Después de la crisis, los bancos habrán ganado a las cajas su tradicional batalla
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Como cuando se sale de una guerra, lo primero que hay que hacer es el inventario de pérdidas. Más que seguir insistiendo en las características de la Gran Recesión (tarea que recae en los historiadores y demás científicos sociales), lo que corresponde ahora es hacer el balance de los quebrantos y analizar las transformaciones en la sociedad (más empobrecida), en muchos sectores productivos (que habrán de ajustarse a la baja teniendo en cuenta las nuevas necesidades) y en el sistema financiero, epicentro de la crisis y principal actor de la misma.
El mapa de este último será considerablemente diferente en la segunda década del siglo XXI que en la anterior. Los cambios, aunque con distintos ritmos, no paran. En EE UU están efectivas las reformas en el marco regulatorio de la Administración de Obama, después de que el Departamento del Tesoro hubiera de inyectar 600.000 millones de dólares para recapitalizar entidades en crisis. Los ocho grandes bancos que se acogieron a este programa, por valor de 125.000 millones, ya los están devolviendo y la nacionalización superada. Sin embargo, hay un centenar de bancos que fueron apoyados con dinero público y que no han sido capaces de reintegrar las ayudas; según el Fondo de Garantía de Depósitos americano (FDIC), en estos momentos existen casi 900 entidades, generalmente de tamaño pequeño, en riesgo de quiebra, la mayoría repletas sus tripas de hipotecas fallidas. EE UU se recupera, pero su sector inmobiliario no acaba de estabilizarse.
En Europa cualquier reforma se acoge a la muchas veces desesperante metodología tradicional de la UE: dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, lentitud, negociaciones infinitas. Y sin embargo, la zona se mueve hacia el Gobierno económico, las reformas financieras y nuevas autoridades regulatorias. A pesar de todo, hay cambios políticos; el problema son los que se quedan en el camino. El Consejo de Ministros de Economía de la semana pasada consideró nuevas pruebas de esfuerzo a la banca con el objeto de saber su verdadera situación, dado que las anteriores alarmaron a los mercados ya que dieron el visto bueno a los bancos irlandeses que poco después pusieron al país en default, y provocaron la intervención del fondo de recate europeo.
Estos exámenes tienen características interesantes: todos se realizarán bajo los mismos criterios europeos; harán obligatoria una capitalización superior a la actual (hoy los bancos han de tener al menos un 6% de capital de primera categoría respecto a los activos ponderados por el riesgo, y se estudia subirlo al 7% o al 8%; si se acordase este último porcentaje, la mayoría de las entidades españolas quedarían fuera de juego; si fuese el 7%, al menos la mitad); habrán de tener en cuenta el peso de la deuda soberana en sus carteras; y probablemente analizarán su situación de liquidez, aunque esta no se hará pública. Los jefes de Gobierno estudiarán en marzo si se amplía y se flexibiliza el fondo de rescate de países y si se aprueba la emisión de eurobonos sustitutivos de la deuda nacional.
En España, la cartografía del sector financiero se apresta a cambiar de faz de modo revolucionario. Antes de la crisis, las cajas de ahorros ocupaban el 50% del sistema. Hoy, después de las fusiones frías, el número de cajas se ha reducido a una tercera parte y muchas de las resistentes (si no todas), cambiarán de naturaleza jurídica y se convertirán en bancos. Los bancos requieren accionistas y para que estos entren en el capital de las nuevas entidades antes habrá que hacerlas atractivas y colocarlas en situación de solvencia.
Las cajas de ahorros tienen problemas de activos inmobiliarios que valen muy poco (y que fueron la garantía de las hipotecas que concedieron), de morosidad creciente (un 5,7% y sin visos de decrecer con una tasa de paro del 20%, que no cede) y de su participación en la guerra del pasivo. Muchas de ellas requerirán previamente del dinero público (nacionalización) antes de ser adquiridas (posterior privatización).
Los bancos con problemas serán comprados por otros bancos, lo que también significará un proceso de concentración de marcas. Pero en conjunto, después del terremoto, los bancos habrán ganado una batalla histórica al sector de las cajas de ahorros. Algo que buscaban desde hace mucho tiempo. Antes de que se hablase de la Gran Recesión.
