen su Eximbank —lo que es Bancomext— que nosotros queremos desaparecer, y Brasil crear.
En suma, es deseable volver a tener una banca de desarrollo que nos ayudaría a salir del estancamiento, no la del “subdesarrollo” que ahora tenemos.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
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