Jesusa Cervantes / Proceso
Analistas consultados por Proceso aseguran que la economía nacional está llena de recursos provenientes de actividades ilícitas y los sistemas financieros parecen diseñados especialmente para blanquear capitales. Por ello ven con desconfianza el programa federal cetes-directo, sobre todo porque, arguyen, permite a cualquier ciudadano comprar bonos gubernamentales a muy bajo precio para robustecer el gasto público.
Edgardo Buscaglia, experto en asuntos de narcotráfico, considera que el programa anunciado por el presidente Felipe Calderón equivale a levantar un monumento al lavado de “dinero criminal”.
La creación del programa federal cetes-directo –que permite la compra de bonos gubernamentales desde 100 pesos– prendió los focos rojos entre analistas que lo ven como una “ventana” para el lavado de dinero, pues el nuevo instrumento de deuda autorizado por Felipe Calderón no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita.
Al darlo a conocer el pasado 26 de noviembre, Calderón expuso que el programa “nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas (pues) a través de una página de Internet cualquier mexicana, cualquier mexicano, puede ahorrar, puede invertir cantidades que eran impensables, desde 100 pesos y de manera fácil y confiable”.
De acuerdo con el nuevo esquema, los interesados en comprar Certificados de Tesorería (Cetes) por Internet sólo deben presentar su Registro Federal de Causantes, así como su Clave Única de Registro de Población y la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales ni tampoco al uso discrecional de los recursos obtenidos por la venta de los bonos, con los que se pretende financiar “la estructura de gasto público”.
Esta forma de allegarse dinero —que funciona en países como Estados Unidos e Italia— llama la atención del investigador y analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, quien afirma: “La economía mexicana está inundada de dinero criminal”; el país, dice, tiene “un sistema diseñado para que se lave capital”.
Entrevistado por Proceso, el especialista comenta que el objetivo de la delincuencia organizada es legalizar su dinero, asegurarse de que las divisas que obtienen en sus negocios se “oficialicen”.
–¿El programa cetes-directo puede prestarse al lavado?
–¡Claro que sí Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están.
El SAT, ausente
Desde Afganistán, donde realiza una encomienda para la ONU para impedir la penetración del crimen organizado en el país asiático, Buscaglia advierte que en el caso de México el SAT, encargado de fiscalizar los movimientos financieros, “brilla por su ausencia”; lo mismo sucede con los fiscales electorales, a quienes corresponde impedir que las precampañas y campañas sean financiadas con dinero sucio. “En México –dice– no hay una política orquestada o dirigida a frenar estos dineros”.
Un ejemplo de lo ineficaz que es el SAT es el de la verificación de empresas constituidas ex profeso para lavar dinero o que fueron fundadas con recursos ilegales. Es el caso de al menos seis firmas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio cuenta de ello en un reporte fechado el 17 de mayo de 2007.
De acuerdo con Buscaglia, la delincuencia organizada “celebra cuando paga impuestos. ¡Y qué mejor manera de hacerlo y limpiar su dinero que en programas del gobierno federal”.
El “dinero criminal”, como lo llama, no sólo es el que proviene de la venta de drogas, sino que incluye otros 22 delitos de los que se obtienen divisas que luego se invierten en la construcción de caminos o en la creación de zonas turísticas, de juegos o en el sector inmobiliario, entre otros.
“Para evitar esto –detalla– se requiere que México someta a las empresas a auditorías tributarias cuando se trata de compañías de alto riesgo, como las de los sectores que mencioné”.
Esos son los candados que imponen otros países para asegurarse de que “los dineros que hay en los bancos no provienen de fuentes sucias”. Y menciona que los primeros países que pusieron estos diques fueron Alemania e Italia, que cuentan con cuerpos policiacos especializados, lo que no hay en México.