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Como cuando se sale de una guerra, lo primero que hay que hacer es el inventario de pérdidas. Más que seguir insistiendo en las características de la Gran Recesión (tarea que recae en los historiadores y demás científicos sociales), lo que corresponde ahora es hacer el balance de los quebrantos y analizar las transformaciones en la sociedad (más empobrecida), en muchos sectores productivos (que habrán de ajustarse a la baja teniendo en cuenta las nuevas necesidades) y en el sistema financiero, epicentro de la crisis y principal actor de la misma.
El mapa de este último será considerablemente diferente en la segunda década del siglo XXI que en la anterior. Los cambios, aunque con distintos ritmos, no paran. En EE UU están efectivas las reformas en el marco regulatorio de la Administración de Obama, después de que el Departamento del Tesoro hubiera de inyectar 600.000 millones de dólares para recapitalizar entidades en crisis. Los ocho grandes bancos que se acogieron a este programa, por valor de 125.000 millones, ya los están devolviendo y la nacionalización superada. Sin embargo, hay un centenar de bancos que fueron apoyados con dinero público y que no han sido capaces de reintegrar las ayudas; según el Fondo de Garantía de Depósitos americano (FDIC), en estos momentos existen casi 900 entidades, generalmente de tamaño pequeño, en riesgo de quiebra, la mayoría repletas sus tripas de hipotecas fallidas. EE UU se recupera, pero su sector inmobiliario no acaba de estabilizarse.
En Europa cualquier reforma se acoge a la muchas veces desesperante metodología tradicional de la UE: dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, lentitud, negociaciones infinitas. Y sin embargo, la zona se mueve hacia el Gobierno económico, las reformas financieras y nuevas autoridades regulatorias. A pesar de todo, hay cambios políticos; el problema son los que se quedan en el camino. El Consejo de Ministros de Economía de la semana pasada consideró nuevas pruebas de esfuerzo a la banca con el objeto de saber su verdadera situación, dado que las anteriores alarmaron a los mercados ya que dieron el visto bueno a los bancos irlandeses que poco después pusieron al país en default, y provocaron la intervención del fondo de recate europeo.
Estos exámenes tienen características interesantes: todos se realizarán bajo los mismos criterios europeos; harán obligatoria una capitalización superior a la actual (hoy los bancos han de tener al menos un 6% de capital de primera categoría respecto a los activos ponderados por el riesgo, y se estudia subirlo al 7% o al 8%; si se acordase este último porcentaje, la mayoría de las entidades españolas quedarían fuera de juego; si fuese el 7%, al menos la mitad); habrán de tener en cuenta el peso de la deuda soberana en sus carteras; y probablemente analizarán su situación de liquidez, aunque esta no se hará pública. Los jefes de Gobierno estudiarán en marzo si se amplía y se flexibiliza el fondo de rescate de países y si se aprueba la emisión de eurobonos sustitutivos de la deuda nacional.
En España, la cartografía del sector financiero se apresta a cambiar de faz de modo revolucionario. Antes de la crisis, las cajas de ahorros ocupaban el 50% del sistema. Hoy, después de las fusiones frías, el número de cajas se ha reducido a una tercera parte y muchas de las resistentes (si no todas), cambiarán de naturaleza jurídica y se convertirán en bancos. Los bancos requieren accionistas y para que estos entren en el capital de las nuevas entidades antes habrá que hacerlas atractivas y colocarlas en situación de solvencia.
Las cajas de ahorros tienen problemas de activos inmobiliarios que valen muy poco (y que fueron la garantía de las hipotecas que concedieron), de morosidad creciente (un 5,7% y sin visos de decrecer con una tasa de paro del 20%, que no cede) y de su participación en la guerra del pasivo. Muchas de ellas requerirán previamente del dinero público (nacionalización) antes de ser adquiridas (posterior privatización).
Los bancos con problemas serán comprados por otros bancos, lo que también significará un proceso de concentración de marcas. Pero en conjunto, después del terremoto, los bancos habrán ganado una batalla histórica al sector de las cajas de ahorros. Algo que buscaban desde hace mucho tiempo. Antes de que se hablase de la Gran Recesión.
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