Alberto Aziz Nassif / El Universal
Hasta hace muy poco tiempo, el desempeño de los jueces se mantenía en la más completa secrecía. En los últimos años, cada expediente conflictivo que sale a la luz pública apunta hacia a alguna sentencia polémica. Hoy en día, la impartición, acceso y administración de la justicia y, de forma central, la figura de los que juzgan han pasado a las primeras planas de los diarios. En el contexto actual del país, donde el asesinato y la muerte se han incrementado de forma exponencial en este sexenio, la falta de justicia, que es la otra cara de la impunidad dominante, es uno de los principales reclamos ciudadanos en México.
Ahora, los jueces empiezan a tener cara y nombre, y sus decisiones, de acuerdo con la tendencia de los juicios orales, serán cada día más públicas. Los jueces serán sometidos al juicio de la sociedad. Un caso muy polémico es el de los tres jueces de Chihuahua (Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib) que juzgaron en 2008 el asesinato de la jovencita Rubí Frayre Escobedo —como otro expediente más de los feminicidios— y dejaron en libertad al supuesto culpable del asesinato, Sergio Barraza. Este caso motivó que la madre de Rubí, Marisela Escobedo, emprendiera un movimiento para reclamar justicia, lo cual la llevó a ser asesinada el 16 de diciembre pasado frente a las puestas del palacio de gobierno de la capital del estado de Chihuahua. A partir de este asesinato, la suerte de estos tres jueces se ha condenado en los medios, en la clase política y, por supuesto, entre una parte importante de la ciudadanía.
El caso de los tres jueces está inscrito en el contexto del cambio en el modelo de justicia penal, que pasó de ser inquisitoria a ser acusatoria. Esta reforma de 2006 prometía una transformación del acceso y la impartición de justicia, con la que Chihuahua se ubicaría a la vanguardia en estos temas. Pero los planes no salieron bien; muy pronto, la violencia criminal empezó a azotar al estado fronterizo, y un conjunto de deficiencias y críticas con el nuevo modelo propiciaron un clima de sospecha sobre la reforma. No se trata de establecer una relación de causa-efecto entre juicios orales y el incremento de la violencia y la impunidad, porque es necesario distinguir entre las nuevas reglas y sus problemas de aplicación, y entre el desempeño de los jueces y sus errores. La reforma penal presenta una serie de problemas, huecos y deficiencias en su aplicación. Por ejemplo, en un estudio realizado por Luis Antonio Corral Sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia penal en el estado de Chihuahua (2009), se establece que la presunción de inocencia eliminó la cárcel preventiva a cambio de la promesa del reo de acudir al tribunal, y resulta que la gran mayoría, un 80%, no regresó, según este trabajo. Sobre la legalidad de la prueba, que afecta de forma directa el caso de Rubí, se volvió tan garantista para el inculpado que dio lugar a lo que estos tres jueces no hicieron, es decir, tomar en cuenta una serie de pruebas, declaraciones, indicios, que apuntaban de forma directa y rotunda hacia la culpabilidad de Barraza, y que los tres jueces simplemente ignoraron por un rigorismo excesivo.
Así, este caso y otros muchos que se han presentado dejan muy mal parada a la reforma porque contradice todas las bondades que prometía: la criminalidad se ha incrementado de forma exponencial, la impunidad en Chihuahua está en niveles del 98.5%, ya que de los 41 mil delitos denunciados en 2008 sólo 658 personas llegaron a la cárcel, un 1.5% (Diario de Juárez, citado en estudio de Corral). De esta forma, casos como el de Rubí y Marisela generan un terrible descontento y destruyen una muy disminuida confianza en las instituciones de justicia. El caso de estos tres jueces ha detonado una crisis que sólo las mismas instituciones de justicia pueden resolver. La grave situación de inseguridad, asesinatos e incremento de delitos por el crimen organizado ubica en el centro de la agenda pública del país el acceso, la procuración y administración de justicia.
México está muy lejos de tener jueces que cambien el podrido mundo de la impunidad. Jueces que en otros países se han arriesgado y han cambiado la cara de la justicia, como el caso de Garzón en España, que sacó el expediente de los crímenes del franquismo, o el caso de Antonio di Pietro en Italia, que llevó a cabo el operativo de “manos limpias” contra la corrupción política. Aquí tenemos rigorismo, a veces ineptitud o complicidad. Sin duda, el papel de los que juzgan es una pieza fundamental del desprestigiado aparato de justicia y seguirá siendo parte del debate público…
Investigador del CIESAS
Hasta hace muy poco tiempo, el desempeño de los jueces se mantenía en la más completa secrecía. En los últimos años, cada expediente conflictivo que sale a la luz pública apunta hacia a alguna sentencia polémica. Hoy en día, la impartición, acceso y administración de la justicia y, de forma central, la figura de los que juzgan han pasado a las primeras planas de los diarios. En el contexto actual del país, donde el asesinato y la muerte se han incrementado de forma exponencial en este sexenio, la falta de justicia, que es la otra cara de la impunidad dominante, es uno de los principales reclamos ciudadanos en México.
