Francisco Suárez Dávila / El Universal
La reforma de la seguridad social es uno de los más complejos retos del mundo actual. Así lo demuestran las violentas manifestaciones en las calles de París por mínimas reducciones en la edad de retiro. Igualmente las movilizaciones sociales en Grecia, España, Portugal e Inglaterra para defender privilegios adquiridos. En Estados Unidos, Barack Obama fue tildado de socialista por reformar la salud.
La seguridad social y el Estado del bienestar son una de las grandes creaciones institucionales del siglo XX: las políticas para hacer frente a los riesgos de salud, vejez, invalidez, desempleo, a lo cual se agrega vivienda digna. Ahora se encuentran en crisis. El padecimiento común son prestaciones crecientes sin contar con los recursos necesarios. A ello se agregan nuevas circunstancias. Con la globalización, países con sólida protección social pierden competitividad ante países con sueldos bajos, que no la otorgan; los cambios demográficos significan envejecimiento y mayor esperanza de vida; los Estados tienen serios problemas fiscales.
Este marco negativo incide sobre México donde, de manera visionaria, se habían creado el siglo pasado, instituciones de este Estado de bienestar: el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero, todas se fueron deformando. Abusos públicos y privados. En el IMSS las reservas se asignaron a la red hospitalaria, luego a parques deportivos y, finalmente, a prestaciones insostenibles. Las Afores se comen con sus leoninas comisiones el ahorro de los pensionados y la aportación social del gobierno. Para enfrentar los problemas se han realizado diversas reformas que sólo son paliativos: la gran reforma del IMSS de 1994, que crea el sistema de las cuentas individuales de pensiones; el ISSSTE sigue un camino parecido que permite la portabilidad de las mismas. El principio es respetar los derechos de los pensionados y trabajadores actuales y establecer otro sistema para los nuevos.
Pero el IMSS está esencialmente quebrado, un sindicato de 300 mil trabajadores se despachó con la cuchara grande con edades de retiro ridículamente cortas y prestaciones exorbitantes, comiéndose las reservas y el gasto corriente para atender los servicios médicos de 13 millones de afiliados. La seguridad social refleja los problemas de la economía mexicana, una economía y un trabajo formal para la mitad de la población, el resto de los trabajadores en la informalidad y la ilegalidad. Cobertura de protección social sólo para la mitad de las familias. Para resolver el problema se han creado parches como el Seguro Popular y otros mecanismos que ya absorben más recursos que los sistemas formales. La informalidad se subsidia y la formalidad, en que cotizan pocos, paga un impuesto de 30% al salario.
Una reforma de fondo e integral a la seguridad social merece una elevada prioridad en la agenda nacional. Se han planteado propuestas interesantes por Ibarra y el Grupo UNAM, Santiago Levy y el gobernador Peña. Se necesita cambiar radicalmente el enfoque. Pasar de un sistema vinculado con el trabajo asalariado, a otro que reconoce derechos sociales exigibles a toda la población, en su carácter de ciudadanos presentes o futuros. Avanzar gradualmente a una cobertura de salud y pensiones universal. Integrar el Seguro Popular al IMSS, al igual que consolidar decenas de programas clientelares y asistenciales dispersos. Esto aportaría considerables recursos al sistema formal.
Se requiere crear un seguro de desempleo de creciente cobertura, acotado en población objetivo y duración, y vinculado con la capacitación. Esto facilita la flexibilidad laboral y nos da un estabilizador automático en periodos de recesión del que ahora carecemos.
Todo debe ser sostenible. Esta reforma social es indisoluble de una reforma fiscal a la que da poderoso sustento social. Una nueva orientación es financiarla más con impuestos generales: un IVA parejo de 17%, con una canasta básica exenta; un ISR-IETU para las empresas del orden del 23%, eliminando las cuotas de seguridad social. Probablemente un sistema híbrido, reduciéndolas, pero resulta difícil eliminar cotizaciones sociales, cuando en la Unión Europea son una de las principales fuentes de ingresos públicos.
Este tema debe debatirse en términos amplios. Definirse con claridad los objetivos de la reforma, la cobertura universal paulatina, la calidad en el suministro de los servicios, cómo se va a financiar; luego, establecer un plan de ruta para irla instrumentando paulatinamente. Una reforma de gran envergadura no puede hacerse de golpe.