“Cuando tienes abierto esto, cuando no tienes un proceso de contención donde recurres a las auditorias tributarias –que son frecuentes en los sectores de alto riesgo– y realizas rastreos patrimoniales preventivos acompañados de la policía especializada; cuando tienes abierto todo este sistema, como ocurre en México, la compra de bonos es el monumento a la oficialización de los dineros sucios”, expone.
El proceso de contención para que el “dinero criminal” no se mezcle con el lícito no se ha aplicado en México.
Expone: “El sistema está diseñado para lavar dinero y el presidente Calderón lo sabe muy bien. Yo lo desafió a hacerlo, a implementar este proceso de contención y le llevamos a un equipo de la guardia italiana para que realice las auditorías tributarias. (Si lo hacemos de esa manera) vamos a llegar hasta las campañas electorales, a conglomerados de medios de difusión, a empresas de construcción, inmobiliarias o farmacéuticas. Es ahí donde hay que hacer el trabajo y a partir de estas auditorías tributarias, a través de estos rastreos patrimoniales preventivos, se evitará que se lave una enorme cantidad de dinero”.
La inquietud de los banqueros
Edgardo Buscaglia regresa a su tesis de que la economía mexicana “está inundada de dinero criminal” que no sólo financia campañas políticas, sino que participa en contrataciones públicas o, a través de empresas, compra bonos”.
Pero la participación de esas divisas en la economía mexicana no para ahí, sostiene, y suma los fideicomisos de los que, dice, “son una pachanga patrimonial para los grupos criminales… Y ahí entran también lo bonos”.
Con esto el también asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU trata de explicar que lo que ocurre con la economía en México es mucho más que la filtración del dinero del narcotráfico y que cuando habla de “dinero criminal” se refiere al producto de los otros delitos tipificados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.
Y los menciona: tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de inmigrantes, explotación sexual, incluida la de menores, tráfico ilegal de armas, tráfico de mercancías robadas y otros bienes, así como corrupción y soborno, fraude, falsificación de dinero, piratería, homicidios, lesiones corporales graves, secuestro, extorsión, falsificación y uso indebido de información confidencial o privilegiada, manipulación del mercado y, por supuesto, tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
“La gente no tiene conciencia de cuán criminalizada está la economía formal mexicana. Todos estos delitos están financiando actividades de inversión importantes en sectores muy específicos; el narcotráfico es el menor de los problemas. Lo que pasa es que se quiere caricaturizar al narco cuando los empresarios corruptos, los políticos, los oligopolios –que no son empresarios como los europeos, sino mafiosos– hablan de libre mercado; nada de eso es cierto. Su libre mercado no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto es dinero criminal”, sostiene Buscaglia.
Y reta a Calderón: si de verdad quiere atacar el lavado de dinero, arguye, “que aplique las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de activos. Ahí te vas a dar cuenta de que los canales se van a bloquear, porque mientras por un lado el gobierno habla de atacar el lavado, por otro abre canales adicionales para facilitar el financiamiento del gasto público a través del dinero criminal”.
“México es un sistema diseñado para que se lave dinero… y luego se dedican a dar discursos todo el día para distraer a la población y la comunidad internacional; pero ésta se encuentra muy al tanto de lo que sucede”.
En la presentación del programa cetes-directo estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), Ignacio Deschamps. Buscaglia sostiene que en dicha agrupación están “inquietos” por el tema del lavado de capitales ya que “lo que les preocupa es que sus capitales estén mezclados con dinero criminal mediante operaciones bancarias. Están conscientes de esta situación por lo que están entrenando a su personal; incluso sus casas matrices han solicitado la asesoría de personal internacional y de la OCDE. Tienen claro que deben invertir dinero en este proceso. Hace 10 años se quejaban de tener que destinar capital para prevenir el lavado de dinero, pero ya han dejado de protestar. Ahora, si se ven involucrados, tienen fuertes sanciones civiles y penales y grandes multas”.
