MARÍA DE LAS HERAS / EL PAÍS
En España dicen "el gato escaldado del agua fría huye", en México decimos "al que se quema con leche hasta al jocoque le sopla". La cuestión es que hemos tenido tan malas experiencias con los registros de información ciudadana en manos de las autoridades que no se puede reclamar a la opinión pública, ni tampoco a la publicada, el recelo que sienten tras las intenciones del Gobierno federal con este asunto, anunciado hace dos semanas, de expedir una credencial única de identificación (un DNI) en la que no solo quedarán registrados nuestros datos generales, sino que además contendrá la información biométrica de todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, la de los menores de edad.
En México no existe documento nacional de identidad. Lo más parecido hoy es la credencial para votar. Para conseguir una, al cumplir los 18 años cada mexicano tiene que registrarse en el Padrón Electoral. Y, tiempo después, nos enteramos de que nuestros datos estaban en Miami, porque alguien, todavía no se sabe quién, se los había vendido a una empresa de mercadeo. Otro ejemplo: apenas iniciaba el registro único de automóviles cuando se descubrió que la empresa a la que el Gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo había concesionado ese servicio era dirigida por un prófugo de la justicia argentina relacionado con crímenes de la dictadura, procesado más tarde por el juez Baltasar Garzón. Y hace más de un año el presidente Felipe Calderón decidió que había que tener un registro con los datos de todos los propietarios de teléfonos móviles y, tras un desordenado proceso de actualización, es la fecha en que nadie sabe la calidad de la información que se recopiló, dónde demonios está, ni qué están haciendo con ella.
Cuando en 2009 el Gobierno de Calderón anunció el asunto de la cédula única, la sola idea de implantar un documento de identificación oficial adicional a los que ya existen fue objeto de impugnaciones e inquietudes manifestadas desde muy distintos frentes: protestaron legisladores de todos los partidos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Federal Electoral (que expide la credencial de elector) y, junto con ellos, no pocas organizaciones ciudadanas relacionadas con cuestiones de seguridad pública.
Calderón dejó pasar dos años, como para que se enfriara la sopa, y ahora vuelve a la carga con la simple expedición del Decreto de Reglamento para la Cédula de Identidad Personal. Las reacciones en contra no se han hecho esperar, porque, por lo visto, el presidente ha retomado el asunto sin haber atendido ni a una sola de las inquietudes.
¿Se puede culpar al 74% que piensa que es peligroso que la información quede en manos del Gobierno? ¿Alguien se sorprende porque la mitad de los ciudadanos estén convencidos de que la cédula única es sólo un pretexto para que el Gobierno de Calderón nos tenga fichados y controlados? ¿Resulta ilógico que ocho de cada diez aseguren que el costo del registro ciudadano es dinero tirado a la basura?
Insisto, si al que se quema con leche hasta al jocoque le sopla, imagínense cómo andamos de escaldados los mexicanos que, gracias a la impericia, irresponsabilidad y falta de controles elementales de nuestras autoridades, nos ha tocado abrasarnos la lengua hasta con refresco de limón.
María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia.
En España dicen "el gato escaldado del agua fría huye", en México decimos "al que se quema con leche hasta al jocoque le sopla". La cuestión es que hemos tenido tan malas experiencias con los registros de información ciudadana en manos de las autoridades que no se puede reclamar a la opinión pública, ni tampoco a la publicada, el recelo que sienten tras las intenciones del Gobierno federal con este asunto, anunciado hace dos semanas, de expedir una credencial única de identificación (un DNI) en la que no solo quedarán registrados nuestros datos generales, sino que además contendrá la información biométrica de todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, la de los menores de edad.
En México no existe documento nacional de identidad. Lo más parecido hoy es la credencial para votar. Para conseguir una, al cumplir los 18 años cada mexicano tiene que registrarse en el Padrón Electoral. Y, tiempo después, nos enteramos de que nuestros datos estaban en Miami, porque alguien, todavía no se sabe quién, se los había vendido a una empresa de mercadeo. Otro ejemplo: apenas iniciaba el registro único de automóviles cuando se descubrió que la empresa a la que el Gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo había concesionado ese servicio era dirigida por un prófugo de la justicia argentina relacionado con crímenes de la dictadura, procesado más tarde por el juez Baltasar Garzón. Y hace más de un año el presidente Felipe Calderón decidió que había que tener un registro con los datos de todos los propietarios de teléfonos móviles y, tras un desordenado proceso de actualización, es la fecha en que nadie sabe la calidad de la información que se recopiló, dónde demonios está, ni qué están haciendo con ella.
Cuando en 2009 el Gobierno de Calderón anunció el asunto de la cédula única, la sola idea de implantar un documento de identificación oficial adicional a los que ya existen fue objeto de impugnaciones e inquietudes manifestadas desde muy distintos frentes: protestaron legisladores de todos los partidos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Federal Electoral (que expide la credencial de elector) y, junto con ellos, no pocas organizaciones ciudadanas relacionadas con cuestiones de seguridad pública.
Calderón dejó pasar dos años, como para que se enfriara la sopa, y ahora vuelve a la carga con la simple expedición del Decreto de Reglamento para la Cédula de Identidad Personal. Las reacciones en contra no se han hecho esperar, porque, por lo visto, el presidente ha retomado el asunto sin haber atendido ni a una sola de las inquietudes.
¿Se puede culpar al 74% que piensa que es peligroso que la información quede en manos del Gobierno? ¿Alguien se sorprende porque la mitad de los ciudadanos estén convencidos de que la cédula única es sólo un pretexto para que el Gobierno de Calderón nos tenga fichados y controlados? ¿Resulta ilógico que ocho de cada diez aseguren que el costo del registro ciudadano es dinero tirado a la basura?
Insisto, si al que se quema con leche hasta al jocoque le sopla, imagínense cómo andamos de escaldados los mexicanos que, gracias a la impericia, irresponsabilidad y falta de controles elementales de nuestras autoridades, nos ha tocado abrasarnos la lengua hasta con refresco de limón.
María de las Heras es directora de la encuestadora Demotecnia.
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