PABLO ORDAZ / EL PAÍS
El Gobierno de México quiere explicarse. Necesita explicarse. Hace ocho meses, en una entrevista con EL PAÍS, el presidente de la República, Felipe Calderón, admitió: "Si en alguna batalla reconozco que no vamos avanzando bien es en la de la comunicación". Para solucionarlo fichó a Alejandro Poiré, de 40 años, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad de Harvard, y le encargó la portavocía de su Gobierno en materia de Seguridad. No es un negocio fácil, sobre todo en un momento en el que la cifra de homicidios relacionados con la batalla al crimen organizado se ha disparado: más de 15.000 en 2010, prácticamente el doble que en 2009 y casi el triple que en 2008.
Aun con esos datos sobre la mesa, Poiré -que adopta en la entrevista un tono más cercano al del docente que al del político, rehuyendo en todo momento cualquier respuesta polémica- tira de estadística para sostener que, en contra de la percepción general, la violencia en México solo afecta a algunos territorios: "El 50% de los homicidios ocurrieron en tan solo tres Estados (Chihuahua, 30%; Sinaloa, 12%, y Tamaulipas, 8%). En 2010, alrededor del 70% de las muertes violentas se registró en 73 municipios, tan solo el 3% de todas las alcaldías de la República. La violencia, por tanto, sigue muy concentrada. Es falso que se esté generalizando".
No es ese el único frente abierto que tiene Poiré. También pretende convencer a la población de que la espiral de violencia no llegó a México con el Gobierno de Felipe Calderón, sino que ya estaba ahí, larvándose: "Ya existía una extraordinaria impunidad en el país. Quizás no había tal número de homicidios en algunas zonas -aunque sí en otras como Michoacán o Ciudad Juárez-, pero sí una gran cantidad de extorsiones, de secuestros. Ya se venía produciendo un sojuzgamiento de la vida pública de los ciudadanos por parte de los criminales". La razón, según el portavoz del Gobierno, es más profunda de lo que pudiera parecer: "A mediados de los noventa, los carteles de la droga dejaron de actuar como lo venían haciendo en la década de los ochenta y noventa, cuya actividad principal era el trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Por diversas razones -EE UU fortaleció su frontera y cerró la ruta del Caribe, los carteles colombianos empezaron a pagar en especies...-, las organizaciones criminales mexicanas dejaron de proteger solamente sus rutas y ampliaron su negocio a la piratería, al robo de automóviles, a la venta de droga al por menor, al secuestro, a la extorsión... Este fenómeno se registró en prácticamente todos los carteles, dando lugar a luchas por el territorio y, por consiguiente, a un aumento considerable de la violencia".
El caso es que, nada más llegar al poder a finales de 2006, Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el crimen organizado utilizando los pocos mimbres de que disponía. Unos 1.600 cuerpos de policía bajo el mando directo de gobernadores y alcaldes -mal equipados, corruptos, infiltrados o directamente al servicio del crimen organizado- y una Policía Federal que en aquel momento solo contaba con 6.400 agentes, tampoco demasiado confiables. La sensación general es que nunca existió estrategia, que Calderón tuvo que sacar al Ejército a las calles a la desesperada. Por el contrario, Alejandro Poiré asegura que, tanto entonces como ahora, la estrategia está bien definida: "Por supuesto que hay estrategia. Basada además en ejes muy claros: contener el fenómeno criminal, y de ahí la presencia en las calles de las autoridades federales; invertir en seguridad -algo que no se había hecho hasta ahora- para transformar las policías poco confiables en instituciones de alta calidad y capacitación para enfrentar al crimen. Fíjese en este dato: cuando llegamos solo había 6.400 policías federales para una población superior a 100 millones de habitantes. Ahora ya contamos con 34.000, de los que 7.000 son universitarios. Y además todos ellos tienen que pasar controles periódicos de confianza que incluyen exámenes toxicológicos, socioeconómicos, de capacidades... Nuestra transformación no solo incluye el sistema policial o el penal sino que estamos trabajando muy duro para transformar el tejido social, para prevenir la adicción de los jóvenes. Pero claro que hay estrategia. Y resultados: en menos de dos años, ya han caído 20 de los 37 criminales más peligrosos...".
Alejandro Poiré descarta tajantemente que su Gobierno esté protegiendo o beneficiando a alguno de los carteles en perjuicio de otros, y rechaza de la misma forma la posibilidad de llegar a acuerdos con los criminales para frenar el derramamiento de sangre: "No buscamos una paz aparente. Deseamos una paz basada en la ley, una paz en la que los criminales paguen por sus delitos. Ya no volverá la lógica del pasado. Esa que dejaba hacer a los carteles mientras que solo pasaran la droga hacia Estados Unidos. Se les dejó crecer y llegamos a esto. Esa lógica nunca volverá. Jamás pactaremos con los criminales".