Buscaglia, quien recientemente asesoró a la AMB, que agrupa a los grandes bancos internacionales con presencia en el país, como Santander, Bancomer o Banamex, aclara que los grandes bancos están regulados y tratan de aplicar siempre las 49 recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero en sus sucursales, lo cual no sucede con las figuras del llamado sistema semibancario, que también opera en México y que es donde están las agrupaciones financieras dedicadas a apoyar el otorgamiento de créditos: las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles).
Ambas figuras, comenta, son “peligrosas en la medida en que no están sometidas a las 49 reglas del GAFI, no están sometidas a las auditorías”.
En México hay al menos 73 sofoles que se abrieron entre 1994 y 2006; de 2006 a 2009 se crearon mil 81 sofomes. De éstas, 100 son brazos de grandes compañías, 100 provienen del sector regulado y 881 son independientes.
El 1 de diciembre, el ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, alertó sobre el peligro que corren sofoles y sofomes de ser utilizadas por el crimen organizado para el blanqueo de capital por la escasa regulación que tienen. La supervisión hacia estas figuras financieras, a diferencia de la de los grandes bancos internacionales, es laxa por considerarse que son entidades de crédito que no captan dinero del público y por lo tanto no ponen en riesgo a los ahorradores.
Sobre el tema, Adalberto Palma, presidente de la Unión de Instituciones Financiera Mexicanas (Unifim) admite que a sus agremiados les preocupa que sus instituciones sean utilizadas para el blanqueo de capitales.
A la unión pertenecen agrupaciones como Banco Azteca, Femsa o Coppel, que además de operar como pequeños bancos se dedican a la transferencia de dólares de Estados Unidos; incluso tienen entre sus agremiados a varias sofoles y sofomes.
De acuerdo con la Unifim, todos sus agremiados cuentan con regulación. La preocupación porque el blanqueo de capitales se infiltre en la organización es tal, que el pasado 26 de noviembre tuvieron un seminario de “prevención de lavado de dinero”.
Palma sostiene que el blanqueo “es un problema de ética y de procedimiento. Sin duda una institución grande tiene mayores posibilidades de controlar los problemas que se le puedan presentar, pero eso no los excluye”. También comenta, en defensa de sus agremiados, que “nadie está exento de la amenaza del lavado; las grandes instituciones tienen un sistema de control que puede disminuir el problema”.
Palma advierte que en el caso de las pequeñas instituciones –como las de la Unifim– “el hecho de que no tengan reglas de control las hace más vulnerables en términos de no entender los procedimientos del lavado de dinero.
Sistema semibancario
El 3 de junio de 2010 el informe Estados Unidos-México. Estudio binacional de bienes ilícitos estableció que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavados por los cárteles de la droga en México y que la mitad pasa por el sistema financiero del país.
Al respecto, Ignacio Deschamps reconoció los datos del informe pero aclaró que cuando ese capital llega al sistema bancario ya es “lícito”. Señala: “Lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas lo pueden depositar legalmente en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.
Para algunos diputados federales, el sistema semibancario (donde están sofoles y sofomes) ya forma parte de la intrincada red del lavado de dinero y ahora hay que sumar posiblemente el programa cetes-directo.
Entre quienes sostienen lo anterior está el diputado petista Mario di Costanzo, quien trabajó en la Secretaría de Hacienda de 1984 a 1996 y es autor del libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México. En entrevista con Proceso, el legislador afirma que en el país se vive una “narcoeconomía” y “por las venas del sistema financiero circula dinero del narcotráfico”.
“Con este programa, por la falta de reglas que eviten la compra de estos bonos gubernamentales por parte de gente ligada al narco, parece que el gobierno se quiere beneficiar de esa economía y subsidiarse abriendo sus arcas al lavado”, afirma Di Costanzo.
Considera que el sistema llamado “de pitufeo” (que consiste en fraccionar las transferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas, cuyos titulares giran cheques hacia una cuenta concentradora) lo puede aplicar el crimen organizado en el programa cetes-directo.