Ahora, los jueces empiezan a tener cara y nombre, y sus decisiones, de acuerdo con la tendencia de los juicios orales, serán cada día más públicas. Los jueces serán sometidos al juicio de la sociedad. Un caso muy polémico es el de los tres jueces de Chihuahua (Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib) que juzgaron en 2008 el asesinato de la jovencita Rubí Frayre Escobedo —como otro expediente más de los feminicidios— y dejaron en libertad al supuesto culpable del asesinato, Sergio Barraza. Este caso motivó que la madre de Rubí, Marisela Escobedo, emprendiera un movimiento para reclamar justicia, lo cual la llevó a ser asesinada el 16 de diciembre pasado frente a las puestas del palacio de gobierno de la capital del estado de Chihuahua. A partir de este asesinato, la suerte de estos tres jueces se ha condenado en los medios, en la clase política y, por supuesto, entre una parte importante de la ciudadanía.
El caso de los tres jueces está inscrito en el contexto del cambio en el modelo de justicia penal, que pasó de ser inquisitoria a ser acusatoria. Esta reforma de 2006 prometía una transformación del acceso y la impartición de justicia, con la que Chihuahua se ubicaría a la vanguardia en estos temas. Pero los planes no salieron bien; muy pronto, la violencia criminal empezó a azotar al estado fronterizo, y un conjunto de deficiencias y críticas con el nuevo modelo propiciaron un clima de sospecha sobre la reforma. No se trata de establecer una relación de causa-efecto entre juicios orales y el incremento de la violencia y la impunidad, porque es necesario distinguir entre las nuevas reglas y sus problemas de aplicación, y entre el desempeño de los jueces y sus errores. La reforma penal presenta una serie de problemas, huecos y deficiencias en su aplicación. Por ejemplo, en un estudio realizado por Luis Antonio Corral Sobre la aplicación del nuevo modelo de justicia penal en el estado de Chihuahua (2009), se establece que la presunción de inocencia eliminó la cárcel preventiva a cambio de la promesa del reo de acudir al tribunal, y resulta que la gran mayoría, un 80%, no regresó, según este trabajo. Sobre la legalidad de la prueba, que afecta de forma directa el caso de Rubí, se volvió tan garantista para el inculpado que dio lugar a lo que estos tres jueces no hicieron, es decir, tomar en cuenta una serie de pruebas, declaraciones, indicios, que apuntaban de forma directa y rotunda hacia la culpabilidad de Barraza, y que los tres jueces simplemente ignoraron por un rigorismo excesivo.
Así, este caso y otros muchos que se han presentado dejan muy mal parada a la reforma porque contradice todas las bondades que prometía: la criminalidad se ha incrementado de forma exponencial, la impunidad en Chihuahua está en niveles del 98.5%, ya que de los 41 mil delitos denunciados en 2008 sólo 658 personas llegaron a la cárcel, un 1.5% (Diario de Juárez, citado en estudio de Corral). De esta forma, casos como el de Rubí y Marisela generan un terrible descontento y destruyen una muy disminuida confianza en las instituciones de justicia. El caso de estos tres jueces ha detonado una crisis que sólo las mismas instituciones de justicia pueden resolver. La grave situación de inseguridad, asesinatos e incremento de delitos por el crimen organizado ubica en el centro de la agenda pública del país el acceso, la procuración y administración de justicia.
México está muy lejos de tener jueces que cambien el podrido mundo de la impunidad. Jueces que en otros países se han arriesgado y han cambiado la cara de la justicia, como el caso de Garzón en España, que sacó el expediente de los crímenes del franquismo, o el caso de Antonio di Pietro en Italia, que llevó a cabo el operativo de “manos limpias” contra la corrupción política. Aquí tenemos rigorismo, a veces ineptitud o complicidad. Sin duda, el papel de los que juzgan es una pieza fundamental del desprestigiado aparato de justicia y seguirá siendo parte del debate público…
Investigador del CIESAS
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