El Gobierno de México quiere explicarse. Necesita explicarse. Hace ocho meses, en una entrevista con EL PAÍS, el presidente de la República, Felipe Calderón, admitió: "Si en alguna batalla reconozco que no vamos avanzando bien es en la de la comunicación". Para solucionarlo fichó a Alejandro Poiré, de 40 años, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad de Harvard, y le encargó la portavocía de su Gobierno en materia de Seguridad. No es un negocio fácil, sobre todo en un momento en el que la cifra de homicidios relacionados con la batalla al crimen organizado se ha disparado: más de 15.000 en 2010, prácticamente el doble que en 2009 y casi el triple que en 2008.
Aun con esos datos sobre la mesa, Poiré -que adopta en la entrevista un tono más cercano al del docente que al del político, rehuyendo en todo momento cualquier respuesta polémica- tira de estadística para sostener que, en contra de la percepción general, la violencia en México solo afecta a algunos territorios: "El 50% de los homicidios ocurrieron en tan solo tres Estados (Chihuahua, 30%; Sinaloa, 12%, y Tamaulipas, 8%). En 2010, alrededor del 70% de las muertes violentas se registró en 73 municipios, tan solo el 3% de todas las alcaldías de la República. La violencia, por tanto, sigue muy concentrada. Es falso que se esté generalizando".
No es ese el único frente abierto que tiene Poiré. También pretende convencer a la población de que la espiral de violencia no llegó a México con el Gobierno de Felipe Calderón, sino que ya estaba ahí, larvándose: "Ya existía una extraordinaria impunidad en el país. Quizás no había tal número de homicidios en algunas zonas -aunque sí en otras como Michoacán o Ciudad Juárez-, pero sí una gran cantidad de extorsiones, de secuestros. Ya se venía produciendo un sojuzgamiento de la vida pública de los ciudadanos por parte de los criminales". La razón, según el portavoz del Gobierno, es más profunda de lo que pudiera parecer: "A mediados de los noventa, los carteles de la droga dejaron de actuar como lo venían haciendo en la década de los ochenta y noventa, cuya actividad principal era el trasiego de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Por diversas razones -EE UU fortaleció su frontera y cerró la ruta del Caribe, los carteles colombianos empezaron a pagar en especies...-, las organizaciones criminales mexicanas dejaron de proteger solamente sus rutas y ampliaron su negocio a la piratería, al robo de automóviles, a la venta de droga al por menor, al secuestro, a la extorsión... Este fenómeno se registró en prácticamente todos los carteles, dando lugar a luchas por el territorio y, por consiguiente, a un aumento considerable de la violencia".
El caso es que, nada más llegar al poder a finales de 2006, Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el crimen organizado utilizando los pocos mimbres de que disponía. Unos 1.600 cuerpos de policía bajo el mando directo de gobernadores y alcaldes -mal equipados, corruptos, infiltrados o directamente al servicio del crimen organizado- y una Policía Federal que en aquel momento solo contaba con 6.400 agentes, tampoco demasiado confiables. La sensación general es que nunca existió estrategia, que Calderón tuvo que sacar al Ejército a las calles a la desesperada. Por el contrario, Alejandro Poiré asegura que, tanto entonces como ahora, la estrategia está bien definida: "Por supuesto que hay estrategia. Basada además en ejes muy claros: contener el fenómeno criminal, y de ahí la presencia en las calles de las autoridades federales; invertir en seguridad -algo que no se había hecho hasta ahora- para transformar las policías poco confiables en instituciones de alta calidad y capacitación para enfrentar al crimen. Fíjese en este dato: cuando llegamos solo había 6.400 policías federales para una población superior a 100 millones de habitantes. Ahora ya contamos con 34.000, de los que 7.000 son universitarios. Y además todos ellos tienen que pasar controles periódicos de confianza que incluyen exámenes toxicológicos, socioeconómicos, de capacidades... Nuestra transformación no solo incluye el sistema policial o el penal sino que estamos trabajando muy duro para transformar el tejido social, para prevenir la adicción de los jóvenes. Pero claro que hay estrategia. Y resultados: en menos de dos años, ya han caído 20 de los 37 criminales más peligrosos...".
Alejandro Poiré descarta tajantemente que su Gobierno esté protegiendo o beneficiando a alguno de los carteles en perjuicio de otros, y rechaza de la misma forma la posibilidad de llegar a acuerdos con los criminales para frenar el derramamiento de sangre: "No buscamos una paz aparente. Deseamos una paz basada en la ley, una paz en la que los criminales paguen por sus delitos. Ya no volverá la lógica del pasado. Esa que dejaba hacer a los carteles mientras que solo pasaran la droga hacia Estados Unidos. Se les dejó crecer y llegamos a esto. Esa lógica nunca volverá. Jamás pactaremos con los criminales".
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