“Sería una operación hormiga que podría aplicarse en este programa utilizando, por ejemplo, a un ama de casa, pues no hay regla que lo impida ni sistema que pueda detectarlo. Al no haber reglas, considero que lo que pretende el gobierno con esto es apropiarse de una parte, de un cachito de lo que se está lavando en el país”.
Edgardo Buscaglia, experto en asuntos de narcotráfico, considera que el programa anunciado por el presidente Felipe Calderón equivale a levantar un monumento al lavado de “dinero criminal”.
La creación del programa federal cetes-directo –que permite la compra de bonos gubernamentales desde 100 pesos– prendió los focos rojos entre analistas que lo ven como una “ventana” para el lavado de dinero, pues el nuevo instrumento de deuda autorizado por Felipe Calderón no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita.
Al darlo a conocer el pasado 26 de noviembre, Calderón expuso que el programa “nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas (pues) a través de una página de Internet cualquier mexicana, cualquier mexicano, puede ahorrar, puede invertir cantidades que eran impensables, desde 100 pesos y de manera fácil y confiable”.
De acuerdo con el nuevo esquema, los interesados en comprar Certificados de Tesorería (Cetes) por Internet sólo deben presentar su Registro Federal de Causantes, así como su Clave Única de Registro de Población y la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales ni tampoco al uso discrecional de los recursos obtenidos por la venta de los bonos, con los que se pretende financiar “la estructura de gasto público”.
Esta forma de allegarse dinero —que funciona en países como Estados Unidos e Italia— llama la atención del investigador y analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, quien afirma: “La economía mexicana está inundada de dinero criminal”; el país, dice, tiene “un sistema diseñado para que se lave capital”.
Entrevistado por Proceso, el especialista comenta que el objetivo de la delincuencia organizada es legalizar su dinero, asegurarse de que las divisas que obtienen en sus negocios se “oficialicen”.
–¿El programa cetes-directo puede prestarse al lavado?
–¡Claro que sí Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están.
El SAT, ausente
Desde Afganistán, donde realiza una encomienda para la ONU para impedir la penetración del crimen organizado en el país asiático, Buscaglia advierte que en el caso de México el SAT, encargado de fiscalizar los movimientos financieros, “brilla por su ausencia”; lo mismo sucede con los fiscales electorales, a quienes corresponde impedir que las precampañas y campañas sean financiadas con dinero sucio. “En México –dice– no hay una política orquestada o dirigida a frenar estos dineros”.
Un ejemplo de lo ineficaz que es el SAT es el de la verificación de empresas constituidas ex profeso para lavar dinero o que fueron fundadas con recursos ilegales. Es el caso de al menos seis firmas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio cuenta de ello en un reporte fechado el 17 de mayo de 2007.
De acuerdo con Buscaglia, la delincuencia organizada “celebra cuando paga impuestos. ¡Y qué mejor manera de hacerlo y limpiar su dinero que en programas del gobierno federal”.
El “dinero criminal”, como lo llama, no sólo es el que proviene de la venta de drogas, sino que incluye otros 22 delitos de los que se obtienen divisas que luego se invierten en la construcción de caminos o en la creación de zonas turísticas, de juegos o en el sector inmobiliario, entre otros.
“Para evitar esto –detalla– se requiere que México someta a las empresas a auditorías tributarias cuando se trata de compañías de alto riesgo, como las de los sectores que mencioné”.
Esos son los candados que imponen otros países para asegurarse de que “los dineros que hay en los bancos no provienen de fuentes sucias”. Y menciona que los primeros países que pusieron estos diques fueron Alemania e Italia, que cuentan con cuerpos policiacos especializados, lo que no hay en México.
“Cuando tienes abierto esto, cuando no tienes un proceso de contención donde recurres a las auditorias tributarias –que son frecuentes en los sectores de alto riesgo– y realizas rastreos patrimoniales preventivos acompañados de la policía especializada; cuando tienes abierto todo este sistema, como ocurre en México, la compra de bonos es el monumento a la oficialización de los dineros sucios”, expone.