México requiere “asegurar un sistema de seguridad social”, adaptado a las nuevas circunstancias, con prestaciones financiables que contribuya a la igualad de todos, no solamente de un grupo de privilegiados.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
La reforma de la seguridad social es uno de los más complejos retos del mundo actual. Así lo demuestran las violentas manifestaciones en las calles de París por mínimas reducciones en la edad de retiro. Igualmente las movilizaciones sociales en Grecia, España, Portugal e Inglaterra para defender privilegios adquiridos. En Estados Unidos, Barack Obama fue tildado de socialista por reformar la salud.
La seguridad social y el Estado del bienestar son una de las grandes creaciones institucionales del siglo XX: las políticas para hacer frente a los riesgos de salud, vejez, invalidez, desempleo, a lo cual se agrega vivienda digna. Ahora se encuentran en crisis. El padecimiento común son prestaciones crecientes sin contar con los recursos necesarios. A ello se agregan nuevas circunstancias. Con la globalización, países con sólida protección social pierden competitividad ante países con sueldos bajos, que no la otorgan; los cambios demográficos significan envejecimiento y mayor esperanza de vida; los Estados tienen serios problemas fiscales.
Este marco negativo incide sobre México donde, de manera visionaria, se habían creado el siglo pasado, instituciones de este Estado de bienestar: el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero, todas se fueron deformando. Abusos públicos y privados. En el IMSS las reservas se asignaron a la red hospitalaria, luego a parques deportivos y, finalmente, a prestaciones insostenibles. Las Afores se comen con sus leoninas comisiones el ahorro de los pensionados y la aportación social del gobierno. Para enfrentar los problemas se han realizado diversas reformas que sólo son paliativos: la gran reforma del IMSS de 1994, que crea el sistema de las cuentas individuales de pensiones; el ISSSTE sigue un camino parecido que permite la portabilidad de las mismas. El principio es respetar los derechos de los pensionados y trabajadores actuales y establecer otro sistema para los nuevos.
Pero el IMSS está esencialmente quebrado, un sindicato de 300 mil trabajadores se despachó con la cuchara grande con edades de retiro ridículamente cortas y prestaciones exorbitantes, comiéndose las reservas y el gasto corriente para atender los servicios médicos de 13 millones de afiliados. La seguridad social refleja los problemas de la economía mexicana, una economía y un trabajo formal para la mitad de la población, el resto de los trabajadores en la informalidad y la ilegalidad. Cobertura de protección social sólo para la mitad de las familias. Para resolver el problema se han creado parches como el Seguro Popular y otros mecanismos que ya absorben más recursos que los sistemas formales. La informalidad se subsidia y la formalidad, en que cotizan pocos, paga un impuesto de 30% al salario.
Una reforma de fondo e integral a la seguridad social merece una elevada prioridad en la agenda nacional. Se han planteado propuestas interesantes por Ibarra y el Grupo UNAM, Santiago Levy y el gobernador Peña. Se necesita cambiar radicalmente el enfoque. Pasar de un sistema vinculado con el trabajo asalariado, a otro que reconoce derechos sociales exigibles a toda la población, en su carácter de ciudadanos presentes o futuros. Avanzar gradualmente a una cobertura de salud y pensiones universal. Integrar el Seguro Popular al IMSS, al igual que consolidar decenas de programas clientelares y asistenciales dispersos. Esto aportaría considerables recursos al sistema formal.
Se requiere crear un seguro de desempleo de creciente cobertura, acotado en población objetivo y duración, y vinculado con la capacitación. Esto facilita la flexibilidad laboral y nos da un estabilizador automático en periodos de recesión del que ahora carecemos.
Todo debe ser sostenible. Esta reforma social es indisoluble de una reforma fiscal a la que da poderoso sustento social. Una nueva orientación es financiarla más con impuestos generales: un IVA parejo de 17%, con una canasta básica exenta; un ISR-IETU para las empresas del orden del 23%, eliminando las cuotas de seguridad social. Probablemente un sistema híbrido, reduciéndolas, pero resulta difícil eliminar cotizaciones sociales, cuando en la Unión Europea son una de las principales fuentes de ingresos públicos.
Este tema debe debatirse en términos amplios. Definirse con claridad los objetivos de la reforma, la cobertura universal paulatina, la calidad en el suministro de los servicios, cómo se va a financiar; luego, establecer un plan de ruta para irla instrumentando paulatinamente. Una reforma de gran envergadura no puede hacerse de golpe.
México requiere “asegurar un sistema de seguridad social”, adaptado a las nuevas circunstancias, con prestaciones financiables que contribuya a la igualad de todos, no solamente de un grupo de privilegiados.
Catedrático de la Universidad Iberoamericana
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