El proceso de contención para que el “dinero criminal” no se mezcle con el lícito no se ha aplicado en México.
Expone: “El sistema está diseñado para lavar dinero y el presidente Calderón lo sabe muy bien. Yo lo desafió a hacerlo, a implementar este proceso de contención y le llevamos a un equipo de la guardia italiana para que realice las auditorías tributarias. (Si lo hacemos de esa manera) vamos a llegar hasta las campañas electorales, a conglomerados de medios de difusión, a empresas de construcción, inmobiliarias o farmacéuticas. Es ahí donde hay que hacer el trabajo y a partir de estas auditorías tributarias, a través de estos rastreos patrimoniales preventivos, se evitará que se lave una enorme cantidad de dinero”.
La inquietud de los banqueros
Edgardo Buscaglia regresa a su tesis de que la economía mexicana “está inundada de dinero criminal” que no sólo financia campañas políticas, sino que participa en contrataciones públicas o, a través de empresas, compra bonos”.
Pero la participación de esas divisas en la economía mexicana no para ahí, sostiene, y suma los fideicomisos de los que, dice, “son una pachanga patrimonial para los grupos criminales… Y ahí entran también lo bonos”.
Con esto el también asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU trata de explicar que lo que ocurre con la economía en México es mucho más que la filtración del dinero del narcotráfico y que cuando habla de “dinero criminal” se refiere al producto de los otros delitos tipificados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.
Y los menciona: tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de inmigrantes, explotación sexual, incluida la de menores, tráfico ilegal de armas, tráfico de mercancías robadas y otros bienes, así como corrupción y soborno, fraude, falsificación de dinero, piratería, homicidios, lesiones corporales graves, secuestro, extorsión, falsificación y uso indebido de información confidencial o privilegiada, manipulación del mercado y, por supuesto, tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
“La gente no tiene conciencia de cuán criminalizada está la economía formal mexicana. Todos estos delitos están financiando actividades de inversión importantes en sectores muy específicos; el narcotráfico es el menor de los problemas. Lo que pasa es que se quiere caricaturizar al narco cuando los empresarios corruptos, los políticos, los oligopolios –que no son empresarios como los europeos, sino mafiosos– hablan de libre mercado; nada de eso es cierto. Su libre mercado no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto es dinero criminal”, sostiene Buscaglia.
Y reta a Calderón: si de verdad quiere atacar el lavado de dinero, arguye, “que aplique las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de activos. Ahí te vas a dar cuenta de que los canales se van a bloquear, porque mientras por un lado el gobierno habla de atacar el lavado, por otro abre canales adicionales para facilitar el financiamiento del gasto público a través del dinero criminal”.
“México es un sistema diseñado para que se lave dinero… y luego se dedican a dar discursos todo el día para distraer a la población y la comunidad internacional; pero ésta se encuentra muy al tanto de lo que sucede”.
En la presentación del programa cetes-directo estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), Ignacio Deschamps. Buscaglia sostiene que en dicha agrupación están “inquietos” por el tema del lavado de capitales ya que “lo que les preocupa es que sus capitales estén mezclados con dinero criminal mediante operaciones bancarias. Están conscientes de esta situación por lo que están entrenando a su personal; incluso sus casas matrices han solicitado la asesoría de personal internacional y de la OCDE. Tienen claro que deben invertir dinero en este proceso. Hace 10 años se quejaban de tener que destinar capital para prevenir el lavado de dinero, pero ya han dejado de protestar. Ahora, si se ven involucrados, tienen fuertes sanciones civiles y penales y grandes multas”.
Buscaglia, quien recientemente asesoró a la AMB, que agrupa a los grandes bancos internacionales con presencia en el país, como Santander, Bancomer o Banamex, aclara que los grandes bancos están regulados y tratan de aplicar siempre las 49 recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero en sus sucursales, lo cual no sucede con las figuras del llamado sistema semibancario, que también opera en México y que es donde están las agrupaciones financieras dedicadas a apoyar el otorgamiento de créditos: las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles).
Ambas figuras, comenta, son “peligrosas en la medida en que no están sometidas a las 49 reglas del GAFI, no están sometidas a las auditorías”.
En México hay al menos 73 sofoles que se abrieron entre 1994 y 2006; de 2006 a 2009 se crearon mil 81 sofomes. De éstas, 100 son brazos de grandes compañías, 100 provienen del sector regulado y 881 son independientes.
El 1 de diciembre, el ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, alertó sobre el peligro que corren sofoles y sofomes de ser utilizadas por el crimen organizado para el blanqueo de capital por la escasa regulación que tienen. La supervisión hacia estas figuras financieras, a diferencia de la de los grandes bancos internacionales, es laxa por considerarse que son entidades de crédito que no captan dinero del público y por lo tanto no ponen en riesgo a los ahorradores.
Sobre el tema, Adalberto Palma, presidente de la Unión de Instituciones Financiera Mexicanas (Unifim) admite que a sus agremiados les preocupa que sus instituciones sean utilizadas para el blanqueo de capitales.
A la unión pertenecen agrupaciones como Banco Azteca, Femsa o Coppel, que además de operar como pequeños bancos se dedican a la transferencia de dólares de Estados Unidos; incluso tienen entre sus agremiados a varias sofoles y sofomes.
De acuerdo con la Unifim, todos sus agremiados cuentan con regulación. La preocupación porque el blanqueo de capitales se infiltre en la organización es tal, que el pasado 26 de noviembre tuvieron un seminario de “prevención de lavado de dinero”.
Palma sostiene que el blanqueo “es un problema de ética y de procedimiento. Sin duda una institución grande tiene mayores posibilidades de controlar los problemas que se le puedan presentar, pero eso no los excluye”. También comenta, en defensa de sus agremiados, que “nadie está exento de la amenaza del lavado; las grandes instituciones tienen un sistema de control que puede disminuir el problema”.
Palma advierte que en el caso de las pequeñas instituciones –como las de la Unifim– “el hecho de que no tengan reglas de control las hace más vulnerables en términos de no entender los procedimientos del lavado de dinero.
Sistema semibancario
El 3 de junio de 2010 el informe Estados Unidos-México. Estudio binacional de bienes ilícitos estableció que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavados por los cárteles de la droga en México y que la mitad pasa por el sistema financiero del país.
Al respecto, Ignacio Deschamps reconoció los datos del informe pero aclaró que cuando ese capital llega al sistema bancario ya es “lícito”. Señala: “Lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares. Las empresas lo pueden depositar legalmente en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”.
Para algunos diputados federales, el sistema semibancario (donde están sofoles y sofomes) ya forma parte de la intrincada red del lavado de dinero y ahora hay que sumar posiblemente el programa cetes-directo.
Entre quienes sostienen lo anterior está el diputado petista Mario di Costanzo, quien trabajó en la Secretaría de Hacienda de 1984 a 1996 y es autor del libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México. En entrevista con Proceso, el legislador afirma que en el país se vive una “narcoeconomía” y “por las venas del sistema financiero circula dinero del narcotráfico”.
“Con este programa, por la falta de reglas que eviten la compra de estos bonos gubernamentales por parte de gente ligada al narco, parece que el gobierno se quiere beneficiar de esa economía y subsidiarse abriendo sus arcas al lavado”, afirma Di Costanzo.
Considera que el sistema llamado “de pitufeo” (que consiste en fraccionar las transferencias bancarias depositando poco dinero en muchas cuentas, cuyos titulares giran cheques hacia una cuenta concentradora) lo puede aplicar el crimen organizado en el programa cetes-directo.
“Sería una operación hormiga que podría aplicarse en este programa utilizando, por ejemplo, a un ama de casa, pues no hay regla que lo impida ni sistema que pueda detectarlo. Al no haber reglas, considero que lo que pretende el gobierno con esto es apropiarse de una parte, de un cachito de lo que se está lavando en el país”.
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